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CAPITULO 11

LOS CONDENADOS ASEGURADOS

Todos los condenados en el juicio de la construcción, excepto dos, Antonio Miguel Méndez Pozo y José María Peña -aunque éste con menos éxito-, se recluyeron en una vida caracterizada por el anonimato y la privacidad. Así, por ejemplo, José María Codón, el que fuera teniente de alcalde con amplios poderes en obras y urbanismo, vol­vió a dedicarse, con exclusividad, a su trabajo de abogado:

“Mi despacho profesional no se ha visto afectado por este proceso; incluso ahora tra­bajo mucho más que antes, me va estupendamente porque estoy ganando más dinero”.

La política ha quedado apartada en su vida. De momento no quiere saber nada de esa posibilidad. Incluso en 1.991 le hicieron una propuesta para acudir por el PP como candi­dato a las elecciones autonómicas. De haber aceptado, eljuicio de la construcción, que se inició pocos meses después de estos comicios, se hubiera visto afectado por tener que trasladar este proceso al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León: “Yo quería unos años sabáticos y, sobre todo, que no pareciera que quería trasladar el fuero”.

En la actualidad, José María Codón, el que fuera durante doce largos años uno de los grandes pesos pesados del Ayuntamiento., sigue manteniendo buenas relaciones per­sonales con José María Peña: “Yo le sigo apoyando. Le veo sólo. Está muy dolido con mucha gente”.

Este letrado, hijo de uno de los abogados con más influencia y prestigio de Burgos, continúa manteniendo unas excelentes relaciones con el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo. Se ha convertido, además, en la cabeza visible de los ex corporativos condenados que están en guerra judicial contra el Ayuntamiento, porque les exigen la devolución de los 17 millones de pesetas que, con fondos municipales -y, por consi­guiente, públicos- se pagaron por sus defensas en el juicio de la construcción: “Yo no pedí que me defendiera Luis Rodríguez Ramos. La defensa que hicieron fue mala. No se prepararon el caso. Se lo teníamos que explicar todo en Burgos. Nos tuvimos que defender nosotros mismos”. También se encarga de la querella que SI interpuso contra Nalda, el ex presidente de la Junta, por el asunto de la cooperativa Luis Labín

Experto en temas urbanísticos, es el defensor de los intereses del grupo Pryca para su instalación en Burgos -al fin y al cabo es el abogado en Burgos del Banco Urquijo, que pertenece, a su vez, a la Banca March que, al mismo tiempo, es accionista del hol­ding de grandes superficies-o Se trata de una operación con ‘una inversión de varios miles de millones de pesetas, con recalificaciones urbanísticas de 60.000 metros cua­drados, compra y venta de parcelas rústicas en el mismo día duplicando y triplicando su valor… y que puede dejar sustanciosos beneficios por esta mediación, que se inició cuando Peña todavía era alcalde. Esta operación urbanística servirá, probablemente, para justificar en esa zona del sur de la capital burgalesa la recalificación de varias hec­táreas de fincas de secano que son sólo rústicas y que servirán para que se muevan cien­tos de millones de pesetas en tomo a la construcción.

José María Codón, propietario de un Mercedes y de un Audi-quatro, dice vivir feliz. Tiene su casa en la zona más prestigiosa y cara de la ciudad, sigue conservando a la mayoría de sus viejos amigos, viaja habitualmente y no se planteó para nada la posibili­dad de pedir el indulto. Al fin y al cabo, la sentencia le condenó a inhabilitación y sus­pensión de cargo público, una pena que no le afecta en su actividad profesional… Ha sido el mejor parado de todos los condenados. Dejó de ser concejal en 1.991 y no quiso volver a presentarse en las elecciones.

EL PSOE NO ATACO A AZNAR

En la campaña electoral de 1.993, Felipe González se negó a utilizar las posibles debilidades de Aznar sobre el caso de la construcción. Los mal pensados aseguran que se trató de un pacto no escrito, de no agresión entre socialistas y populares. Así quedó plasmado, por lo menos, en el segundo debate “cara a cara” entre González y Aznar celebrado en Tele-5, donde no hubo ni la más mínima referencia a ningún caso de corrupción. Aznar debía saber que si hubiera atacado, González tenía la artillería prepa­rada con el caso de la construcción.

José María Aznar empezó la campaña electoral lanzando obuses contra los gober­nantes socialistas, utilizando como munición los abundantes casos de corrupción que han escandalizado a buena parte de España, de Europa, del mundo y, probablemente, de la estratosfera. Sin embargo, de forma inexplicable, o quizás al darse cuenta de que podía ser objeto de una adecuada respuesta, decidió recular y cambiar de estrategia.

Los hombres del PSOE justifican la falta de un ataque frontal en una decisión perso­nal de Felipe González que, como hombre de Estado, siempre se ha negado a manchar a la clase política con casos que no representan a la generalidad de los políticos de este país.

Lo cierto es que el senador burgalés Octavio Granado elaboró lo que se dio en lla­mar el informe Aznar, donde se hacía una detallada relación del pasado político del aspirante a ocupar el palacete de la Moncloa. Este informe, con el visto bueno de la eje­cutiva del Partido Socialista de Castilla y León, fue trasladado a Felipe González, quien, unilateralmente, decidió no utilizarlo.

Las grandes denuncias sobre las sombras del pasado de Aznar se realizaron sólo en un mitin celebrado en Burgos, y en el que estuvo Felipe González, traído por José Luis Corcuera, que era el candidato número uno al Congreso por Burgos, provincia de la que es natural, pero con la que tiene escasas referencias personales. En ese acto electoral ­dirigido a la hinchada socialista- celebrado el 26 de mayo de 1.993 en el poli deportivo municipal de El Plantío, el primero en intervenir fue Julián Simón de la Torre, secreta­rio provincial del PSOE:

“… al cual” -en referencia a Aznar- “ya veo que conocemos todos en la región, pero, sobre todo, le conocemos en esta provincia. Y le conocemos por sus asesores, todo ellos condenados. El no se atreve a venir aquí porque no tiene valor, porque tiene miedo de explicamos muchas cosas. Pero además, dicho candidato es mentiroso; el otro día afirmó que en Castilla y León se hacían comisiones de investigación”.

Juan José Laborda, presidente del Senado y presidente del partido en Burgos, deci­dió atacar todavía más fuerte al candidato de la derecha:

“Hay que dar la campanada el día 6 de junio y borrar para siempre esa sombra de ineptitud, de corrupción, de ultraderecha, que es el PP de Peña y de los amigos de Peña…, los constructores, los constructores y asesores urbanistas de Aznar. Hay que borrar esa sombra que han echado sobre Burgos y hay que borrarla porque es falsa. No podemos consentir que mafias económicas y la ultraderecha gobiernen en la sombra como gobiernan aquí”.

El ministro del interior y candidato por Burgos José Luis Corcuera, experto en míti­nes -sus tablas de sindicalista resultan evidentes- también entró al trapo:

“Este” -en referencia a Aznar,- “dijo, y con razón, que Felipe de Filesa se había enterado por la prensa. Pero si eso ha sido origen de crítica por parte del señor Aznar, qué quiere decir, ¿que él, del caso de la construcción no se enteró por la prensa? ¿Lo sabía antes…?

… El PP, digan lo que digan, es el pasado, el pasado, el pasado muy pasado. Algu­nos van a ir al infierno…; las cosas que nos dijeron cuando hicimos la ley que despena­lizaba el aborto… y hoy nos dicen que no la van a cambiar…

… Esta provincia ha sido gobernada históricamente por la derecha. Esa derecha que, entre otras cosas, en una sentencia, en los hechos probados, dice cosas de la siguiente naturaleza: ¿os podéis imaginar si un asesor del presidente del Gobierno estuviera con­denado a siete años de cárcel? ¿qué es lo que hubiera pasado en el país? Pues bien, en los hechos probados, a uno que en Burgos le han condenado a siete años de prisión ­ en referencia a Méndez Pozo- era asesor de Aznar. Eso no lo dirá Felipe porque es especialmente cuidadoso. Como no lo dice él, lo digo yo”.

y Corcuera acertó de lleno. Felipe González, encargado de cerrar el acto, en pleno éxtasis de los asistentes, no dijo ni media palabra de Aznar en la ciudad donde Aznar

estuvo implicado directamente en las relaciones políticas de los condenados del caso de la construcción. ¿Por qué no habló González?…

LA INDUSTRIA DEL INDULTO… ~

Antonio Miguel Méndez Pozo, después de la sentencia, siguió siendo una de las personas más poderosas e influyentes de Burgos. Sus abogados insistieron una Y otra vez en que se condenaba al empresario por una falsedad ideológica, sin perjuicios o daños a terceros. Su actividad profesional, en todos los ámbitos, se multiplicó desde la condena. Como si quisiera demostrar a sus enemigos que no conseguirían acabar con él por mucho que se lo propusieran. Era como un árbol que no se dejaba doblegar. Hom­bre emprendedor y muy hábil para convertir en oro todo lo que toca, -sobre todo cuando juega con el dinero propio- tiene en mente varios proyectos multimillonarios que llevará a cabo en los próximos años.

Sin embargo, evitar como fuera su ingreso en prisión se convirtió en su batalla más importante. El primer paso que dio para ello fue el de despedir a Stampa Braun, que, a pesar de su multirnillonaria factura, no hizo un trabajo satisfactorio para este constructor. Tras su marcha, contrató los servicios de uno de los despachos de moda de Madrid, que además defiende a los más ilustres socialistas caídos en desgracia o con apuros: Horacio Oliva.

Este nuevo fichaje fue mal visto por los socialistas de Burgos, hasta el punto de que el presidente del Senado, Juan José Laborda, planteó en la Confederal del PSOE la posibilidad de que desde la dirección de su partido se le diera un toque de atención al ilustre abogado: “porque con esa defensa se podía dar a entender que existía un pacto, ya que Oliva defendía generalmente a gente de izquierdas. Nos dijeron que se trataba de un asunto exclusivamente profesional y que el PSOE no le podía obligar a renunciar a ganar unos duros”.

Nada más conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, que prácticamente ratifica­ba la de la Audiencia Provincial de Burgos, Méndez Pozo y sus consejeros se pusieron a trabajar como locos con el propósito de conseguir evitar lo que sus enemigos siempre desearon: su ingreso en la cárcel.

La Audiencia Provincial de Burgos, de forma casi inmediata, decidió ejecutar la sentencia contra Méndez Pozo, lo que significaba su encarcelamiento. La maquinaria de Oliva se activó. El 2 de febrero presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Consti­tucional que al mismo tiempo trasladaron a los magistrados de Burgos para que suspen­dieran la ejecución de la sentencia hasta que el alto tribunal se pronunciara. El mismo día presentaron en el Ministerio de Justicia la solicitud de indulto “por la desproporción de la condena y porque los delitos por los que fue condenado hoy ya no son delito”

y lo consiguieron. Ese día los magistrados de la Audiencia Provincial acordaron dejar en suspenso la ejecución de la sentencia firme en lo relativo a la pena privativa de libertad impuesta a Méndez Pozo “para no causar un perjuicio que podría ser irreparable”.

El Ayuntamiento de Burgos, por medio de su alcalde, Valentín Niño, anunció dos días más tarde que también recurriría en amparo al Tribunal Constitucional por indefensión, al haberse anulado licencias de obra concedidas por la Corporación municipal, lo que podría provocar la exigencia de responsabilidades por parte de los particulares afectados.

Los abogados de” Méndez Pozo se sumaron también al recurso de amparo presenta­do por el Ayuntamiento e interpusieron un recurso de revisión ante el Tribunal Supre­mo. De forma inmediata -todo estaba preparado de antemano- se puso en funciona­miento toda una industria entrenada y engrasada para conseguir el indulto. El 2 de febrero comenzó una campaña, impulsada desde el periódico de su propiedad, Diario de Burgos, apoyada por muchos estamento s sociales y políticos e incluso por los traba­jadores de sus empresas, en la que pedían el indulto del empresario “teniendo en cuenta su intachable trayectoria personal y profesional”. El indulto fue solicitado exclusiva­mente para las penas de prisión. Se aceptaba sin rechistar la condena de inhabilitación por inducción a la prevaricación

La campaña se saldó con la recogida, por las calles de Burgos, Aranda, Miranda, Briviesca y Bilbao, de algo más de 17.000 firmas. Amigos, empleados fijos y a comi­sión, familiares y conocidos…, todos se lanzaron a la búsqueda y captura del firmante.

Se recorrieron comercios, medios de comunicación, domicilios, despachos profesiona­les, empresas… y las propias calles.

Estas firmas fueron añadidas a la petición de indulto solicitada, en este caso, por suspropios trabajadores y se presentó el 11 de marzo de 1.994. La basaron en la “despro­porción de las penas impuestas respecto de la gravedad de los hechos enjuiciados”. El abogado que asesoraba a los trabajadores de Inmobiliaria Río Vena, Juan Manuel Gar­cía Gallardo, puso en un brete a los políticos condenados: “Es más grave la conducta del político que, teniendo depositada la confianza del ciudadano, dicta a sabiendas una resolución injusta, que la de un particular”.

En la petición se reconocían los delitos, considerados probados en la sentencia, y se manifestaba expresamente el acatamiento a la resolución de los jueces. La petición de gracia para el constructor se argumentó en base a la desproporción entre las penas de prisión impuestas y la gravedad de los hechos enjuiciados. Fue acompaña además de un escrito de Méndez Pozo en el que expresaba su arrepentimiento por los delitos cometi­dos y por los que fue condenado: “Nunca ha estado en el ánimo de Antonio Miguel Méndez Pozo, al realizar los hechos que ha declarado probados la sentencia, que podría estar cometiendo delito. De haberlo sabido, nunca los hubiera realizado, de modo que, ya sabiéndolo, como lógica consecuencia de su respeto y acatamiento de la resolución judicial, está arrepentido de su realización”.

Esta desaforada carrera por el indulto tuvo como consecuencia directa un cruce de ataques, descalificaciones y reproches entre el gobernador civil, César Braña y el con­denado. La chispa saltó cuando Braña, siempre dispuesto para ir a la guerra sin que nadie se lo pidiera, desveló en rueda de prensa que le estaban llegando denuncias sobre coacciones en la obtención de firmas. También largó un aviso para navegantes: desde el Gobierno Civil de Burgos tenía que salir un informe sobre la oportunidad de conceder la petición de gracia solicitada por el reo…

Además de otros furibundos ataques de Méndez contra Braña y de Braña contra Méndez, los propios trabajadores de las inmobiliarias del constructor salieron en defen­sa de su jefe y en una nota de prensa le recordaron al gobernador socialista asuntos como el caso Roldán y pidieron que respetara la propia sentencia y la posibilidad de solicitar medidas de gracia como un derecho de todos los ciudadanos. Era la respuesta a un comentario de Ce* Braña en el que había comparado los casos Roldán y de la construcción. El gobernador también comparó la recogida de firmas en apoyo de Mén­dez Pozo con la movilización social que se produjo en Colombia tras la detención del narcotraficante Pablo Escobar. Según Braña, una parte de la población apoyó a Escobar

“porque les había regalado viviendas” y se preguntó: “¿qué valor tiene eso?”

Junto a las firmas se acompañaron varias decenas de cartas de asociaciones e insti­tuciones que confirmaban que el condenado les había ayudado y subvencionado, de forma incondicional, en numerosas campañas, todas ellas positivas para la ciudad.

Entre estas certificaciones de buena conducta y reconocimiento de méritos figuraban las del Cabildo Catedralicio, la Casa de Europa, la Asociación Amigos de la Universidad, la Sociedad Filarmónica de Burgos y las Abuelas de Gamonal.

La Cámara de Comercio, presidida por José María Yartu, el17 de febrero de 1.994, con motivo de la dimisión irrevocable de Méndez Pozo, expresó su reconocimiento al empresario “por su incansable trabajo al frente de la Comisión de Infraestructuras y Universidad-Empresa, sus ideas y dedicación a la corporación durante estos años”.

Ya en 1.992 hubo un preámbulo de admiración y solidaridad de la Cámara hacia Méndez. Entonces fue aprobada una moción, que presentó también José María Yartu, rechazando la dimisión presentada por el constructor -como consecuencia de la sen­tencia de la Audiencia Provincial-. Tras hacer referencia a las circunstancias políticas de esta denuncia, se dijo entonces que el empresario condenado era “un hombre valio­so, portador de ideas e iniciativas importantes y lleno de espíritu de servicio”.

Los pronunciamientos sobre la conveniencia del indulto se sucedieron. El más lla­mativo fue el del PP. Su joven y progresista presidente provincial, Juan Vicente Rerre­ra -cargo que pasó a ocupar tras el Congreso Provincial del PP del 21 de noviembre de 1993-, en un alarde de independencia política, aseguró que su partido no debía intervenir en el apoyo al indulto de Méndez Pozo. Incluso aconsejó a los dirigentes populares que se abstuvieran de cualquier intervención, por mínima que fuera. El alcal­de, días antes, había dicho públicamente que deseaba que indultasen al constructor por­que era su amigo e incluso llegó a firmar la petición de indulto, al igual que hicieron otros destacados dirigentes populares, como el secretario provincial del partido, José Luis Santamaría. La recomendación llegaba algo tarde, pero sirvió para que desde ese momento algunos hicieran como San Pedro: negaron una, dos y hasta tres veces.

En el Diario de Burgos aparecieron decenas de artículos y cartas al director en apoyo del condenado y de su indulto. Pedro García Romera, abogado y socio de Mén­dez y presidente del Consejo de Administración del periódico, firmó un artículo titula­do: “Todos contra Méndez: la hora de los cobardes”. Era un alegato trágico en defensa de su jefe y, sobre todo, dirigido contra Juan Vicente Herrera, por haber tenido la osa­día de mantenerse al margen de la petición del salvación y misericordia:

“Sólo faltaba el PP, y por boca de su recién nombrado presidente, Sr. Herrera Campo, se ha unido al coro de condenadores, a la jauría despedazante de un ser huma­no que está siendo tratado peor que el peor de los asesinos. Para sí quisiera un trato similar a los etarras”.

El vicecónsul de Italia, Gian Carlo Federighi, además de facilitar escritos con los que invitaba a los que acudían a su despacho a firmar la solicitud de indulto, publicó otro artículo rogando al gobernador que apoyara “el indulto de nuestro hermano y con­ciudadano para evitar algo tan irreparable, tremendo y desastroso como la cárcel”.

El director del Diario de Burgos, Vicente Ruiz de Mencía, también salió en defensa del constructor y, en su habitual página dominical, escribió el 6 de febrero: “… del empresario burgalés, que como editor de esta casa bien conocemos, se han dicho tal cantidad de falacias, que ya rayan la villanía y la felonía impropias de seres libres y psí­quicamente equilibrados”.

MALAS RELACIONES

Las relaciones entre el ex alcalde y el constructor se enfriaron tras la sentencia del Supremo. José María Peña y Méndez Pozo dejaron de llevarse bien. Sus relaciones per­sonales se fueron deteriorando, en parte porque los dos se culpaban mutuamente de los males que les aquejaban.

El desastre se produjo cuando una cadena radiofónica avanzó la sentencia del Supremo cometiendo el error de decir que a Méndez Pozo le habían absuelto. Cristina Peña, la hija desaforada, lenguaz y escasamente reflexiva del alcalde, llamó a la casa del constructor y, tras descargar una montaña de auténticas barbaridades difícilmente reproducibles, concluyó con que esa absolución era consecuencia de un pacto con los socialistas. Este incidente fue la gota que desbordó el vaso de agua y, al mismo tiempo, la causa por la que el Diario de Burgos silenció, desde ese momento, cualquier infor­mación sobre la campaña iniciada para solicitar el indulto de José María Peña.

Esta iniciativa se llevó en el más oscuro de los silencios, hasta el punto de que los allegados de Peña, impulsores de la campaña, tuvieron que pagar anuncios en el Diario de Burgos en los que explicaban los lugares donde situaban las mesas petitorias de fir­mas. A pesar de este boicot, unos 15.000 burgaleses apoyaron la petición de ayuda de su ex alcalde.

Este querer relegar al que fuera el alcalde más carismático de la historia de Burgos llegó a tal punto que el propio José María Peña, dolido por algunos ataques contra su persona en los que se le acusaba de corrupto, tuvo que pagarse anuncios en el Diario de Burgos para poder responder. Es lo que ocurrió el 24 de marzo de 1.994. En este anun­cio -a tres cuartos de página, en la sección de internacional y junto a una noticia titu­lada “Con golpes bajos se agota la campaña electoral italiana”- Peña recordó que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de la construcción señala textualmente que “no hubo dinero, promesas u otro tipo de remuneraciones”.

También escribió el ex alcalde: “Entre la documentación aportada durante todo el proceso hay un panfleto del comité ejecutivo del PSOE de Burgos que dice: ‘como a Peña no se le puede vencer en las urnas es preciso acudir a las denuncias judiciales’.

Señores socialistas, por fin han ganado a José María Peña. ¡Enhorabuena! Y enhorabue­na también, ahora que se critica tanto la lentitud de la justicia, al Tribunal Supremo por su extraordinaria diligencia para redactar la sentencia, que, constando de 297 páginas, se hizo en un solo día laborable”.

El que fuera alcalde de Burgos durante 13 años también se preguntaba cómo era posible que después de los seis años que duró el proceso “durante los cuales muchos medios de comunicación me han llamado corrupto, ladrón, estafador, al final mi conde­na sólo consiste en inhabilitarme para ser concejal y, por ello, alcalde. ¿Cómo se puede llegar a ser Capitán General y no poder ser sargento? ¿Cómo podría ser presidente del Gobierno y no concejal? ¿Cómo puede autorizarse para conducir el mayor de los camiones y no permitir para llevar un modesto 600?”

PEÑA y NIÑO

Las relaciones del ex alcalde con muchos de los que habían presumido de gozar de su amistad cuando era poderoso también sufrieron un importante deterioro en los últi­mos años. Además de la ruptura con Méndez Pozo, es de destacar su malísima relación con Valentín Niño, al que Peña puso como alcalde.

¿Por qué?: “Valentín Niño es un falso, ha traicionado completamente la política de Peña, ha traicionado al propio Peña, nos ha engañado a todos”. Esta es la explicación ofrecida por un íntimo colaborador del anterior alcalde.

Lo cierto es que, con Niño a la cabeza de la corporación municipal, el Ayuntamien­to inició una cierta persecución contra Peña y los ex corporativos condenados, exigién­doles la devolución del dinero que se pagó por su defensa en aquel largo proceso, algo más de 17 millones de pesetas.

Niño se presentó como candidato para ser concejal en su calidad de independiente, dentro del cupo que Peña impuso al PP. Niño se olvidó de su independencia, de la que alardeó públicamente durante meses, y, en 1994, se afilió al Partido Popular. Y, sobre todo Niño, Valentín de nombre, terminó -según testimonios de concejales de su pro­pio grupo- aliándose con Méndez Pozo, “que entra, sale, llama, va y viene por el des­pacho del alcalde cuando le da la gana, sin hora previa ni petición de citas”. Niño se convirtió en una especie de rehén del todopoderoso constructor. Méndez quiso que Niño siguiera siendo el alcalde de Burgos.

Pero el traidor no sólo fue Niño. Hubo otro: Miguel Vallecillo. Este concejal, que empezó en la política de la mano de Peña, apoyó a Valentín Niño, desmarcándose claramente de los pocos concejales que siguieron prestando fidelidad hasta la muerte a la persona del ex alcalde: Cristino Díez, Antonio José Pereda y Cándida Saiz.

Todos los meses, desde que Peña salió de la alcaldía, se celebraban reuniones entre los que formaron el núcleo del poder municipal absoluto cuando él gobernaba. A estas reuniones cada vez faltaba más gente. En una de ellas -a la que asistieron Cristino Díez, Fernando González de la Puente, Antonio José Pereda, Tomás Cortés Peña apodó a su antiguo colaborador como “el traidor Vallecillo”. También criticó muy duramente la política municipal que estaba llevando a cabo su sucesor -el traidor Niño-.

Lo cierto es que este concejal, Miguel Vallecillo, de escasa estatura y talante bona­chón -es una excelente persona-, en su deseo de entrar en el PP, presentó su solici­tud de afiliación. “Quiere seguir en política porque el dinero que saca le viene muy bien”, dicen sus detractores. Pero Vallecillo no las tiene todas consigo. En el PP no le tramitaron la ficha: “Hay que hacérselas pasar putas a los que al partido nos las hicieron pasar putas en su momento”, ha dicho un dirigente de los populares burgaleses. “Ade­más, si se admite, podría haber un desembarco de ex hombres de Peña”.

¿ Y Niño?: “Niño no tenía las manos manchadas de sangre. Además ha sido una operación más de marketing que otra cosa. Su ficha fue avalada por Juan José Lucas y José María Aznar porque así lo solicitó él expresamente. Fue una condición para su afi­liación. Estos avales nunca han sido una muestra de generosidad y reconocimiento hacia su persona. Lucas se encargó de convencer a Aznar para que se prestara a firmar”.

Vallecillo quiso reunirse con su su ex jefe para deshacer malos entendidos y reco­brar una vieja amistad. Pero Peña no olvidaba, estaba dolido y le castigó con el látigo de su más absoluta indiferencia.

Y DEL INDULTO, ¿QUE?…

La petición de indulto tramitada por Méndez Pozo y sus trabajadores tuvo que pasar por el filtro de los informes previos del Gobierno Civil de Burgos, Fiscalía y Tribunal que le juzgó. A Méndez Pozo no le pudo ir peor:

En el informe del Gobierno Civil se recogía la existencia de una trama organizada al servicio de los intereses de Méndez Pozo. Su actitud pública estaba encaminada a obtener el indulto. En dicho informe se indicaba que la recogida de firmas por sus tra­bajadores fue un movimiento organizado y que, además, se había tenido conocimiento de presiones para obtenerlas:

“Parece existir una trama organizada al servicio de los intereses de Antonio Miguel Méndez Pozo, en la que participan numerosas personas, algunas de ellas afectadas por resoluciones judiciales o administrativas, que ya han puesto de relieve su capacidad de incumplimiento de la legalidad. La actividad pública de Méndez Pozo ha sido y es una estrategia encaminada a obtener el indulto, basándose para ello en la trama de intereses e influencias que ya fueron reflejadas en los hechos probados de la sentencia del caso de la construcción, en donde se llamaba El Jefe al condenado. La recogida de firmas es el resultado de una movilización organizada en la que ha implicado a sus propios traba­jadores, con el soporte propagandístico del periódico de su propiedad, tratando de crear un estado de opinión favorable al indulto. Se ha tenido conocimiento de presiones que no han sido denunciadas para evitar un mayor grado de crispación ciudadana”.

En el informe del Gobierno Civil se entraba en otro tipo de valoraciones:

“Frente a la campaña organizada a favor de la inocencia de Méndez Pozo, consta otro estado de opinión generalizado, contrario al indulto, si bien no se ha articulado ninguna plataforma de movilización (…) Existe un elevado grado de alarma social fren­te a la presión de personas y medios que han intentado crear un clima de opinión favo­rable a las pretensiones del penado. Frente a la actitud de Méndez Pozo se pone de manifiesto la contraria al indulto por razones de ejemplaridad en la aplicación de la jus­ticia a los delincuentes con independencia de su extracción social, en tanto que se afir­ma que la capacidad económica del penado, que le ha permitido organizar una campaña de prestigio social, no debe influir en el cumplimiento de las leyes y de las sentencias.

Asimismo, cabe considerar el daño originado con los hechos que motivaron la senten­cia, no sólo por l3ltarestía de la vivienda en Burgos, que ocupa un lugar destacado en el total nacional a pesar de la cantidad de suelo disponible, sino por el control de los órga­nos de decisión urbanísticos que llevó a un perjuicio general del interés público.

El arrepentimiento de última hora, posterior a la recogida de firmas, se amolda a una estrategia circunstancial que ha aconsejado a Méndez Pozo una declaración formal para evitar el incumplimiento de un requisito imprescindible para la solicitud del indulto”.

El informe del Gobierno Civil, mucho más extenso, detallaba la faceta de “prócer y hombre generoso” de Méndez Pozo, así como sus actividades de carácter público:

“… Desde finales de enero, la mayoría del tiempo parece dedicado a esta segunda faceta, y, más concretamente, a encontrar el procedimiento que le pennita eludir las consecuencias de la sentencia que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo en ellla­mado caso de la construcción. En condiciones nonnales, resultaría difícil averiguar la distribución del tiempo y del esfuerzo en las diferentes ocupaciones, pero, en el caso que nos ocupa, se produce una circunstancia que permite obtener esos datos: Antonio Miguel Méndez Pozo es editor de Diario de Burgos, y a través de la línea editorial del periódico se proyecta la estrategia jurídica y sociológica que permita conseguir los objetivos prefijados; mediante los comentarios editoriales, los artículos de finna colecti­va de los que se responsabiliza el propio periódico, y los escritos apócrifos, Méndez Pozo da a conocer su pensamiento y líneas de actuación…

… Se trataría, en definitiva, de poner de su lado a la opinión pública: imagen de mártir y benefactor de Burgos. Esta segunda faceta se conseguiría mediante la creación de una relación de clientela con personas e instituciones que muestran su agradecimien­to, en caso necesario, a través de la petición de indulto. El diseño se ha llevado a cabo incluso mediante asesores de imagen contratados en Madrid, y, por supuesto, con utili­zación del periódico de su propiedad…”

La falta de apoyos expresos al indulto por parte de autoridades o representantes de instituciones, fue un dato aportado en el infonne del Gobierno Civil para avalar el crite­rio negativo hacia la concesión de esa medida de gracia.

Este informe fue completado con otro elaborado por la Brigada Provincial de Infor­mación de la Policía Nacional, en el que se relataba la actividad diaria realizada por el empresario -sometido a seguimiento policial-, en el que, entre otras cuestiones, se reflejaba que Antonio Miguel Méndez Pozo “en ocasiones es visto acompañado por su esposa y por su madre”. La policía indagó en las amistades del empresario:

“Por lo que a sus amistades y compañía se refiere, sus escasas salidas del domicilio, en tiempo de ocio, hace que se circunscriba a personas con él relacionadas a través de empresas y actividades laborales”. La lista de amigos de Méndez Pozo, en base a las investigaciones policiales, contenía nombres como los de Pedro García Romera, José María Yartu, Juan Manuel Manzanares, José María Martín Alvarez, José Carracedo del Rey, Esteban Corral y Manuel Muñoz. En ese mismo infonne de la Policía se valora­ban algunas actuaciones del constructor:

“… que, si bien es cierto que un sector de la población de Burgos considera al Sr. Méndez Pozo como una persona preocupada y sensible a los problemas de la ciudad, tales como Universidad, Catedral, instituciones benéficas, conversión en S.A.D. del Real Burgos, Cámara de Comercio, Fundación Para el Desarrollo de Burgos etc. etc., no lo es menos que estos ‘gestos’ se vieron notablemente incrementados a raíz del ini­cio del caso de la construcción, quizá como una ‘operación de maquillaje’ para paliar la pérdida de imagen que el proceso y la propia sentencia condenatoria ha acarreado”.

El informe de la Audiencia Provincial de Burgos, al igual que el del fiscal-jefe, José Luis García Ancas, era menos contundente y contenía una mayor argumentación jurídi­co-técnica, como no podía ser de otra fonna.

En ellos se coincidió en el mismo principio: se mostraron en contra del indulto total, “por no existir razones objetivas para ello”. Con este infonne la Audiencia y el Ministerio Público dejaron en manos del Gobierno la patata caliente: “El indulto puede ser total o parcial. Nosotros no estamos de acuerdo con un indulto total. Sin embargo, su concesión es una medida puramente política y debe ser el ejecutivo quien decida si procede un indulto de una parte de la condena o no”, explicó José Luis García Ancos, fiscal-jefe. Según Juan Sancho Fraile, Presidente de la Audiencia Provincial, con esto se quiso decir que estos dos organismos jurisdiccionales no eran partidarios de que le fuera indultada toda la pena de prisión a la que el constructor fue condenado.

“No sería razonable que el fiscal, después de la condena que solicitó en el juicio, y después de la condena que estableció el Tribunal” -y que consideraron justa los magistrados que la impusieron- “pues que diga ahora que es conveniente indultar. No podemos ir en contra de nuestras propias decisiones y resoluciones; sería un contrasen­tido inadmisible. Aquí no se dan razones sociales, ni personales, ni de pena exagerada”.

Incluso cuando la Sala dictó la sentencia, podía haber rebajado en uno o dos grados la condena de cárcel -por ser exagerada-o No lo hizo porque consideró que la conde­na no era desproporcionada para los delitos cometidos.

En contra de la concesión del indulto para Méndez Pozo se mostraron públicamente Juan José Laborda, presidente del Senado; Angel Olivares, siendo delegado del Gobier­no en Castilla y León; Juan Manuel Eguiegaray, ministro de Industria, y Jesús Quijano, secretario de los socialistas de Castilla y León, entre otros. El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, en la víspera de acceder también a la cartera de Interior, se refirió en los siguientes ténninos al indulto pedido por Méndez Pozo: “Habrá que analizar global­mente si la conducta encaja o no dentro de los parámetros de la corrupción, de lo que se entiende en sentido común y que no se corresponde a ningún tipo delictivo (…); si enca­ja con los parámetros de la corrupción, evidentemente lo previsible es que la opinión del Consejo de Ministros fuera negativa”.

Los dirigentes del PP consultados, Francisco Alvarez Cascos y Juan Carlos Apari­cio, no dijeron ni que sí ni que no al indulto: “es una cuestión que no nos hemos plante­ado”.

MULTADO POR HACIENDA…

La buena conducta social siempre ha sido uno de los requisitos que el Gobierno, dentro de su discrecionalidad política, ha tenido en cuenta a la hora de decidir sobre cualquier concesión de indulto. La petición de indulto de Méndez Pozo nació con una mancha en su origen. ¿Por qué? Precisamente porque le cazaron allá donde la concien­cia social queda mejor plasmada: en el pago puntual, exacto y religioso de los impues­tos. Su principal empresa, Inmobiliaria Río Vena, no cumplió, y fue fuertemente multa­da -un auténtico paquete- por Hacienda.

El Ministerio de Hacienda abrió a Inmobiliaria Río Vena un expediente sancionador por importe de cien millones de pesetas por diversas irregularidades fiscales. Un destacado inspector de ese Ministerio, que dice “Hacienda somos todos”, ha señalado que esta sanción fue un regalo del cielo: “Le podían haber metido cinco veces más y no hubiera pasado nada, se hubiera marchado tan contento.”

Este dato, este mal dato, precisamente constó en el informe del Gobierno Civil: “… que, juzgando relevante la conducta fiscal del penado en el ejercicio de sus actividades empresariales, en cuya ejemplaridad se fundamenta la petición de indulto, se ha solici­tado informe a la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, habida cuenta del conocimiento que se tiene de que, practicadas las oportu­nas inspecciones, ha sido objeto de levantamiento de actas de infracción…”

Con este borrón en el expediente social de Méndez Pozo, el Gobierno Civil de Bur­gos puso en tela de juicio el argumento de “solicitamos el indulto en base a su intacha­ble trayectoria personal y profesional”.

MENDEZ SIGUIO TRABAJANDO…

Méndez Pozo, desde la sentencia que emitió la Audiencia Provincial de Burgos, emprendió una carrera de imagen y se sumergió en incontables proyectos para la ciu­dad, ninguno de los cuales ha prosperado: la línea férrea Santander-Mediterráneo sigue cerrada; la autovía Burgos-León no va por Buniel; el pabellón ferial de exposiciones en el Hospital de la Concepción sigue sin ser realidad; el centro de Estudios Económicos tampoco ha sido posible; la construcción del aeródromo de Villafría está en el aire y el Real Burgos desaparece.

Todos estos proyectos fueron presentados por Méndez Pozo públicamente, como responsable de la comisión de infraestructuras de la Cámara de Comercio, ante el mis­mísimo Juan José Lucas, presidente de la Junta. Incluso -nadie ha dudado nunca de su habilidad- consiguió llevarse, estando condenado, al presidente del Senado, Juan José Laborda, a la Cámara de Comercio, donde le presentó su proyecto de la autovía Bur­gos-León por Buniel.

Cuando se trata de sus proyectos personales y profesionales, la situación cambia muy mucho. Míchel, hombre de grandes resortes en el poder local, es capaz de hacer inversiones multimillonarias sin que casi le cuesten dinero. Uno de sus principales pro­yectos consiste en la creación de un centro de multi-impresión. La inversión se calcula en unos 1.700 millones de pesetas. Para ello adquirió los antiguos terrenos de la imprenta Santiago Rodríguez. Allí trasladará la redacción e impresión del Diario de Burgos. Se comprará una nueva rotativa, más grande que la actual, capaz de tirar 100.000 ejemplares a la hora. Y ahí se tirará el Diario de Burgos, el Marca, El País y algunas otras publicaciones nacionales para ser distribuidas en el norte de España. Méndez Pozo ha negociado con Luis María Ansón la posibilidad de tirar también el

ABC. Rafael Pérez Escolar consiguió que Ansón, escasamente receptivo hacia un per­sonaje como Méndez, le recibiera.

En este centro de multi-impresión se utilizará tecnología I+D, lo que permitirá solici­tar subvenciones a la Unión Europea. También se pedirán ayudas a la Junta. Y, donde ahora está el Diario de Burgos, construirá. “En teoría no se puede, no lo permite el Plan de Urbanismo, pero él lo conseguirá”, ha dicho uno de sus más estrechos colaboradores.

Pero esto no es todo. El proyecto de crear una televisión por cable sigue adelante. Para ello suscribió un convenio con Eugenio Galdón, la Caja de Ahorros del Circulo Católico de Obreros de Burgos y la Diputación. Se habla de una inversión que podría estar cercana a los 1.000 millones de pesetas.

Además, continuó con sus grandes operaciones urbanísticas e inmobiliarias. Sus empresas siguieron construyendo al cien por cien y él continuó realizando algunas ope­raciones que parecían increíbles. Creó una empresa familiar llamada Compañía Mer­cantil Fameor, S. L., constituida el 29 de noviembre de 1.993. Su objeto es el tráfico de terrenos, solares y edificios, así como la construcción, promoción y venta de edificios; la prestación de servicios de asesoría, gestión de personal, instalaciones, maquinaria o herramientas a empresas profesionales o comerciantes. El domicilio social está en la Avenida de los Reyes Católicos, número 6. El capital social inicial fue de 500.000 pesetas. Antonio Miguel Méndez Pozo suscribió 250 participaciones por valor de 1.000 pesetas, y su mujer, Esperanza Ordóñez, la otra mitad. La administración de los nego­cios se encomienda a un administrador único, socio o no, que desempeñará su cargo por un período de 30 años. El puesto recayó en Antonio Miguel Méndez Pozo. Por acuerdo adoptado en Junta Universal el 3 de diciembre de 1.993, se acordó la ampliación del capital social en 618.236.000 pesetas. Antonio Méndez Pozo suscribió 309.118.000 pesetas; 157 millones de pesetas de sus acciones en Inmobiliaria Río Vena, 75 millones de sus acciones en Clunia S. A., y 76 millones de sus acciones en Espolón. Esperanza Ordóñez aportó las mismas cantidades de las mismas sociedades. FAMEOR, S. L. (FAmilia MEndez ORdóñez) es una sociedad de momento inactiva. Tiene 14 emplea­dos: Félix Arnaiz, Bernardo Carrillo, Miguel Angel Carretón, Miguel Angel Amaiz, Paloma Lázaro Ordóñez, Ester Ordóñez Fuentes, Juan Carlos Méndez Pozo, Macarena Alvarez Femández, Isabel Ayllón, Gregorio Méndez Ordóñez, Miguel Méndez Ordó­ñez, Blanca Méndez Ordóñez, José Méndez Pozo y Vidal Valentín Alvarez.

Sus operaciones en la compraventa de solares también han sido espectaculares. Méndez Pozo, el 11 de enero de 1.986 compró, a medias con Inmobiliaria Arranz Aci­nas, cinco parcelas de terreno con una superficie total de 53.751 metros cuadrados. Estas parcelas, propiedad de Nicolás Conde de la Fuente, que las había heredado, están situadas en el pago de la ermita de Santo Toribio y pertenecen a los polígonos 59 y 58 de Burgos. La venta se hizo por 116.965.750 pesetas. Estas tierras estaban valoradas, en

1.979, en 85.000 pesetas. Ello de marzo de 1.993 Méndez Pozo y su esposa vendieron su parte a Inmobiliaria Río Vena, es decir, 26.875 metros cuadrados, que les costaron 58.482.875 pesetas. La venta se realizó por la escalofriante cifra de 1.375 millones de

pesetas. En la transacción se hizo constar que Méndez Pozo y su esposa tenían una deuda reconocida con Inmobiliaria Río Vena, de la que son accionistas mayoritarios, por importe de 825 millones de pesetas, más otros 75 en concepto de intereses. Por ello, Inmobiliaria Río Vei,a, en julio de 1.993, pagó al matrimonio 550 millones de pesetas y quedó saldada la deuda.

El 7 de febrero de 1.990 la Compañía Mercantil Inmobiliatia La Navarra vendió dos fincas, con una superficie total de 119.000 metros cuadrados, que lindan con Cellopha­ne y los terrenos de Renfe. La compra la realizaron, por importe de 931 millones de pesetas, Inmobiliaria Río Vena, Inmobiliaria Allende Ebro, Inmobiliaria Clunia, Anto­nio Miguel Méndez Pozo, Promotora Burgalesa Dos y Promociones Anvi. Estas dos últimas sociedades no son de Méndez Pozo, pero, curiosamente, el domicilio social de la última está en la avenida de los Reyes Católicos, número 6, en el mismo inmueble donde está la sede social de Fameor, S. L.

El 21 de marzo de 1.994, Méndez Pozo vendió a Inmobiliaria Arlanzón, por 192 millones de pesetas, una parcela de 1.028 metros cuadrados situada en G-2 noroeste, en la que se pueden construir 32 viviendas y que fue adquirida en 1.992. El presidente de Inmobiliaria Arlanzón es José Luis Calzada Picón, un hombre del PP que accedió al cargo siendo director general de Comercio de la Junta.

En la Unidad Urbana conocida como G-3, el Ayuntamiento, por acuerdo de la comisión de gobierno del 15 de junio de 1.987, vendió por concierto directo a Antonio Miguel Méndez Pozo una parcela de 900 metros cuadrados por 18.766.000 pesetas. Esta venta fue inscrita en el registro el 4 de septiembre de 1.989. El 11 de marzo de 1.991 los propietarios la donaron a sus hijos, Blanca, Miguel y Gregorio. La valoración que se hizo de esta finca fue de 40 millones de pesetas.

Sin embargo, lo que más molestaba a sus enemigos es la mansión que Méndez Pozo se empezó a construir a 15 kilómetros de Burgos, en la carretera de Soria, junto a la localidad de Sarracín. Una parcela de más de 20.000 metros cuadrados donde está edifi­cando una mansión con tres alas gigantescas, una de las cuales servirá como museo para sus innumerables obras de arte coleccionadas y que están valoradas en varios cien­tos de millones de pesetas. Los socialistas emprendieron en 1993 su particular batalla para evitar que Méndez Pozo pudiera construirse el chalé, cuyo proyecto técnico, del Arquitecto catalán afincado en Madrid Javier Carvajal, no consiguió inicialmente el visado del Colegio de Arquitectos.

En suma, Méndez Pozo es el constructor que, por medio de sus inmobiliarias y sociedades instrumentales, posee más terreno en Burgos. Su fortuna no es fácilmente calculable. Algunos la estiman en más de 20.000 millones de pesetas.

PEÑA MONTA OFICINA EN MADRID

El ex alcalde y economista de profesión José María Peña, como consecuencia de la condena de la construcción que le obligó a dimitir, tuvo que buscarse la vida y pasó a vivir a caballo entre Burgos y Madrid. Entró a trabajar en la sociedad de intermediación e ingeniería económica Central de Administración y Sistemas Financieros, S. A., ubica­da en la capital de España y dedicada a realizar contabilidades de empresas, análisis financieros y estudios económicos, negociar y poseer acciones y bienes inmuebles.

Por medio de esta oficina, Peña ha realizado varias labores de mediación, entre ellas una para la venta de una parcela de la empresa Heimbach Ibérica a Campofrío, en el Polí­gono Industrial de Gamonal en Burgos. La Central de Administración y Análisis Finan­cieros, con un capital de diez millones de pesetas, fue creada en diciembre de 1991 por otras tres empresas madrileñas: Serveis Medi Ambient, S. A., Servicios de Ingeniería y Transportes Auxiliares, S. A. y Vendex, S. A.. El presidente y consejero delegado de la Central de Administración y Análisis financieros es Gervasio Rodríguez Acosta.

El lugar en el que se puso a trabajar José María Peña se convirtió en uno de los mejores secretos que se ha guardado en los últimos años en Burgos, hasta el punto de que era un dato sólo conocido por sus más allegados.

José María Peña, después de abandonar el cargo político, en muchos terrenos estuvo actuando como si todavía fuera el alcalde. Para sorpresa de muchos, continuó asistiendo a las innumerables fiestas de los barrios y de las decenas de Peñas que hay en la ciudad. Algo más tarde, el alcalde siguió acudiendo pero José María Peña ya no iba con él. A veces se cruzaban en este tipo de actos, pero casi sin mirarse y, por su puesto, sin diri­girse la palabra. El ex alcalde incluso llegó a asistir, como invitado, a actos oficiales del Ayuntamiento. Ocurrió en junio del 92, pocos días después de su dolorosa dimisión, en las fiestas patronales. Acudió a la recepción de autoridades que anualmente ofrece el Ayuntamiento. Se le rindieron honores especiales al condenado, lo que soliviantó a los socialistas, que organizaron una cruzada para que hechos tan lamentables no se volvie­ran a reproducir. A este acto, ese año, no se invitó como represalia al fiscal-jefe, JoséLuis García Ancos.

José María Peña San Martín estuvo también como invitado especial en los actos del burgalés ausente que cierran tradicionalmente las fiestas patronales de Burgos. Su pre­sencia en el callejón de la plaza de toros, invitado por Niño en julio de 1.992, en plenas fiestas mayores, fue causa de un duro enfrentamiento con el Gobierno Civil, que multó al ex alcalde por no disponer del correspondiente pase. La multa, de 25.000 pesetas, ter­minó siéndole condonada. Pero las cosas han cambiado y el ex alcalde ya no acude a estos actos oficiales.

Una de las últimas veces que Peña habló sobre Niño públicamente fue el 6 de noviembre de 1.993, cuando, con motivo de su cese como consejero de Gas-Burgos, se le rindió un homenaje, en cuyo transcurso, y a preguntas de la prensa aseguró: “Si digo que lo hace muy bien, me dirán que soy un pelota. Si digo que lo hace muy mal, que no lo creo así, dirán que soy un traidor. Es un íntimo amigo y espero que lo siga siendo”.

José María Peña se sentía dolido y traicionado y, como Don Mendo, preparaba su venganza. Junto a su gente comenzó a preparar el camino para su vuelta a la política, a la “vida pública”, como él prefiere decir.

En el PP la vuelta de Peña se miraba con resignación y recelo. El sector renovador apostaba claramente por sacudirse los viejos complejos y acudir a las elecciones con moral de ganadores. La vieja guardia es partidaria de volver a pactar con los peñistas: “Podrían arrebatamos los concejales que dan la mayoría absoluta y la gobernabilidad estaría en sus manos. Al fin y al ‘cabo, ahora tampoco nos va tan mal en el Ayuntamien­to y gobernamos con ellos”.

SENTO JURISPRUDENCIA

Durante el tiempo de su condena, Peña podría presentarse – diversas elecciones ­excepto las municipales-, como consecuencia de la original interpretación de los magistrados de la Audiencia Provincial que inhabilitaron a José María Peña sólo para

no ser alcalde o concejal durante los próximos 19 años, mientras que Manuel Muñoz y José María Codón fueron inhabilitados para este mismo cargo durante 18 años. La

Audiencia lo que hizo fue inhabilitarles sólo para el cargo que estaban ejerciendo en el momento de la condena.

Juan Sancho, presidente de la Audiencia Provincial de Burgos, considera compren­sible que la opinión pública no entendiera el alcance de las inhabilitaciones. Según ha explicado Sancho, el Código Penal establece que la inhabilitación afecte al cargo o puesto análogo que desempeñaba y este criterio debe ser aplicado de forma restrictiva, de tal manera que debe interpretarse lo que más beneficie al reo.

Esta sentencia ha creado el precedente de condenar a un no funcionario -Antonio

Miguel Méndez Pozo- por prevaricación, criterio que luego fue seguido por el Tribu­nal que juzgó a Juan Guerra, el hermano del ex vicepresidente del Gobierno. El minis­terio fiscal en Sevilla aportó una copia de la sentencia de Burgos. Sobre este aspecto, la sentencia señala textualmente: “Hubo inducción” -a la prevaricación- “y ésta fue de tal entidad que se une constantemente a la voluntad de los inducidos. Hubo un pacto tácito, un actuar al unísono una vez producida la inducción, aunque, como no hubo dinero u otro tipo de remuneraciones, es evidente que la prueba ha ofrecido mayores dificultades, lo que no empequeñece la acreditación de unos hechos muy simples: el acusado Méndez Pozo consigue que los otros acusados tomen decisiones injustas a su favor, que son el soporte del delito enjuiciado y condenado”.

EL SUPREMO HABLO

El 14 de enero de 1.994, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Enrique Ruiz Vadillo, se celebró durante cerca de 12 horas la vista de los recursos de casación contra la sentencia de la construcción, presentados por acusadores y condena­dos. El letrado de la Federación de Constructores argumentó los motivos por los que pedía también cárcel para los políticos, mientras que el abogado de Peña solicitó la nulidad de todas las actuaciones por indefensión del Ayuntamiento y vulneración de derechos constitucionales relacionada con la recusación -no aceptada en su día por la Audiencia de Burgos- de los peritos del Colegio de Arquitectos.

La sentencia número 52/53 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, fechada el 18 de enero de 1994, se dio a conocer doce días más tarde de celebrada la vista. Ratificó, prácticamente en todos sus términos, la emitida el 7 de mayo de 1.992 por la Audiencia Provincial de Burgos. Redujo en tres años la condena de suspensión de cargo público para el ex secretario municipal Estaban Corral y dejó en ocho años -antes eran doce­ la inhabilitación del constructor. Además, el Tribunal Supremo eliminó los arrestos sus­titutorios de las multas y modificó el reparto de las costas procesales.

La resolución del Supremo fue trasladada a las 24 horas a Burgos en varios coches, con una rapidez que sorprendió a los que conocen la pesada lentitud de la Justicia.

ENTRE REJAS

El miércoles, 22 de septiembre de 1994, Radio Castilla lanzó en su informativo de las dos de la tarde la noticia de que el Tribunal Constitucional había rechazado el recur­so de amparo de Méndez Pozo. La decisión del tribunal todavía no le había sido comu­nicada al interesado. Sin embargo, era conocida por algunos letrados de la acusación como Rafael Burgos, abogado de la asociación El Globo. Al día siguiente, el Tribunal Constitucional comunicó oficialmente su decisión de no admitir el recurso por entender que el empresario no sufrió vulneración del derecho de defensa ni del de presunción de inocencia. La resolución, fechada el 19 de septiembre y firmada por los magistrados Rodríguez Bereijo, Gabaldón López y Viver Pi-Sunyer, echaba por tierra todas las ale­gaciones que formularon los letrados de Méndez Pozo. El Constitucional entendió que durante el proceso judicial el empresario no sufrió indefensión material.

Ese mismo día, el presidente de la Audiencia Provincial de Burgos, Juan Sancho, reclamó a través del fax un certificado de la resolución del Tribunal Constitucional. Quería conocer en detalle los fundamentos de la inadmisión del amparo. El constructor Juan Renedo, que ya había empezado a frotarse las manos pensando en la escena de Míchel entre rejas, manifestó que, a partir de ese momento, la decisión estaba en la Audiencia. “En otros casos las sentencias se cumplen. Aquí espero que también”, afir­mó Renedo. A principios de semana, el Gobierno Civil de Burgos había ordenado a la policía una discreta vigilancia de Méndez Pozo. Sus pasos fueron seguidos a lo largo del día para evitar cualquier disgusto como el ocurrido meses antes con la fuga del ex director de la Guardia Civil Luis Roldán.

Los acontecimientos se precipitaron desde el pronunciamiento del Tribunal Consti­tucional, tras siete meses de silencio. El viernes, 23 de septiembre, el Consejo de Ministros incluyó en su agenda la solicitud de indulto del constructor. “¿Se han puesto de acuerdo?” se preguntó Diario de Burgos en un artículo editorial.

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, informó a Juan José Labor­da que no habría indulto. Juan Sancho, con la resolución del Constitucional en sus manos, dictó un auto en el que ordenó a la policía el traslado del penado al centro peni­tenciario. De esa forma, Sancho puso fin a su anterior decisión de dejar en suspenso la ejecución de la sentencia. Dos agentes de la policía acuden al despacho de Méndez Pozo en la A venida del General Yagüe, 3. En un coche sin distintivos policiales le tras­ladan hasta la Prisión Provincial en el barrio de Villalonquéjar. RNE anunció: “Méndez Pozo acaba de ingresar en la cárcel de Burgos”. Ningún reportero gráfico consiguió captar la imagen de Míchel entrando en prisión. Un grupo de periodistas que había acu­dido antes al centro penitenciario para cubrir una información relacionada con las fies­tas de La Merced –con la presencia del director del penal-tampoco se percató de la llegada del nuevo iQquilino. Durante unos momentos las emisoras de radio difundieron informaciones contradictorias: “Méndez Pozo se presentó en la cárcel de forma volun­taria”, “El empresario fue detenido en los pasillos de la Audiencia…”

El gobernador Civil, César Braña, contribuyó a la confusión cuando fue preguntado por los detalles. El ministro portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, había confirmado poco antes en Madrid que el Consejo de Ministros de ese día había denega­do la petición de indulto del constructor. Según dijo el ministro, “el gobierno ha tenido tres razones para denegar la petición del constructor: la opinión negativa de la Sala del Tribunal Supremo, la opinión en contra del fiscal y el tipo de delito”.

En ese Consejo de Ministros se acordó también el cambio de titular en el Gobierno Civil de Burgos. César Braña fue designado para ocupar el mismo cargo en Cádiz. A su vez, la gobernadora de esa provincia andaluza, Violeta Alejandre, era trasladada a Burgos.

El PSOE de Burgos no consiguió que el Consejo de Ministros dejara sobre la mesa el cambio de gobernador. Querían seguir contando con Braña, quien se despidió de los burgaleses durante una conferencia de prensa celebrada esa misma tarde. El todavía gobernador civil de Burgos no se fue por las ramas: “Me voy con la satisfacción por la tarea cumplida. Todo delincuente que tenía que entrar en la cárcel ha entrado en la cár­cel”. César Braña accedió al Gobierno Civil de Burgos semanas antes de que la Audiencia Provincial hiciera pública la sentencia del caso de la construcción. Su cese coincidió con el ingreso en la cárcel de Méndez Pozo. Muy ufano, Braña aseguró: “Mi obligación era la persecución implacable de la delincuencia, y que la delincuencia no se adueñara de la vida social de una ciudad”. Como guinda, dejó caer que en la Diputación burgalesa se habían celebrado reuniones secretas, a puerta cerrada, con la presencia del constructor condenado.

Ese viernes, 23 de septiembre, jornada plagada de acontecimientos, el ex alcalde Peña rompió su silencio de meses. Durante una tertulia en la COPE expresó su total apoyo a Méndez Pozo, para el que propuso que le fuera erigido un monumento en Bur­gos. José María Peña hizo uso de la ironía y añadió: “Méndez está muy bien en la cár­cel, por haber sacado el mejor expediente académico, crear puestos de trabajo y apoyar todas las iniciativas a favor de Burgos. En la calle deben estar los drogadictos, los cri­minales de ETA y los violadores, esos son los que animan la calle”. La mujer de Peña, María Pilar Robledo, envió ese día una carta al director de Diario de Burgos en solida­ridad c’on Méndez Pozo:

“Tú has sido la cabeza de turco porque a los todopoderosos y prepotentes gobernan­tes les hubiera gustado ver a José María Peña en tu lugar por no bajarse los pantalones ante su prepotencia, pero hubiera sido muy descarado. Tu único pecado ha sido ser efi­caz y caritativo y hoy eso no se perdona. Si por otra parte, hubieras dado unos cuantos millones al PSOE, esto no hubiera ocurrido…”

El encarcelamiento de Méndez Pozo provocó muestras de solidaridad por parte de sus trabajadores. Diario de Burgos, en un artículo editorial titulado “Los indultos a terroristas y reinsertados”, salió en apoyo de su editor:

“En este caso de la construcción se ha llevado al banquillo y se ha condenado a un determinado modo de pensar y de actuar. Si eso se hubiese hecho al margen de todo planteamiento político y en aras de la estricta Justicia, si no hubiese tantas connivencias entre el Ejecutivo y el Judicial, si los hombres de la Justicia y de la Administración no hubiesen alternado tanto juntos en una pequeña ciudad de provincias, seguro que la sombra de la duda en estos momentos no estaría planeando sobre las torres quebradas por el tiempo de la Catedral burgalesa. ,Se ha cumplido milimétricamente un plan en un país que está bajo sospecha de corrupción generalizada.”

En el otro lado, Diario 16 Burgos publicó otro editorial. Su título: “la verdad se impuso a la corrupción”. La opinión de este rotativo también era muy clara:

“José María Peña, tres de sus concejales, representantes todos ellos del Partido Popular en Burgos, y un funcionario municipal, pusieron durante años la institución a la que representaban, el Ayuntamiento de Burgos, al servicio de los intereses de un cons­tructor, Antonio Miguel Méndez Pozo, que durante esos años se convirtió, gracias a este hecho, en la persona más influyente y posiblemente más rica de la ciudad… Esta es la verdad, la única e inalterable verdad que ha existido en todo este caso, la misma ver­dad que han distorsionado, manipulado, ocultado y falseado Méndez Pozo y el resto de los condenados, los cientos de asalariados con que cuenta en esta ciudad y los miles de personas que se han comportado como siervos ante el poder feudal del dinero fácil”.

Antonio Miguel Méndez Pozo, con los 50 años de vida recién cumplidos -seguro que el 26 de septiembre de 1994 fue el cumpleaños más amargo de su vida-, no pudo impedir algo que en su fuero interno ya tenía asumido desde la sentencia del T. Supre­mo, su paso por el penal.

* * *

“… como demostrativo de lo ya dicho, el recurrente lo que quiere es comparar con otros promotores. Pero este no es el problema: si otras personas recibieron un trato de favor contrario a lo establecido en las normas generales de urbanismo, dentro de la estructura de lo que constituye el delito de prevaricación, cada una de las resoluciones serían, al ser injustas, prevaricantes, se hubieran perseguido o no.

… Acaso sea conveniente llamar la atención sobre la envergadura de esta operación en la que se mezclan falsedades públicas y privadas, de tal manera que, visto en su con­ junto, se llega al convencimiento pleno de una actuación, ahora sí, verdaderamente pla­nificada, para obtener unos determinados resultados urbanísticos a favor del acusado, en perjuicio de terceros y, desde luego, de la comunidad.

… La disciplina urbanística transciende de lo que pudiera considerarse un puro pro­blema de construcciones y licencias a ventilar por los interesados con la Administra­ción. En el urbanismo se encierra, nada más y nada menos, que el equilibrio de las ciu­dades y de los núcleos de población en general y, como el concepto de ciudad es abs­tracto, también incorpora el equilibrio físico y síquico de las personas que en ellos viven: la armonía, la convivencia, las exigencias inexcusables de la ecología, la natura­ leza y del hombre, que tiene que coexistir buscando el ser humano el equilibrio mismo con el medio ambiente que le rodea y en el que vive. La humanidad, inmersa en sus exigencias respecto al modo de vivir de todos, al hábitat de cada uno, que sin dejar de ser titular, de ese inmueble o parte de él, también afecta a todos los demás ciudadanos, ha tomado ya conciencia del problema. Todo ello exige unos planes y el sometimiento riguroso a unas normas. En el sistema se pone en juego nuestro porvenir. Por ello es un acto muy grave que las normas que se han establecido pensando en la Justicia, en la certeza y en el bien común, después, mediante actos injustos, se incumplan”. (De la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de la construcción).
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