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CAPITULO 8

EL CONGRESO DE APARICIO

El 21 de septiembre de 1989, el juez Luis Adolfo Mallo Mallo dispone la apertura de juicio contra el alcalde de Burgos, José María Peña, los tenientes de alcalde José María Codón Herrera y Manuel Muñoz Guillén (todos de Solución Independiente), el secretario del Ayuntamiento, Esteban Corral García, el edil Víctor Martínez LIorente, el funcionario municipal Cristóbal Serrano Gómez, el arquitecto Juan Manzanares Pas­cual, el registrador José María Méndez Castrillón y el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, para los que decreta la libertad provisional sin fianza con la obligación de comparecer en el juzgado los días 10 y 15 de cada mes. Para garantizar responsabili­dades pecuniarias que pudieran derivarse de la causa, el juez fija a los acusados la nece­sidad de presentar avales bancarios por algo más de 86 millones de pesetas en total. A Méndez Pozo le impone 50 millones y a Peña, Codón y Muñoz, diez millones en cada caso. El alcalde de Burgos responde a la fianza con su propia vivienda del Paseo de Los Cubos.

Las asociaciones personadas en la acusación exigen de inmediato la dimisión de todos los cargos públicos a los que el juez Mallo acuerda procesar tras más de año y medio de diligencias previas. Meses después, la Audiencia Provincial de Burgos extien­de la apertura de juicio a José Carracedo del Rey, delegado de la Junta de Castilla y León, al notario José María Martín Alvarez y a Antonio Moliner del Cerro, ex propieta­rio de una de las fincas incluida en la denuncia. Definitivamente quedan fuera de la causa Santiago Dalmau y Manuel Sancho. La Audiencia Provincial rechaza además la pretensión de los implicados de anular la apertura de juicio por supuesta indefensión.

Desde marzo del 89,Ias diligencias del caso de la construcci6n pasaron a tramitarse por el procedimiento abreviado, puesto en marcha por el ministro de Justicia Enrique Múgica. Ello suponía el poder pasar, terminada la instrucción, a la apertura de juicio sin necesidad de conocer el criterio de los acusados.

Varios de los acusados acudieron al Tribunal Constitucional, que en junio de 1990 decidió suspender cautelarmente todas las actuaciones hasta pronunciarse sobre el recurso de amparo de Antonio Moliner. Se produjeron momentos de confusión sobre el alcance de esa suspensión, hasta que quedó aclarado que sólo afectaba a las actuaciones sobre Moliner, cuyo recurso fue el primero que entró en el Constitucional. Con respecto al planteado de forma conjunta por Peña, Méndez Pozo, Muñoz y Codón, el Tribunal Constitucional resolvió la suspensión de las actuaciones penales tan sólo en lo concer­niente a la celebración del juicio, lo que suponía proseguir con el proceso. Por fin, el mismo tribunal se pronunció sobre el fondo del asunto y declaró constitucional la refor­ma procesal que establecía la Ley Múgica.

Ante los micrófonos de RNE el alcalde burgalés discrepó de la sentencia:

-El ministro de Justicia entenderá de cárceles, prisiones y presos, pero de este

tema nada de nada. Aunque lo diga el Tribunal Constitucional y aunque lo diga quien sea esto es inconstitucional y totalmente vergonzoso.

Pocos días antes del pronunciamiento del TC, la Audiencia Provincial de Burgos recibió los 17.000 folios del sumario. Ya sólo quedaba por fijar la fecha para el comien­zo del juicio oral.

La Audiencia Provincial de Burgos señaló el 4 de abril de 1991, a las 11 horas, como fecha y hora de comienzo de la vista. La convocatoria de elecciones municipales y autonómicas para el 26 de mayo creaba un problema añadido. Dos de los magistrados encargados del caso de la construcción, Juan Sancho Fraile y Ramón Ibáñez de Alde­coa, habían sido designados por el Consejo General del Poder Judicial vocales de la Junta Electoral Provincial. Con el rechazo de las acusaciones y el aplauso de los denun­ciados, se decidió posponer el comienzo de la vista al 9 de septiembre, “en razón a la dedicación preferente que exige el proceso electoral, de interés público superior”.

LAS ELECCIONES DEL 91

El aplazamiento del juicio supuso un respiro para los acusados. La campaña electo­ral no se iba a ver afectada por la celebración de un juicio contra el cabeza de lista del PP. En las altas instancias del partido conservador se decidió apostar a caballo ganador. La denuncia de los constructores burgaleses contra su alcalde no era temida en Génova, 13. Con más razón después de lo ocurrido con el caso Campofrío, con un Peña absuelto y fortalecido.

El proceso judicial pudo haber sufrido un giro radical si José María Codón llega a aceptar la oferta que le hizo el PP de presentarse en la candidatura autonómica. La implicación de un aforado hubiera supuesto trasladar el juicio al Tribunal Superior de Justicia.

Las negociaciones para elaborar la lista municipal del Partido Popular las llevaron directamente Juan Carlos Aparicio, presidente del PP en Burgos, y el propio alcalde Peña, presidente de Solución Independiente. En total mantuvieron cinco enc,!entros, en el despacho de la alcaldía y en la propia sede popular de la calle de Laín Calvo. El PP de Burgos había recibido instrucciones de no poner muchas trabas a los nombres que propusiera Peña. Por si acaso, el PP había elaborado su propia lista. En algún momento todo estuvo a punto de estropearse. Aparicio negoció con mano izquierda y consiguió incluir en puestos destacados a más militantes del PP de los que en principio aceptaba Peña. La lista se pudo cerrar con José María Peña de cabeza. De número dos se incor­poró a Vicente Orden Vígara, un hombre del partido, director de Juventud y Deportes de la Junta y viejo amigo de Peña, que en un momento dado podía hacer de apagafue­gos. La lista se completó con Manuel Muñoz, Mariano Hervás, Miguel Angel Ortiz, Valentín Niño, Javier Quintanilla, Javier Pardilla, Miguel Vallecillo, Germán Pérez Ojeda… En el PP de Burgos había rumores sobre las imposiciones de Madrid. También

lIotaban en el ambiente las indicaciones de Míchel sobre los que podían entrar en la lista. Los dirigentes provinciales niegan que se tradujeran en presiones directas.

En febrero, el Partido Popular ya tenía decidido que José María Peña iba a ser su candidato a la alcaldía en Burgos. Los afiliados no tuvieron la oportunidad de decidir ~obre éste u otros candidatos. Simplemente fueron informados de un acuerdo que fue ratificado por el comité electoral. Aznar, ahora como máximo dirigente del PP, había vuelto a apostar por Peña, a pesar del problema que se le podía avecinar con una sen­tencia desfavorable de los tribunales. Tampoco se acordó de lo mal que se lo hizo pasar eI alcalde burgalés cuando amenazó con promover la salida de Burgos de la comunidad de Castilla y León. Aznar, entonces presidente de la Junta, quiso zanjar de una vez el problema de las sedes regionales y dejó en Valladolid el Ejecutivo y las Cortes. El grupo de Peña, Solución Independiente, aprobó una moción amenazando con la segre­gación. La ubicación en Burgos del Tribunal Superior de Justicia lo consideraba, como mucho, un mal premio de consolación. En la moción se decía: “El traslado que se pre­tcnde de las sedes a Valladolid plantea el problema más decisivo y lamentable de la his­toria de Burgos: equivale a decapitar a Castilla, a caer en un semillero de discordias y a abrir una herida que no se cicatrizaría jamás”.

El 14 de diciembre de 1987, cuando las Cortes de Castilla y León aprueban las leyes que fijaban las sedes definitivas en Valladolid, el procurador de AP por Burgos José María Arribas, después de romper la disciplina de voto, entregó a Aznar su renuncia al escaño, que poco después le fue aceptada por su jefe de filas. El hombre de Peña en  las Cortes de Fuensaldaña, Tomás Cortés, de Solución Independiente, también votó en contra. Meses después anunció su pase al grupo mixto, con el consiguiente abando­no del grupo de Aznar, al que volvió a dejar en una situación incómoda ante el reparto de escaños.

Las amenazas segregacionistas de Peña provocaron palabras de comprensión por parte de Aznar:

-Hay que ser muy respetuoso con eso. Naturalmente, el alcalde de Burgos inter­preta que defiende los intereses de Burgos de esa manera.., y no va defender los intere­ses de Huelva, es natural.

La decisión de volver a contar con Peña provocó la reacción de un sector de afilia­dos del PP, encabezados por el ex presidente provincial Vicente Mateos y por José María Arribas Moral.

Mateos, senador en dos legislaturas, conocía bien lo que era negociar con el alcalde la confección de una lista. Arribas, ex teniente de alcalde con Peña, ex procurador y en dos ocasiones secretario provincial de AP, tampoco estaba de acuerdo en la decisión de poner al independiente José María Peña al frente de la lista del Partido Popular, al cau­sante de que cuatro años antes los conservadores burgaleses se hubieran visto obligados por la dirección del partido a retirar su propia candidatura en la capital.

Aunque no fueron muchos, afiliados del PP como Mateos, Arribas, Antón Peña y Carmela Azcona crearon un nuevo partido político: APB, Acción Popular Burgalesa, lo que les acarreó la baja en el Partido Popular por doble militancia, algo que no ocurrió en su día con los que compaginaron afiliación en SI y AP.

Al proyecto de APB se sumaron otros políticos burgaleses procedentes de antiguas y nuevas opciones de centro como Francisco Montoya Ramos, José Ignacio Ortiz Cereijo, Pedro Avellanosa…

APB decidió enfrentarse directamente a Peña en las elecciones del 26 de mayo y buscó a un alcaldable con tirón: Antonio Martínez Laredo, el presidente del Real Bur­gos. Era indudable el gancho de este empresario, salvador en dos ocasiones del princi­pal equipo de fútbol de la ciudad. Otra cosa era su absoluta falta de experiencia política, como demostró en la presentación pública de APB, celebrada el6 de abril de 1991. El presidente del Real Burgos, en su primer y último acto de estas características, se decla­ró contrario a los partidos políticos (no a los de fútbol). Advirtió que él nunca sería un político al uso y que sólo se iba a meter en esta aventura si veía el éxito garantizado. Pocos dÚts después, Martínez Laredo llamó a Mateos por teléfono para anunciarle su decisión de no presentarse a las elecciones al tener en su poder datos muy negativos sobre sus posibilidades en política. Los promotores de APB aseguran que Martínez Laredo también habló con relevantes personajes del PP en Madrid.

Al final, APB presentó a Vicente Mateos como alcaldable. Los resultados de este nuevo partido fueron un autentico fracaso. Sólo confiaron en APB 3.298 burgaleses de la capital, mientras que la lista encabezada por Peña consiguió mayoría absoluta: 33.442 votos y 14 concejales. Los socialistas, con Pedro Díez Labín, Fernando Cardero y Gerardo Triana en los tres primeros puestos, consiguieron sus mejores resultados de todos los comicios locales celebrados hasta el momento. El PSOE obtuvo once conceja­lías e Izquierda Unida consiguió sentar en el Ayuntamiento a José Moral y Luis Castro.

Las elecciones locales de 1991 registraron la mayor abstención de las cuatro consul­tas realizadas desde 1979. El 36,6 por ciento de los posibles votantes decidió no acudir a su colegio electoral. Los votos del PP alzaron a Juan José Lucas a la presidencia de la Junta de Castilla y León. En las locales, Peña volvió a ganar, aunque esta vez por los pelos y con importantes pérdidas de votos en zonas de la ciudad como el barrio de Gamonal.

Transcurrieron varias horas desde el cierre de los colegios electorales hasta que el PP no tuvo garantizado su triunfo en Burgos. Afiliados y simpatizantes del PP y nume­rosos amigos del independiente Peña se reunieron en el Hotel Fernán González, donde se pasó de la zozobra a la alegría desbordada e incluso al histerismo de algunas perso­nas según se iba conociendo el recuento de votos. A última hora, por fin, hizo su apari­ción en la fiesta José María Peña. En esta ocasión no llamó “insensatos” (como ocurrió cuatro años antes) a los burgaleses que no le habían votado, pero sí fue rotundo en sus declaraciones a los periodistas:

-Yo creo que el que hayamos ganado las elecciones municipales es un triunfo que tendrá que apuntarse en los anales de la historia. Tener a todos los partidos en contra -no os enfadéis algunos- a los medios de comunicación y hasta la Fiscalía en contra… ganar de esta forma es un éxito arrollador. Pero, eso sí: me produce vergüenza Y asco esa unión de todos los partidos, esa abstención Y la ayuda de la Fiscalía hasta el último momento.

La Fiscalía acababa de requerir al Ayuntamiento para que remitiera al juzgado diversa documentación sobre expedientes vinculados al caso de la construcción. La denuncia de la FEC fue argumento constante durante la campaña electoral. El dirigente de IV Nicolás Sartorius había abogado en plena campaña por la necesidad de hacer “una labor profilácti­ca para que ese alcalde no siga gobernando en Burgos” y criticó la incoherencia de Aznar por seguir apoyando en esa ciudad “la derecha pura, dura y troglodita”. En el Gran Tea­tro, durante un mitin compartido con Juan José Lucas, Vicente Orden y Juan Carlos Apa­ricio, Peña afirmó que su equipo presentaba un programa de realizaciones Y no de descali­ficaciones. El lema de los populares era: “No se cambia un equipo que gana”.

Peña recriminó al PP el resultado de los comicios del 26-M. Estaba convencido de que si no hubiera ido con ellos tendría más concejales. Además les espetó:

-Algunos del PP no nos han votado, y sin embargo todos los de Solución Indepen­diente han votado al PP.

Los ESPADACHINES

El sábado, 15 de junio de 1991, el Salón Plenos de la Casa Consistorial se enga­ lana, una vez más, para servir de marco a la constitución de la nueva corporación. En su discurso Peña anuncia el comienzo de una nueva etapa en la historia de Burgos, en la que trabajará para la obtención del mayor bienestar ciudadano. Avanza entre sus objeti­vos la educación, el empleo, la vivienda, equipamientos sociales… En la mitad de su discurso Peña llama la atención a los que califica de espadachines de la democracia, que, incapaces de presentarse a cuerpo limpio en las confrontaciones electorales, intentan mantener de forma continuada una guerra de guerrillas y descalificaciones aprovechando para ello cualquier situación o circunstancia para intoxicar el ambiente y provocar el descontento”.

José María Peña vuelve a referirse a los espadachines:

-Sus procedimientos les llevan a usar el bulo como bandera y la patraña como escudo, pero estad convencidos de que la verdad acabará imponiéndose siempre y que sus argucias jamás podrán prosperar en una corporación como ésta, en la que sus reali­zaciones deberán forjarse necesariamente por otros procedimientos y, desde luego, por senderos de paz, trabajo y prosperidad, lejos de cualquier maniobra, hostigamiento, infundio o desinformación deliberada, donde cualquier iniquidad tiene asiento”.

Horas después de que tomara por cuarta vez posesión del cargo de alcalde, Peña y su familia transitaban por la Plaza Mayor acompañados de Valentín Niño y de su esposa. Niño, amigo personal de Peña desde los tiempos del Polo de Promoción, había sido con­vencido por Jose Mari para entrar con él en política, y accedió a figurar en el sexto lugar de la lista. Cerca del pasaje comercial de la Plaza Mayor, la esposa Y una de las hijas del alcalde se cruzan con otras personas Y oyen como una de ellas dice a sus acompañantes:

……….. tiene cara de bruto, pero es buena persona.

Interpretan que esa frase iba dirigida a José María Peña, por lo que, sin pensárselo dos veces, salen en su defensa e increpan al viandante. Peña, que estaba algo distancia­do de su mujer y de su hija, acude raudo al lugar de los hechos y agarra del cuello, lla­mándole hijo de puta, al incauto transeunte: Fernando Pérez González, un burgalés de 47 años residente en la ciudad toledana de IIIescas, que había venido a Burgos a pasar el día acompañado de su mujer y de un matrimonio amigo.

Terminado el incidente, unos jóvenes que se encontraban en la Plaza Mayor se acer­can al aturdido ciudadano para decirle que su interlocutor había sido nada más y nada menos que el alcalde de Burgos. Fernando Pérez y sus acompañantes aseguran que esa frase iba dirigida a otra persona y que ellos no conocían al alcalde. Acuden a presentar la correspondiente denuncia y cuentan a la policía la posible identidad del agresor. En la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía les enseñan fotografías de los periódicos en las que aparece Peña, al que rápidamente reconocen.

El incidente da lugadb858r a un juicio de faltas. Peña anuncia su intención de denunciar a Fernando Pérez por insultos. El alcalde se mantiene en su versión de que fue insultado por ese individuo, que le conocía perfectamente y que él se limitó a exigirle explicacio­nes por su comportamiento. El juez suspende la vista y comunica al vecino de Illescas que tiene derecho a venir acompañado de un abogado. Fernando Pérez no entiende nada. El había denunciado a un señor
que casi le destroza el cuello y resulta que termi­na siendo denunciado por el alcalde de Burgos, su presunto agresor. La vista se celebra el 13 de mayo de 1992. José María Peña es condenado a dos días de arresto mayor por una falta de lesiones. Fernando Pérez sale absuelto. La sentencia establece que la vícti­ma terminó con eritema en el cuello, “no pudiendo servir como disculpa para esta reacción violenta el que el agresor haya sido llamado bruto, máxime cuando la frase ofensi­va fue pronunciada en una conversación privada”.

EL CONGRESO DE LAS QUEMADAS

El Partido Popular de Burgos consiguió afrontar las elecciones del 91 con la mayor tranquilidad interna de los últimos años. Juan Carlos Aparicio, presidente de la gestora desde febrero del 89, trajo la calma entre los conservadores burgaleses. Algunos de los más activos, como César Huidobro, habían renunciado a hacer más sangre. Huidobro por entonces había cambiado su escaño de la Carrera de San Jerónimo por un sillón de consejero de Castilla y León con el presidente Posada.

Juan Carlos Aparicio, un Licenciado en Químicas que dio el salto a la política desde la patronal burgalesa la F AE. Diputado por Burgos en 1986 bajo las siglas del Partido Libe­ral, entra en AP en plena crisis de la derecha burgalesa y durante unos meses (entre enero y octubre de 1989) es el vicepresidente del gobierno de Castilla y León con José María Aznar. Aficionado a los versos, este químico de la política hizo sus pinitos en el periodis­mo en 1982, en El Papel Burgalés, aunque de los periodistas siempre ha dicho que ejercen “una profesión mal retribuida que se codea con personas cuyos ingresos sí son altos”.

La situación de provisionalidad en el PP burgalés no podía ser eterna. Sin fecha aún fijada, se veía próximo un Congreso Provincial. A pesar de la calma que se respiraba, no todos los afiliados estaban contentos con la gestora. Las familias opositoras celebra­ron varios encuentros, como una multitudinaria cena en Medina de Pomar a la que asis­tieron más de 60 personas cercanas al grupo de los Mateos-Arribas-Galos. En septiem­bre del 90, Galo Barahona y los suyos decidieron empezar a trabajar en una candidatu­ra. Con ellos se juntaron Mateos, Arribas y demás críticos del PP. Galo Barahona se perfilaba como el hombre fuerte de los populares en Burgos. Sobre el papel, nadie podría contra esa candidatura. Ya se había demostrado que la mayoría de los afiliados estaban con ellos. En el restaurante Ojeda se celebró una comida a la que asistieron Arribas, Mateos, Galo Barahona, Miguel Ángel Ortiz, Porfirio Abad y Ángel Guerra entre otros, para preparar la candidatura al Congreso Provincial. Orden Vígara, entera­do de la reunión, intentó derribar la operación a cualquier precio. Su objetivo era pre­sentar una sola lista de consenso, tal y como se lo había pedido Juan José Lucas.

Barahona, mirandés, ingeniero industrial, ex delegado de Industria y luego respon­sable de Economía de la Junta en Burgos, fue llamado a capítulo por Juan José Lucas, máximo responsable de los populares en Castilla y León. Le pidió que abandonara su idea de capitanear una alternativa al candidato oficial, Juan Carlos Aparicio, el hombre que apoyaba Aznar para Burgos. Lucas propuso a Barahona la vicesecretaría del PP en Burgos y le mencionó su deseo de contar con él en futuras colaboraciones. Galo Bara­hona respondió que no era el momento de hablar del futuro. Se incorporaron después a la conversación Vicente Orden Vígara y Jesús Sepúlveda, que insistieron en el argu­mento de evitar nuevas divisiones en el PP y de llevar una sola lista de integración.

Galo Barahona estaba escarmentado de lo que podía ocurrir en su partido. Recorda­ba como fue obligado a dimitir cuando formaba parte del equipo de Alvarez de Eulate. Había rumores en el PP de que si la candidatura alternativa seguía adelante, el Congre­so Provincial nunca llegaría a celebrarse. El propio Lucas había declarado en mayo del 90 que el Congreso Provincial no se celebraría mientras no existiera acercamiento entre los distintos grupos. A Galo Barahona le ofrecieron garantías de que los suyos estarán representados en la nueva ejecutiva provincial y que también se contaría con ellos en la próxima lista de concejales. Vicente Orden hizo ofrecimientos similares al sector de los Mateos-Arribas.

Después de su encuentro con Lucas, Galo Barahona reunió en la cafetería Villa Pilar de Burgos a muchos de sus colaboradores, Emilio Izquierdo, José Luis Azpitarte, Miguel Ángel Valdivielso… También estaba Orden Vígara. Barahona les comunicó su decisión de renunciar a participar en el próximo Congreso Provincial del PP. Argumen­tó que Lucas así se lo había pedido al apostar por otras personas y que no deseaba nadar contra corriente. La retirada de Barahona provocó a su vez las de Vicente Mateos y José María Arribas, notablemente molestos con la “felonía” que acababa de cometer Galo. Unos y otros consiguieron introducir a personas de confianza en la nueva ejecuti­va.

El VII Congreso Provincial del PP se celebró por fin el 17 de noviembre de 1990 en el Restaurante Las Quemadas. Hasta minutos antes de su comienzo no se alcanzó un acuerdo entre los diferentes sectores para la confección de los ó’rganos de gobierno del partido. Las voces de Vicente Mateos en algunos momentos llegaron al parque de

Fuentes Blancas. Sin embargo, de cara a la galería, dio la impresión de que se trataba de un congreso “light”. El diputado Juan Carlos Aparicio, de 35 años, resultó elegido presidente provincial del PP. Vicente Orden Vígara fue el nuevo secretario y como vicesecretarios figuraron José Luis Santamaría, Mari Carmen Rodríguez Saldaña, Miguel Angel Ortiz y Alberto Galerón. Barahona, bastante tiempo después, fue desig­nado por Lucas delegado de la Junta en Burgos en sustitución de José Vallés.

SOCIALISTAS CON PROBLEMAS

Las aguas del PSOE burgalés también bajaron movidas durante algún tiempo. El 18 de mayo de 1990 una veintena de militantes anunció su baja en el partido en protesta contra la forma de actuar del aparato. Los que se marchan simpatizaban con la corriente Democracia Socialista de García Damborenea. Entre los más conocidos, dejan el PSOE Pedro Díez, concejal de la primera legislatura democrática y secretario de la UGT de Burgos, Francisco Román, ex delegado de Cultura, y Rafael Prieto, de la cooperativa Luis Labfn. No estaban en la lista de bajas el concejal de Burgos Aurelio Rubio ni el alcalde de Valle de Mena, Armando Robredo, destacados miembros de entre los críti­cos del PSOE.

Los que abandonan el barco socialista no dudaron en dirigir sus principales ataques a Juan José Laborda, presidente provincial del PSOE, al que acusaron de manejar los hilos del partido en Burgos “de la misma forma que Alfonso Guerra en Sevilla”. Le res­ponsabilizaron de haber ordenado a los concejales de Burgos la presentación de una moción de censura contra el alcalde Peña, sin posibilidad alguna de éxito. Francisco Román, sin entrar en más detalles, insinuó actuaciones poco claras de algunos de sus ex compañeros socialistas en asuntos como el plan de urbanismo y el acuerdo alcanzado con Méndez Pozo sobre la licencia de los Maristas. Este profesor de instituto había sido destituido tres años antes del cargo que ocupaba al frente de la delegación territorial de Cultura de la Junta. La forma del cese, según las propias palabras de Román, tuvo ribe­tes ‘jesuíticos, estalinistas y policial es”. Su destitución coincidió con una etapa en la que el Ayuntamiento burgalés y el gobierno socialista de la región estaban en fase de entendimiento, y el delegado de Cultura se empeñaba en fastidiar a Peña con el cumpli­miento estricto de la normativa en materia de patrimonio histórico.

Medio año después de producirse la baja de un importante grupo de militantes, Aurelio Rubio Marcos se decidió a dar el mismo paso. El detonante de su decisión de dejar el Ayuntamiento y el PSOE se pro?ujo durante una discusión con sus compañeros de grupo municipal cuando se negaron a enfrentarse a un nuevo problema urbanístico planteado por Méndez Pozo. En las explicaciones sobre su marcha del PSOE, Aurelio Rubio se mostró cauto y contundente a la vez:

-Mi esfuerzo está resultando estéril. Me siento cansado, frustrado, impotente de ser más útil a los burgaleses para desenmascarar todo este entramado de intereses eco­nómicos y políticos, de dinero y de poder, que marcan el funcionamiento del Ayunta­miento de Burgos. Había que hacer una oposición mucho más radical que tuviera por objeto desenmascarar este entramado. No siempre he encontrado el apoyo suficiente entre mis compañeros de partido. En algunas ocasiones me he quedado sólo.

Rubio apuntaló su anuncio de dimisión con una frase categórica: “el Estado de Derecho en el Ayuntamiento de Burgos está en quiebra”.

El secretario provincial de los socialistas burgaleses, Julián Simón de la Torre, lamentó la marcha del compañero Aurelio, refundador del partido en Burgos, concejal desde 1979 Y candidato del PSOE a la alcaldía de Burgos en dos ocasiones. De la Torre negó el olvido del que se quejaba Aurelio Rubio. El dirigente se agarró a un aspecto formalista -el requisito de presentar por escrito la solicitud de baja en el partido­ para decir que el ya ex concejal seguía militando en el PSOE.

En el Ayuntamiento, Aurelio Rubio fue sustituido por Isabel Abad, la socióloga que, cuatro años después, tuvo que cubrir otra baja, la del ex ministro Corcuera, cuando dejó su escaño en el Congreso de los Diputados por el escándalo Roldán.

El mirandés Julián Simón de la Torre, procurador en las Cortes regionales, entró en política por pura casualidad, de la mano de Juan José Laborda, y desde enero de 1987 dirige el PSOE burgalés. Los problemas que surgieron en la capital nada más hacerse cargo de su nueva responsabilidad como secretario del PSOE por Burgos pudo afrontar­

los con una racional división del trabajo entre Angel Olivares, Juanjo Laborda y él mismo.

Laborda, profesor de Historia, periodista y parlamentario por Burgos desde 1977, mantuvo una dura pugna con Aznar para hacerse con la presidencia de la Junta de Cas­tilla y León. Dejó la política regional poco después de que Aznar se fuera a Madrid como primer paso para alcanzar La Moncloa. Desde 1989 Juan José Laborda es presi­dente del Senado, sin que ello le suponga olvidarse de los avatares de Burgos.

Angel Olivares Ramírez, considerado por los principales implicados en el caso de la construcción como el autentico cerebro de la denuncia, inició una veloz carrera polí­tica en 1988 con destinos en el Gobierno civil de Avila, las delegaciones del Gobierno de Extremadura Y de Castilla y León, y la Dirección General de la Policía. Antes había desempeñado tareas sindicales en la UGT -donde trabó amistad con Matilde Fernán­dez José Luis Corcuera- y trabajó en una fábrica burgalesa de productos capilares, desde la que dio el salto al Ayuntamiento y, durante un breve tiempo, a la Diputación. 


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