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CAPITULO 5

 SE MASCA LA TRAGEDIA

Viernes, 6 de febrero de 1988. En los locales de los empresarios de la Construc­ción de Burgos, en el cuarto piso del número 20 de la calle de Vitoria, han sido ciados los periodistas por directivos de la organización. Su presidente, Jesús de las Heras de Miguel lleva la voz cantante. Le acompaña Juan Renedo Sedano, presi­dente de la Asociación de Promotores-Constructores, integrada en la federación.

De las Heras reparte una escueta nota entre los periodistas y a continuación rompe el hielo:

-Es para deciros que de toda esta movida que ha habido en estos meses de atrás… hemos decidido, con total y absoluta unanimidad del consejo de gobierno de la Federación, presentar a la Fiscalía las denuncias por las irregularidades que hemos venido denunciando en la prensa… Por razones de cortesía hacia la Fiscalía no  queremos haceros entrega de la denuncia…

La nota de prensa de la FEC decía textualmente:

“El consejo Directivo de la Federación de Empresarios de construcción de la

Provincia de Burgos, reunido en el día de ayer, por unanimidad adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

     a) Denunciar ante los tribunales la actitud y forma de contratación de obras que

.r hacen a la compañía de Aguas por incompatibilidad.

b) Abrir un expediente sancionador a las personas y sus empresas que, arrogán­dose la representación de los intereses generales, no hicieron otra cosa que favore­cerse a sí mismos.

e) Tras examinar la grave situación de la construcción y promoción en Burgos, las causas que lo han originado y la naturaleza de las irregularidades cometidas por las personas responsables del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, acuerdan presentar la denuncia ante la Fiscalía de Burgos exponiendo ampliamente los hechos para que se deduzcan las responsabilidades de todo tipo que pudieran existir.

     Hoy mismo representantes de esta organización han procedido a la presentación

De la  correspondiente denuncia ante la Fiscalía en base a los acuerdos adoptados.

     Burgos, 5 de febrero de 1.988”.                         ,

     Jesús de las Heras y Juan Renedo no quisieron ser mucho más explícitos y remitieron  a los periodistas a una segunda sesión informativa para la mañana del día siguiente. De las Heras aprovechó la presencia de los periodistas para expresar su perplejidad por la actitud del alcalde, que acababa de anunciar el embargo de las cuentas corrientes a los ciudadanos morosos y a su vez había perdonado una deuda de casi dos millones a los promotores de Villa Maravillas, edificio de viviendas de alto precio en la zona de la Castellana, en el que residían varios ediles del equipo de gobierno como José María Codón y Manuel Muñoz y el ingeniero José Carrace­do, el superdelegado de la Junta de Castilla y León en Burgos.

Mucho más locuaces y con planos sobre la mesa, al día siguiente explicaron que lo de la Compañía de Aguas se refería a ciertas autoadjudicaciones de obras del entonces delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, José Carracedo, ex jefe del Servicio Municipalizado de Aguas del Ayuntamiento. Lo del expediente sancionador afectaba al consejero delegado de la inmobiliaria Río Vena, Antonio Miguel Méndez, por acudir al Ayuntamiento arrogándose la representación de la federación de constructores sin que nadie se la hubiera otorgado. Lo fuerte venía después.

Anunciaron la presentación de una denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde de Burgos, José María Peña San Martín, contra los tenientes de alcalde José María Codón Herrera y Manuel Muñoz Guillén; contra el delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, José Carracedo del Rey, contra el secretario del Ayuntamiento de la capital, Esteban Corral García, y contra su compañero constructor Antonio Miguel Méndez Pozo.

Renedo fue poniendo sobre la mesa planos y documentos para demostrar ante los periodistas lo que habían hecho constar en un informe de 38 páginas, acompa­ñado de otros documentos, en el que pedían al fiscal que promoviera la acción de la Justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público.

En su relato un tanto novelado, los denunciantes explicaban que los señores Peña y Codón estaban al frente del Consejo de Urbanismo de Burgos, que Codón presidía además la comisión de obras de la que a su vez formaba parte Manuel Muñoz, y que este último presidía la de Hacienda. El entramado se complicaba con Carracedo, ex gerente del Servicio de Aguas y socio de Codón y de Méndez Pozo. En el citado documento se reflejaba que Méndez Pozo “ha sido comensal habitual en casa de José María Peña” y que Codón pasaba fines de semana en una casa que Méndez Pozo tenía en Baqueira y veranaban juntos en el Puerto de Santa María. Además, Codón, Muñoz y Carracedo eran vecinos. En su escrito de denuncia, la FEC contaba al fiscal que en los medios del sector se conocía al alcalde como el “señor Vena San Martín” y a la empresa de Méndez Pozo por el nombre de “Inmo­biliaria Río Peña”. La denuncia entraba después en los casos concretos de supues­tas irregularidades en la concesión de licencias de obras y en las autorizaciones de aprovechamientos urbanísticos.

El presidente de la Asociación de Promotores-Constructores resumió en cifras el contenido de la denuncia.

-Todo esto supone 37.700 metros cuadrados de más, es decir, 377 viviendas que este señor ha hecho a mayores, al margen del aprovechamiento de cada solar, pisos que tenían que haber construido otros empresarios en otras áreas. Todo esto alcanza un valor de casi 2.200 millones de pesetas como cifra inicial, porque no hemos podido investigar todos sus solares.

AMIGOS DE   SIEMPRE

José María Codón Herrera y Juan Renedo Sedano eran lo que se conoce como amigos de toda la vida. El padre del constructor fue testigo en la boda del abogado. La amistad venía también por el lado de la mujer de Codón, Elena Cano, amiga de la infancia de Soledad, Bola, la hermana de Juan. No eran infrecuentes las cenas de los dos matrimonios en la casa de los unos o de los otros. Renedo, a través de su empresa constructora Jerconsa, había comprado unos solares para construir vivien­das entre las Casillas y San Pedro de Cardeña. Solicitó en en el consejo de Urbanis­mo la modificación del Plan de Urbanismo en ese área de actuación, ya que impo­nía importantes cargas en materia de expropiaciones y compensaciones. Urbanis­mo, con el voto de todos los grupos políticos, denegó la propuesta y Renedo se pre­sentó una y otra vez en el despacho de su amigo Codón para tratar de resolver su problema.

Codón trató al asunto con los técnicos de Urbanismo, con Juan Garrido y Car­los de Rozas. Estaba muy claro para el Ayuntamiento. Ese área se concebía como un conjunto a desarrollar unitariamente, lo que implicaba que los que obtuvieran beneficios con la actuación soportaran las cargas que conllevaba la gestión. Codón quiso acabar de una vez con esta historia.

-Mira, Juan; si quieres, haz lo de Míchel y empiezas edificando.

Renedo también mantenía buenas relaciones con el consejero delegado de

Inmobiliaria Río Vena y le fue a contar su conversación con el concejal de Urba­nismo.

-Pero, ¿cómo te ha podido decir eso José Mari?

-Pues es eso lo que me ha dicho, que coja un aprovechamiento de hecho y empiece a edificar.

De nuevo Renedo y Codón abordan el asunto. El teniente de alcalde está harto de la paliza que le está dando su amigo con lo de Las Casillas y le dice que hay que cumplir la legalidad.

     -Que nos la haya metido uno no quiere decir que lo podáis hacer todos.

     Juan Renedo no cejó en su empeño de sacar adelante lo de Las Casillas. Ya lo había intentado solucionar antes con su cuñado y entonces concejal José María Cañada. En plena Plaza Mayor el constructor se cruzó con Codón y Manuel Muñoz y a voz en grito les recriminó la actuación del Ayuntamiento en el asunto Casillas.

Codón le respondió:

-Más voluntad no hemos podido poner.

Juan Renedo estaba convencido de que su problema tenía un claro responsable: el alcalde. José María Peña había tenido pocas relaciones con Juan, no así con su hermano Álvaro, promotor en Burgos del Club Liberal, con el que en otros tiempos había mantenido fuertes discrepancias políticas y al que llegó a vetar en la compo­sición de las listas municipales en 1983. Codón le aconsejó a Renedo sobre la forma de mejorar sus relaciones con el alcalde:

-Deja de llamarle Algarrobo en las barras de los bares y nos vamos a hablar con él. El concejal de urbanismo también había abordado este asunto con el letrado

Pedro García Romera, abogado de Jerconsa y de Río Vena. Según Codón, la fija­ción de Renedo en Méndez Pozo era tal que incluso le imitó en el abogado.

Juan Renedo, a finales del 87, era secretario de la Asociación de Promotores -­Constructores de Burgos, organización que presidía Nicolás Serrano. Tanto en la asociación como en la propia Federación en la que estaban integrada, existía un gran malestar por la actuación del Ayuntamiento en materia de licencias. ”Todos estábamos muy encabronados”, recuerda un empresario burgalés del sector. El Ayuntamiento, a través del Servicio Municipalizado de Desarrollo Urbano, impo­nía unas condiciones muy estrictas ante cualquier proyecto de obras: “Eran normas superprogres que jodían a todos menos a los que no pasaban por el aro como Mén­dez Pozo, que entraba por la otra puerta”.

. Juan se fue a hablar con su hermana Soledad para consultar la viabilidad de una denuncia por vía penal contra el alcalde y demás responsables de sus problemas. Poco después, Juan Renedo y el presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción, Jesús de las Heras, se fueron a cenar al Landa.

-Jesús, o se toman cartas en el asunto o dejo la Federación. Yo estoy dispues­to a dar la cara, pero no puedo hacerlo a título individual.

-No te preocupes; podemos buscar una fórmula, pero antes tenemos que hablar con Nicolás.

Una vez cerrado el acuerdo de presentar la denuncia contra el alcalde y Méndez Pozo, De las Heras agarró de la mano a Juan y le dijo en tono de complicidad y de advertencia a la vez:

-Como te vuelvas atrás no respondo de mis actos.

Jesús de las Heras no terminaba de fiarse de Juan Renedo. Estaba harto de escuchar las quejas de algunos socios de la Federación sobre el trato discriminatorio que recibían por parte del Ayuntamiento, pero a la hora de la verdad no se atrevían a dar la cara. De las Heras llevaba años recopilando documentos con los que asegu­raba poder cargarse al alcalde. Sus problemas con el Ayuntamiento venían de lejos. Cuando rescindió el contrato con su empresa para la urbanización Sur de Reyes Católicos. El aldabonazo fue el cierre por orden municipal, por no contar con la correspondiente licencia, de la planta de hormigones La Abadesa, de la que era socio. El cierre se produjo después de que llegara a oídos del alcalde que De las Heras había dicho: “ya se la he metido a Peña.” El desafortunado comentario se produjo cuando el problema de la hormigonera estaba a punto de quedar resuelto en la vía municipal. Peña ordenó la clausura de la planta.

EL PRECALENTAMIENTO

Tomada la decisión de presentar la denuncia, De las Heras y Renedo fueron a hablar con Nicolás Serrano, quien no se atrevió a enarbolar la bandera de la denun­cia. Nicolás Serrano aceptó la propuesta de presentar su dimisión y fueron convo­cadas elecciones a las que sólo concurrió Juan Renedo. Ante la ausencia de los aso­ciados de la provincia, se decidió ratificar el nombramiento de la nueva junta direc­tiva en una posterior reunión. Renedo se convirtió en presidente provisional de la Asociación de Promotores.

Soledad Renedo aconsejó a su hermano que buscara un abogado de fuera de Burgos para tramitar la denuncia, y le recomendó a su amigo el letrado madrileño Gonzalo Martínez Fresneda. El y Soledad redactaron el escrito de denuncia presen­tado el 5 de febrero en la Fiscalía. Pero la estrategia era mucho más ambiciosa. Había que preparar el terreno ante la opinión pública, antes de presentarse con una denuncia contra el alcalde y el principal constructor de la ciudad. Martínez Fresne­da tenía muy claro desde el principio que esta guerra sólo podía ganarse desde los medios de comunicación. Los últimos meses del 87 y primeras semanas del 88 sir­vieron de precalentamiento.

El 25 de Noviembre de 1987 lanzan un primer comunicado –cuya redacción le fue encomendada al periodista José Luis Guerrero-, con el que avisaban de lo que podía ocurrir:

“La Asociación de Constructores-Promotores de la provincia de Burgos quiere manifestar a la opinión pública el trato discriminatorio que el Ayuntamiento de la capital ejerce con la inmensa mayoría de sus miembros.

Tanto la anterior junta directiva, que presidía D. Nicolás Serrano, como la que desde hoy dirige D. Juan Renedo, muestran su descontento por lo que entienden es un marcado favoritismo de la actuación municipal hacia determinadas empresas del sector.

La Asociación de Constructores-Promotores de Burgos, con el apoyo incondi­cional de la Federación de Empresarios de la Construcción, manifiestan estar dis­puestos a arreglar lo que se estima una anómala situación e indican su disposición para llegar hasta las últimas instancias.

Lo único que, en definitiva, se pretende por estas dos instituciones es que todos los promotores y constructores de esta provincia reciban igualdad de trato del Ayuntamiento de la ciudad de Burgos, que hasta el momento viene evidenciando una descarada tendencia en favor de unos pocos”.

A esta denuncia pública le siguió otra, con sello de la Federación, enviada ellO de diciembre. En ella se decía que el Ayuntamiento de Burgos “municipaliza la ejecución de las obras, haciendo clara usurpación a la iniciativa privada,” y volvía a insistir en el trato discriminatorio que recibían diferentes solares y actuaciones por parte del Ayuntamiento.

Se acababa de declarar abiertamente la guerra del ladrillo. Un colectivo de pro­motores-constructores salió en defensa de Méndez Pozo con un comunicado en el que expresaba su desacuerdo con la forma de actuar del presidente provisional de la asociación, Juan Renedo, y manifestaba que cualquier actuación pública debía de ser aprobada en asamblea. Pedían una reunión urgente para elegir un nuevo equipo directivo. Según ellos, la anterior junta directiva de la Asociación de Pro­motores no estaba de acuerdo con las acusaciones de favoritismo que hizo Rene­do, “por estar vertidas de forma general, subrepticia y sin precisar, en tanto no se aporten justificaciones que prueben el trato discriminatorio en favor de miembros de esta asociación”. Firmaban el comunicado las constructoras Algesa, Aragón, Arranz Acinas, Gonorsa, Ortega, Río Vena, Serrano, Doble GE, Edesio Ruiz Orca­jo, Montoya, S. L., Pedro Gento y Hogares, S. A. Los titulares de estas empresas acudieron al despacho de José María Peña el 15 de diciembre para dejarle claro que ellos no apoyaban la denuncia ni por lo más remoto.

La guerra del ladrillo se desarrolló en varios frentes. El concejal del CDS Luis de Diego presentó una moción en la que proponía la constitución de una comisión investigadora con representantes de todos los grupos políticos, Colegios de Arqui­tectos y aparejadores, Asociación de Promotores y Federación de Construcción. Justificaba la petición de investigar el supuesto favoritismo en la concesión de licencias, “con la única finalidad de velar por el buen nombre de la corporación municipal”.

La moción fue debatida el 22 de diciembre de 1987. Los votos de Solución Independiente impidieron que prosperara, lo que, por otra parte, no constituyó sor­presa alguna. El teniente de alcalde José María Codón fue el encargado de explicar os motivos de este rechazo. Según Codón, todo obedecía a una campaña perfecta­mente orquestada, en la que participaban Jesús de las Heras, Juan Renedo, el CDS, a junta del Colegio de Arquitectos, el PSOE y algunos miembros de Alianza Popu­lar. Codón se quejó e que la opinión mayoritaria del sector de los promotores­ constructores, en contra de la actuación de Renedo-De las Heras, no había sido tenida en cuenta ni por los medios de comunicación ni por los grupos políticos de la oposición. Juan Renedo actuó -según explico José María Codón- por el rechazo municipal a la modificación urbanística de Las Casillas, y De las Heras por sus constantes enfrentamientos con la corporación.

       Codón defendió la legalidad en la que el equipo de gobierno basaba su actuación:

       -Tenemos la conciencia muy tranquila. Admitir la formación de una comisión equivaldría a reconocer implícitamente la existencia de posibles irregularidades, olvidando la participación de los otros grupos en todos los expedientes y del Cole­gio de  Arquitectos en el visado de todos los proyectos urbanísticos.

       El teniente  del alcalde terminó su primera intervención en el pleno municipal con una invitación a acudir a los tribunales:

       Quien conozca la existencia de irregularidades, y nadie pueda alegar ignoran­cia salvo que admita su  propia incapacidad, que se defina y determine, puntualice y saque a  la victima jurídica con nombres y apellidos la localización de las infracc­iones que ahora encubren con la cómoda palabra de irregularidad. Si no se hace esto es porque evidentemente en el fondo se quiere por todos los partícipes de la crítica es desprestigiar y menoscabar el buen nombre del Ayuntamiento bajo el apotegma “calumnia, que algo queda”. O, mejor dicho, de la mayoría elegida por tres veces por el pueblo de Burgos, a quien los corifeos de críticos no pueden hur­tar la legitimidad para la elección de quienes le han de gobernar.

De las Heras calificó de “falsas y tendenciosas” las imputaciones de Codón sobre los motivos que supuestamente le llevaron a presentar la denuncia. “Mi línea de actuación siempre se ha caracterizado por distinguir nítidamente y no mezclar la representación empresarial que ostento con mis vinculaciones individuales y priva­das en empresas”, manifestó el presidente de la FEC.

Días antes de ese pleno, el alcalde Peña ya había retado a los directivos de la Federación de Construcción a que trasladaran a un juzgado sus imputaciones.

El diario de Valladolid El Norte de Castilla jugó un papel relevante en las semanas previas a la presentación de la denuncia. Las acusaciones de favoritismo hacia Río Vena, la comisión de investigación solicitada por el PSOE… eran infor­maciones ampliamente resaltadas por este rotativo, que además se hacía eco de otras filtraciones, como la participación económica del delegado de la Junta, José Carracedo, en una de las empresas de Méndez Pozo. El Norte de Castilla publicó también artículos de opinión. En uno de ellos, del 6 de febrero del 88, firmado por Eloy de la Pisa, se podía leer:

……… Los que antes vivían del Ayuntamiento, de sus concesiones de licencias y

de sus adjudicaciones de obras, se vieron con la arribada de Peña al sillón de alcal­de con que todas aquellas premisas sobre las que había edificado su vida se venían abajo como la teoría de Descartes…Y en el fondo lo que sucede es que todos se ter­minan llevando su merecido”.

El IMPULSO SOCIALISTA

El PSOE, el primer grupo de la oposición municipal, siempre apareció en un segundo plano en los primeros escarceos. La única iniciativa directa que llevó a cabo se materializó el 9 de diciembre, cuando interpuso cinco recursos contencio­so-administrativos contra otras tantas licencias otorgadas por la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Burgos a Clunia y Espolón, inmobiliarias de Mén­dez Pozo.

Sin embargo, el papel del PSOE o de algunos destacados socialistas en todo este asunto tuvo mayor relevancia de la que en su momento pudo parecer. En la sede de San Cosme cada vez se veía con más preocupación la actuación del grupo mayorita­rio en  materia de urbanismo. Después de lo ocurrido con el asunto Maristas y otros en  los que la voz cantante por el PSOE la llevaba el ex concejal José María Tejero, e1 grupo municipal quiso evitar nuevas meteduras de pata. El concejal Ángel Oliva­res Ramírez, que llevaba en el Ayuntamiento desde 1983, terminó convirtiéndose en el gran conocedor de la disciplina urbanística. Según algunos antiguos compañeros, hasta en vacaciones se llevaba a la playa libros sobre la materia.

Los concejales de la oposición ya pusieron el grito en el cielo en 1986 cuando el Ayuntamiento otorgó licencia a la congregación de las Reverendas Madres del Sagrado Corazón de Jesús y Santos Angeles para levantar un edificio -una resi­dencia de la tercera edad- en la calle José Zorrilla, construido y gestionado por Río Vena. En ese mismo año recurrieron las licencias concedidas a Clunia y Espo­lón para levantar una planta más en un edificio de la calle Bartolomé Ordóñez. Oli­vares, escandalizado por lo que consideraba una aplicación del Plan General favo­rable a los intereses de Méndez Pozo, promovió la presentación de recursos con­tencioso-administrativos, lo que a su vez provocó una actividad estrecha con el sector, con arquitectos, aparejadores, promotores, a los que hacía llegar copias de los recursos. A raíz de estos escritos, el edil mantuvo frecuentes reuniones con algunos directivos del colegio de Arquitectos, con Jesús de las Heras y, sobre todo, con Juan Renedo. Este constructor reconoció años después que Angel Olivares fue el primer socialista con el que había hablado en su vida. Jesús de las Heras era viejo conocido de los socialistas, de los tiempos de la Junta Democrática, en la que también estaban Luis Carcedo y José Manuel García Verdugo.

Los empresarios transmitieron al PSOE su intención de presentar una denuncia por la vía penal. En el PSOE se vio con buenos ojos que la Federación de Cons­tructores liderara una acción de este tipo, e incluso hubieran buscado a otros empresarios si De las Heras y Renedo hubieran dado marcha atrás. Con la denuncia podían “parar los pies a Míchel y, de paso, sacudir a Peña” y eso que estaban segu­ros de que no iba a prosperar y de que incluso una condena a Peña no beneficiaría al partido.

Tanto en el PSOE de Burgos como en instancias superiores del partido no se consideró procedente la participación directa de los socialistas. Entendían que la presión social y el aparato judicial hacía imposible que prosperara cualquier acción ante los tribunales por parte del PSOE. Estaban convencidos de que si ellos presen­taban la denuncia el archivo hubiera sido su destino. Tenían ejemplos para pensar así. En varias ocasiones el PSOE intentó sentar en el banquillo a José María Peña por algunas de sus actuaciones. La utilización de la vía de lo contencioso-adminis­trativo también fue debatida en el seno de la agrupación local, dado el alto coste que estas actuaciones representaban para las arcas del partido. con unos resultados poco prácticos.

Fue cuando en un boletín interno de la agrupación local apareció la famosa recomendación de utilizar los tribunales en contra de Peña, una y mil veces esgri­mida por el ex alcalde de Burgos para justificar su teoría de que todo el caso de la construcción no era más que una maniobra del PSOE. El secretario de formación de la agrupación local del PSOE, Jaime Locutura, había escrito a finales del 88: “Toda la agrupación ha de tener como uno de sus principales objetivos ganar las próximas elecciones. Sin embargo, este proyecto común se puede teóricamente alcanzar por diversas vías, y de hecho hay compañeros que opinan que es necesaria una mayor contundencia en las actuaciones municipales; otros creen que es preciso ahondar más en la vía de las denuncias judiciales”.

El PSOE, a través de sus más destacados dirigentes, se convirtió en impulsor de la denuncia de la construcción, manteniéndose en un puesto de observador privile­giado.

La junta de gobierno del Colegio de Arquitectos de Burgos y los concejales socialistas coincidieron en varios de sus recursos contencioso-administrativos. Y no por simple casualidad, ya que desde el PSOE se enviaban los escritos al Cole­gio, y en algunas ocasiones llegaron a reunirse para planificar la estrategia más conveniente para su presentación.

Hubo intercambio de planos y documentos entre constructores, arquitectos y concejales. Los directivos del COAM no sólo pretendían intentar que imperase la legalidad urbanística. También defendían las lentejas de los miembros de este colectivo que desde hacía tiempo eran olvidados por los que realizaban en Burgos, entre ellos Méndez Pozo, la mayor parte de las promociones.

Durante el juicio de la construcción los abogados de la defensa insistieron en que la denuncia se preparó en diciembre de 1987 durante una cena en el restaurante Ojeda entre Ángel Olivares, Luis de Diego, Juan Renedo y el secretario del Cole­gio de Arquitectos, Gonzalo Fernández Sebastián. Allí, según han relatado algunos de sus participantes, no se pudo preparar nada, porque la decisión de presentarla ya estaba tomada. En el Ojeda los comensales hablaron de la comisión de investiga­ción solicitada por el CDS y de la reciente encuesta del Colegio de Arquitectos entre distintos sectores, en la que se ponía en evidencia el malestar de los profesio­nales con la actuación del Ayuntamiento burgalés en materia urbanística. El peor parado en la valoración de los profesionales resultó el Servicio Municipalizado de Desarrollo Urbano. En la encuesta se tenían en cuenta aspectos como la rapidez en la tramitación, eficacia en la gestión, atención personal…

La guerra no tuvo tregua.

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