Eljefe’s Weblog


CAPITULO 3

LOS ORIGENES

            El viernes, 24 de enero de 1964, el Consejo de Ministros, bajo la presidencia  de Franco acordó localizar en Burgos y Huelva los polos de promoción industrial y en  La Coruña, Sevilla, Valladolid, Vigo y Zaragoza, los polos de desarrollo.

            Los primeros tenían por objeto iniciar la industrialización de una zona en la que prácticamente no existiera y que a su vez reuniera condiciones para convertirse en importante núcleo fabril. La decisión del Consejo de Ministros cayó como jarro de agua fría en Aranda de Duero, que competía con Burgos para quedarse con el Polo. En la capital el acuerdo del gobierno se celebró en la calle, con manifestaciones de agradecimiento, y en la Catedral, con misas de acción de gracias. El mallorquin José Fortuny Oñós fue nombrado gerente del Polo.

            José Fortuny, en 1 967, fue reclamado en Madrid por el ministro Laureano Lopez Rodó. Para sustituirle se optó por un joven economista que trabajaba en la comisaría del Plan de Desarrollo: José María Peña San Martín, de 29 años, nacido en el pueblecito burgalés de La Nuez de Abajo. Fue el segundo y último gerente del Polo de Promoción de Burgos, del Gran Area de Expansión Industrial de Castilla y León y más tarde, del Patronato Provincial del Desarrollo, cargo que abandonó en 1893 en aplicación de la normativa sobre incompatibilidades de la ley electoral

‘..

            José María  Peña se había ido a Madrid a estudiar la carrera de Ciencias Económicas tras completar sus estudios primarios y el bachillerato en los colegios burgaleses del Liceo Castilla y La Salle.

José María volvió a Burgos a ocupas el despacho de gerente del polo instalado en el Palacio de la Diputación.

EN LA UCD

Tras la muerte de Franco en 1975, España entró en una nueva fase democrática Peña se afilió a la UCD, la Unión del Centro Democrático. En Burgos, en 1976, el farmacéutico Juan Manuel Reol Tejada creó una filial del Partido Liberal, partido – embrión de la UCD nacido de la mano de Enrique Lanoque. Con Reol entraron Pedro Avellnosa, Pablo Gredilla, Francisco Montoya, Amadeo Fournier… En las primeras elecciones generales, las constituyentes, la UCD consiguió mayoría. Los centristas Juan Manuel Reol, José Antonio González, Manuel Fernández Rodríguez y el socialista Esteban Granado Bombín en el Congreso. Los primeros senadores por Burgos fueron Pedro Carazo, Manuel Chamón Rubio y Félix Pérez y Pérez, todos de la UCD. El representante del PSOE fue el profesor de Historia Juan José Laborda. que se presentó con la candidatura Unidad Democrática para el Senado. integrada también por el independiente Beato González y Juan Luis de Simón Tobalina. de la Federación Democracia Cristiana.

            Esas primeras elecciones dejaron en la cuneta de la vida pública, en algunos casos para siempre, a un largo elenco de políticos locales que intentó conseguir su acta de diputado o de senador: Isaías Herrero, Eugenio García García, José Manuel Ortega del Pozo, José María Francés Gil, Carlos Letona Barredo, Juan Rin, José María Alcalde Arnaiz, Fernando Dancausa de Miguel, Fernando Redondo Berdugo…

            Dos años después, en el Congreso representaban a Burgos tres hombres de la UCD: José Antonio González, Juan Manuel Reol y José Luis del Valle, y el socialista Esteban Granado. Los senadores fueron Carazo, García Verdugo, Laborda y Mariano Losa.

            La renovación democrática estaba a punto de llegar a los ayuntamientos. El médico José Muñoz Ávila había accedido a la alcaldía de Burgos en julio de 1973, sustituyendo a Fernando Dancausa. En febrero de 1976 fue reelegido en votación llevada a cabo por los propios corporativos. Durante el último pleno que presidió, el de la despedida, Muñoz Ávila quiso dejar claro que había sido alcalde con otro régimen político pero sin que ello le supusiera descrédito personal alguno:

            Nada hay que nos avergüence en la trayectoria mantenida desde nuestra llegada a esta Casa… ni voy a caer en la torpeza de salir de esta Casa de todos con la cabeza baja. en actitud humillante, cuando vivimos horas de crítica exacerbada que se ceba hasta en las funciones administrativas de los municipios, identificando a sus gestores con un régimen político que está siendo zarandeado y hecho leña con escándalo, no sólo desde posturas distantes, sino desde sus propias raíces”.

            Juan Manuel Reol se tomó su tiempo en preparar la candidatura al Ayuntamiento de la capital. Habló con José María Codón Herrera, de la ejecutiva provincial de la UCD. que trabajaba en el despacho de su padre, el conocido abogado burgalés José María Codón Fernández. Al ingeniero agrónomo Francisco Montoya Ramos le ofreció el segundo puesto de la lista para presidir la Diputación. Montoya no tenía carné de la UCD, aunque muy pronto se afilió. La lista se fue completando:

Carmen Santos. Jose Luis Calzada (repescado de la anterior corporación), Víctor Martínez. Enrique del Diego… Había que decidir el candidato a la alcaldía. Hubo tanteos iniciales con el abogado Juan Riu. Sus planteamientos político-confesionales le dejaron fuera. La dirección del partido en Madrid tenía ya claro que el candidato de la UCD en Burgos iba a ser el gerente del Polo, José María Peña. Con todo, había que cumplir con lo establecido en los estatutos internos de la UCD y la ejecutiva provincial tuvo que enviar a Madrid una terna simbólica de candidatos.

Durante la reunión de un comité ejecutivo celebrado en la sede del edificio Edinco de la calle Vitoria salieron los nombres de Pablo Gredilla, José María Peña y Eusebio Barañano.

Los alcaldables, a propuesta de Pedro del Barrio, tuvieron que exponer brevemente sus objetivos prioritarios. Gredilla hablo de lo divino y de lo humano. A algunos les pareció  que demostraba grades dotes  oratorias. Peña el candidato de Reol, fue directo al grano y sin ningún ánimo de presumir con un gran discurso, dijo que por su cabeza sólo pensaba el hacer todo por Burgos y  para Burgos.

Las elecciones del 3 de  Abril de 1979 colocaron en el sillón de la alcaldía a José María Peña San Martín . En Aranda de Duero también triunfó la candidatura centrista: Ricardo García García-Ochoa y en Miranda de Ebro, el socialista José Luís Anuncibay.

Diecisiete días más tarde, el raquítico salón de Plenos del Ayuntamiento de Burgos rebosaba de  invitados. En lugar destacado fueron colocados el anterior alcalde, José Muñoz Ávila, el presidente de la diputación Joaquín Ocio, el senador de la UCD José Manuel  García Verdugo y el vicario general de la diócesis, Vicente Proaño. Confundidos entre el público se encontraban otros muchos políticos de la recién estrenada democracia. Allí estaba el senador socialista Juan José Laborda Martín y amigos y familiares de los ediles, como la mujer de José María Peña, María Pilar Robledo.

La mesa de edad quedó formada por Antonio García Martín, que volvía a repetir como concejal y por el joven socialista Pedro Diez Ruiz. De las filas Socialistas tan solo su cabeza de lista Aurelio  Rubio Marcos, acudió con corbata a esta primera sesión. En el PCE fue al cincuenta por ciento, solo lo llevaba García Romero. Uno por uno, los 27 concejales fueron jurando o prometiendo el cargo. Los de la UCD  y los de la Coalición Independiente Democrática (CID) utilizaron la fórmula del Juramento. Los ediles de de Coalición Democrática prometieron el cargo. Los del PSOE y PCE prefirieron también la fórmula de la promesa y además se saltaron la referencia “con lealtad al Rey”

Llegado el momento de las votaciones, el candidato Peña obtuvo 17 menciones, las del grupo centrista y las del CID y CD. Aurelio Rubio Marcos recibió además de los votos de su grupo, los dos del PCE. Antes de que Peña pronunciara su primer discurso, se procedió a constituir la comisión municipal permanente. Este órgano de gobierno pasó a estar formado por Peña, Gredilla, Codón, Martínez Llorente, del Diego, Aurelio Rubio, Luis Escribano, García Rodríguez, Enrique Plaza, García Romero y Cesar Rico.

José María Peña San Martín, con el bastón de mando ya en su poder(con empuñadura de oro y brillantes) pasó a ocupar el sillón de la alcaldía y de espaldas a la imagen  del santísimo Cristo de Burgos, dirigió sus primeras palabras. Prometió servir a Burgos por encima de cualquier interés  particular y partidista “con mi mayor capacidad, honradez, entrega e ilusión”. El nuevo alcalde fue mas allá e incluso di las gracias  a los compañeros de corporación que no le habían votado:

 “Mal alcalde sería si comenzase mi mandato con discusiones o enfrentamientos. Y porque quiero ser el alcalde de todos los burgaleses, sin distinción de matices, pensamientos o clases sociales, desde ahora solicito la colaboración de todos vosotros, ya que erróneamente entenderemos lo que debe ser una política local acertada si no arrinconamos lo que nos separa y no hacemos aflorar lo que nos une “.

            Tras el discurso sonaron los acordes de la Marcha de la ciudad. Al poco tiempo de tomar posesión del cargo, el nuevo alcalde departió con todos los funcionarios municipales con un recorrido que inició por las oficinas de Obras, Urbanismo y fomento de la Construcción. También, acompañado por los portavoces de cada grupo, visitó a las primeras autoridades, al capitán general, Fernando Sanjurjo, al gobernador civil, Antolín de Santiago, al arzobispo, Segundo García de Sierra y Méndez, al presidente de la Audiencia Territorial, Pablo Maqueda Ibáñez, y fiscal jefe, Santiago Martín Andrés.

            Veinte días antes de ese histórico pleno municipal, Jose María Peña y Valentín

Niño Aragón se habían fundido en un cálido abrazo. Peña era homenajeado por la Cruz Roja, institución en la que estuvo ocupando altos puestos: vicepresidente primero y presidente de su junta de gobierno. Su presentación a las elecciones le obligó a dejar estos cargos. El presidente de la Asamblea Provincial de Cruz Roja, el químico palentino Valentín Niño Aragón, le hizo entrega de una placa conmemorativa y, durante un emocionado discurso, recordó que el homenajeado y alcalde en ciernes era una magnífica persona con una densa trayectoria “dedicada al bien de la humanidad”.

S.O.S. EN EL PSOE

            El 2 de abril de 1979, víspera de las elecciones locales, la sociedad inmobiliaria Río Vena inició la construcción de 98 viviendas entre las calles Diego Luis de San Vitores y San Pedro de Cardeña de Burgos, sobre el solar que ocupó el Seminario de Misiones Extranjeras. Vecinos de la zona denunciaron ante el Ayuntamiento que dicha construcción no contaba con la oportuna licencia municipal y no respetaba la necesaria anchura de aceras. Culpaban también a la citada empresa de haber arrasado todo el arbolado. Por todo ello solicitaron de la nueva corporación – ordenara la paralización de las obras e impusiera una sanción a Río Vena.

            La comisión municipal permanente, en agosto de ese año, acordó dirigirse al representante de la Inmobiliaria Río Vena, el aparejador Antonio Miguel Méndez Pozo, instándole a que “en la ejecución de las obras se evite todo daño a bienes públicos y cuidando muy en particular que no sea talado ningún árbol”. Los vecinos de la zona se quejaron también de que Río Vena estaba ocupando toda una acera de Diego Luis de San Vítores, lo que implicaba un grave riesgo para los viandantes por la descarga de hormigoneras, caída de vigas y calderetas de hormigón en la calzada, la corta indiscriminada de ramas de los árboles…

            El alcalde estaba harto con este asunto. No habían pasado cuatro meses desde que accedió al sillón de la alcaldía y no hacía más que recibir escritos de protestas contra la actuación de esa empresa constructora. Peña, además de los requerimientos al constructor, envió a la policía municipal a vigilar las obras y evitar desmanes. El aparejador Antonio Méndez Pozo, consejero delegado de Inmobiliaria Río Vena S. A., sociedad constituida cinco años antes, se sintió maltratado por el nuevo regidor de la ciudad. Méndez Pozo, conocido familiarmente por Míchel, era entones el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Burgos. Compañeros del sector le alertaron de la opinión que sobre él tenía el alcalde de la ciudad. Peña en una ocasión llegó a referirse al empresario como a “ese sinvergüenza” Fue durante un encuentro con directivos de la Cámara de Comercio e industria que presidía Antonio Medrano de Pedro. A Peña no le gustaba la forma de actuar de este emprendedor y lanzado empresario. El nuevo alcalde había llegado al  Ayuntamiento dispuesto a llevar personalmente los asuntos urbanísticos.

El empresario también estaba molesto con la situación. Tenía algunos amigos bien colocados en el Ayuntamiento, pero eso era insuficiente. Pensó que de no contar con el beneplácito del alcalde, lo mejor sería el apoyo del primer grupo de la oposición, el PSOE.

Antonio Méndez Pozo, a través de un hermano suyo, consiguió la recomendación de un conocido político socialista asturiano, Luis Gómez Llorente. Con ese aval constructor se fue al Palacio del Senado en Madrid, para hablar con el senador por  Burgos Juan José Laborda. Gómez Llorente había recomendado a sus compañeros de Burgos que apoyaran a este constructor por ser el único que podía hacer pisos baratos. Méndez le contó a Laborda las dificultades que le estaba planteando el Ayuntamiento de Burgos en el asunto del Seminario. Laborda no vio más que una posible salida:

Mira, yo poco puedo hacer por ti. Peña es el que manda en el Ayuntamiento.

Te recomiendo que hables con los de la mayoría.

No fue esta la única ocasión en que Míchel pisó terreno socialista. En el mismo año de 1979, varios constructores —Méndez Pozo, Jesús de las Heras, Nicolás Serrano, Juan Renedo. . .— acudieron a la sede burgalesa de los socialistas en la Calle San Cosme. El motivo de la expedición fue el de hablar de urbanismo, del nuevo Plan general de ordenación urbana que había empezado a preparar el Ayuntamiento. Terminada la reunión, los constructores abandonaron la sede del PSOE; Todos menos Michel, que se quedó hablando de sus cosas. En años posteriores, Mendez Pozo trató de solventar sus asuntos conflictivos por la vía del diálogo directo con  algunos socialistas. Con Aurelio Rubio. Con José María Tejero. Con Ángel Olivares.. Con Octavio Granado.

Pero el empresario no tardó mucho en mejorar sus relaciones con la clase política gobernante.

EL HERMANO ZACARIAS

El 17 de abril de 1978, José Manuel García Verdugo, delegado provincial del Ministerio de  Educación y ciencia en Burgos, comunicaba en escrito oficial a Zacarías Herrera Tablado, administrador de la provincia Marista de Castilla, el acuerdo favorable de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico-Artístico al proyecto de los Hermanos Maristas para construir 105 viviendas y locales comerciales en las calles Concepción y Barrio Gimeno. Los maristas querían demoler el viejo Liceo Castilla y construir un nuevo colegio en el otro extremo de la ciudad. Con el dinero que pensaban sacar de la venta del solar del Liceo sufragarían parte de la construcción del nuevo centro. Los maristas también contaban con el visto bueno de la Delegación Provincial de Vivienda. Sin embargo, una y otra vez, la solicitud de licencia de obras les era denegada o quedaba sobre la mesa en las respectivas comisiones del Ayuntamiento y en las reuniones del consejo de administración del servicio municipalizado de desarrollo urbano.

            El problema principal se centraba en un aspecto urbanístico: si se consideraba no como “solar excepcional” el terreno donde pretendían construir las viviendas. Ello supeditaba cualquier proyecto de construcción y aprovechamiento urbanístico.

            La corporación municipal surgida de las primeras elecciones democráticas trató el asunto en la primera reunión de su permanente y pospuso una decisión para más adelante. En diciembre, la comisión permanente decidió denegar la solicitud de licencia de obras de los Maristas, al considerar no aplicable el régimen de solar excepcional por faltar las condiciones que a su vez lo calificaran como de edificación forzosa.

            El administrador de los hermanos Maristas lo intentó con el nuevo alcalde. Invocó el cerca de un siglo que esta orden llevaba vinculada a la ciudad y la necesidad de proseguir con su labor docente:

            “Hemos tenido siempre a gala y considerado un deber el trabajar con todo ahínco en la formación de la juventud burgalesa poniendo para ello, en la medida de lo posible, todos los medios de los que hemos dispuesto”

            En enero de 1981, el equipo de gobierno del Ayuntamiento reiteró su negativa a los Hermanos Maristas en la resolución del recurso que habían planteado. El cambio de criterio llegó dos años después, cuando el Ayuntamiento de Burgos aprobó la licencia —tramitada en octubre del 82— para construir 120 viviendas, loca1es comerciales y garajes entre las calles Barrio Gimeno, San Cosme y Concepción. En esa ocasión la licencia no había sido  solicitada por el administrador de los Hermanos Maristas, sino por Antonio Miguel Méndez Pozo en representación de la inmobiliaria Río Vena, S. A. A su vez, Zacarías Herrera Tablado presentó una nueva documentación para construir el Colegio Liceo Castilla en el Camino de Pozanos. El arquitecto fue Juan Manuel Manzanares Pascual, entre los aparejadores figuraba Antonio Miguel Méndez Pozo, y la constructora: Inmobiliaria Rio Vena.

            ¿Por qué consiguió este empresario lo que desde hacía años perseguían los Hermanos Maristas? ¿Por qué a Méndez Pozo, sí, y a Zacarías Herrera, no?

            La licencia para construir en el antiguo colegio de los Maristas fue aprobada por la comisión permanente con el voto en contra de varios concejales, entre ellos  el de Enrique Plaza, de la Coalición Democrática, grupo que apoyaba a José María Peña  hasta entonces. La licencia salió adelante gracias al voto de calidad del alcalde Con todo, la licencia imponía una serie de condiciones a la empresa constructora como una pequeña rebaja del aprovechamiento.

La Junta de Castilla y León, gobernada por los socialistas, ante las irregularidades detectadas, decidió intervenir en octubre de 1983 y ordenó la paralización de las obras que habían comenzado medio año antes.

            La medida dada derivó en una gran polémica política en la ciudad y coincidió casi en  el tiempo  con otra orden de paralización, la de las obras que realizaba la Caja Municipal en la Casa del Cordón. El gobernador, David León, quitó importancia a las coincidencias:

No  puede interpretarse como una política obstruccionista de la Junta hacia los órganos  locales.

El concejal socialista Aurelio Rubio expresó su preocupación por los compradores de estos pisos. Los trabajadores salieron al paso y recriminaron al edil que no pensara también en la pérdida de puestos de trabajo. Los trabajadores pidieron a la sociedad burgalesa, “apoyo moral para impedir un atropello que repercutiría en más de cien familias”. El presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción,. Jesús de las Heras, intervino en la polémica y declaró en El Papel Burgalés:”Las administraciones competentes manifiestan con estos actos una absoluta descoordinación, actos estos que conllevan a una indefensión empresarial y a una inseguridad jurídica impropias de un Estado de Derecho”. El alcalde, José María Peña difundió  el extenso escrito que había enviado a la Junta de Castilla y León en el que comunicaba su negativa a ejecutar la orden de paralización, por entender que podría adoptarse una decisión incongruente o desproporcionada, y no haberse precisado cual era el volumen máximo edificable y la diferencia con el autorizado.

La calma llegó el lunes, 13 de febrero de 1984. Ese día alcanzaron un acuerdo la junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Burgos y la inmobiliaria Río Vena. Se reunieron  el consejero de Obras Públicas, Antonio de Meer, el alcalde, José María Peña, el concejal socialista Ángel Olivares y el consejero delegado de Río Vena Antonio Méndez Pozo. El jueves de la semana anterior, Tejero y Olivares habían aproximado posiciones con el alcalde. Los socialistas también mantuvieron un encuentro con el constructor. Méndez Pozo —según explicaron algunos de los asistentes – estuvo dando a entender que representaba, además de a su empresa, al propio equipo municipal de gobierno. Los socialistas recularon.

            La Junta y el Ayuntamiento, tras el acuerdo de la víspera de San Valentín, redactaron un comunicado conjunto en el que decían: “Se da por finalizado uno de los problemas urbanísticos mas comentados en nuestra ciudad en los últimos meses”. El  acuerdo básicamente consistió en la tramitación de un estudio de detalle comprensivo de la manzana y en la construcción, por cuenta de la inmobiliaria Rio Vena de un edificio de ocho unidades de EGB. Sin embargo el “problema urbanístico no quedó resuelto hasta diez años y cuatro meses después, cuando otra corporación  municipal pudo por fin legalizar esa licencia de obras.

José María Tejero convenció a sus compañeros socialistas de que se había pactado una buena solución, al quedar garantizada la dotación escolar en la zona. A regañadientes, Aurelio Rubio retiró el recurso contencioso-administrativo que interpuso en representación del grupo del PSOE y que también firmó su compañero Antonio García Rodríguez, que ya no estaba en el Ayuntamiento. Este último se negó a retirar el recurso, al igual que el Colegio de Arquitectos, el COAM. Méndez Pozo no logró convencer a los directivos del COAM, Gonzalo Fernández Sebastián y Oscar Espinosa, con los que se llegó a reunir junto al alcalde.

            Algunos socialistas, después de firmado el pacto, se sintieron engañados al descubrir que la licencia de los Maristas obligaba a la construcción de un centro de preescolar en los bajos del edificio. Con el nuevo acuerdo, Méndez Pozo salía ganando, construía el colegio fuera de la manzana y le quedaban libres todos los locales.

            En octubre de 1987, la Audiencia Territorial de Burgos, a través de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo, declaró nula la licencia de obras concedida en 1983, por considerar que el Ayuntamiento incumplió la normativa urbanística de la época (los terrenos no cumplían las condiciones exigidas por el Plan García Lanza para calificar de excepcional el citado solar). El Tribunal Supremo ratificó el fallo judicial en 1989. En la sentencia del caso de la construcción se dice sobre la pieza Maristas que los encuentros con políticos municipales y autonómicos promovidos por el empresario para buscar salidas a los problemas urbanísticos que se le planteaban, “son suficientemente demostrativos de la influencia que, ya en esas fechas, tenía el Sr. Méndez Pozo en el Ayuntamiento, toda vez que era él, con el consentimiento de Peña, el que discutía y negociaba las condiciones de la construcción, con una absoluta dejación de sus deberes por parte del Sr. alcalde’.

GUTIÉRREZ-MÉNDEZ

Antonio Miguel Méndez Pozo nació un 26 de septiembre de 1944 en la ciudad  oscense de Jaca. Allí estaba destinado su padre, Gregorio Méndez, un zamorano aparejador y funcionario, que antes de recalar en Burgos se trasladó con toda la familia a Santander. Míchel vino a Burgos a estudiar Arquitectura Técnica. Elegido delegado de la Escuela, terminó siendo el alumno más brillante de los 64 del esa primera promoción, tal y como le fue reconocido, en forma de premio, en celebraciones posteriores, con plomadas y paletas simbólicas. El mejor expediente de los que iniciaron los estudios de aparejadores en su primer año de andadura, en octubre de 1962, en el viejo edificio de la Escuela de Comercio de San Agustín. Entre sus colegas de pupitre estaba Esperanza Ordóñez, con la que Míchel se casó años después. Compañeros de promoción recuerdan que por aquellos años algunos estudiantes llamaban a Méndez Pozo El Jefe, debido a su impronta de organizador y al deseo de que su criterio fuera siempre el que prevaleciera. Entre otros profesores, Míchel tuvo a José Carracedo del Rey, un albaceteño, Ingeniero Técnico de Obras Públicas y de Caminos, Canales y Puertos, profesor de Resistencia de Materiales y Cálculo Estructural. En 1966 había entrado en el Ayuntamiento de Burgos como ingeniero municipal y dos años más tarde ganó la plaza de director gerente del Servicio de Aguas. Profesor y alumno hicieron buenas migas.

Con un  crédito bancario concedido por Banesto, Míchel se pagó los estudios.

Antes de terminar la carrera, este joven y prometedor estudiante es acogido en el

Estudio del arquitecto José Luis Gutiérrez Martínez, donde trabaja de delineante, mide solares y hace copias de planos. En 1967, con el título de aparejador bajo el brazo, Méndez Pozo se pone a trabajar con José Luis Gutiérrez Martínez en la construcción de pisos.

La sociedad mercantil Vatp, S. A., creada en 1964 por la familia Carcedo Ojeda acomete como principal iniciativa el proyecto “Gran Burgos”, en los terrenos de la antigua Plaza de Burgos (después denominada Plaza de la Cruzada y más tarde Plaza de España), las avenidas de los Reyes Católicos y de General Yagüe y la calle del Morco (ahora calle de la Guardia Civil), que encarga al despacho de José Luis Gutiérrez. Con el paso del tiempo, Carcedo terminó cediendo a Gutiérrez los derechos de construcción sobre sus solares, con excepción de garajes y locales.

El proyecto del bloque GUMEN, edificación emblemática del “Gran Burgos”, tuvo sus problemas con el Ayuntamiento por las alturas, y estuvo condimentado polémica sobre si se aplicaba el plan urbanístico de la época —conocido Paz Maroto—, o el que estaba en tramitación por aquel entonces —el Garcia Lanza—. Después de varias modificaciones, en febrero de 1972 comenzó la construcción del denominado bloque GUMEN, integrado por cinco edificios en la expansión de la ciudad. Antonio Méndez Pozo intervino directamente en el proyecto e incluso se convirtió en el representante de Vatp S. A. en los trámites y  papeleos En 1975 terminaron las obras de uno de los edificios del bloque. GUMEN, el n° 2, con entrada por Reyes Católicos. A sus 31 años, el aparejador pudo ver cómo su primer apellido quedaba inmortalizado en una de las mejores edificaciones de Burgos, el bloque GUMEN, nombre que surge de la “GU” de ~ Gutiérrez y del “MEN” de Méndez. El arquitecto, según algunos testimonios, consideraba a su colaborador como a un hijo.

LAS EMPRESAS DE MÉNDEZ

Los años  de trabajo de Méndez Pozo con José Luís Gutiérrez le reportaron algo mas que la mera experiencia profesional. También había entablado buenas relaciones con amigos y viejos clientes del arquitecto. Con algunos puso en marcha la inmobiliaria Río Vena, S. A., sociedad que comenzó sus actividades industriales el día de los Santos Inocentes de 1974. Su objeto: la compraventa de terrenos, solares y edificios, así como la construcción, promoción y venta de edificios en bloques por pisos y locales comerciales.

El capital social escriturado fue de nueve millones de pesetas, dividido en nueve mil acciones, con el siguiente reparto: Elvira Aguinaga Martínez (viuda y vecina de Oña suscribió 3.510 acciones; Miguel Fernández Mardomingo (profesor mercantil), 270; los abogados Pedro García Romera y José María Concejo Álvarez, 270 acciones cada uno. El aparejador Antonio Miguel Méndez Pozo suscribió casi la mitad de la acciones: 4.240. Los otros dos accionistas fundacionales fueron el perito industria Vidal Valentín Álvarez y el constructor Mariano García Rodríguez.

            Cuatro años después se procedió a la primera ampliación de capital en Río Vena, pasando de los nueve millones iniciales a 70, y Méndez Pozo pasa a ser consejero delegado de la sociedad, con 30 millones del capital en acciones. Los herma nos Enrique y Antonio Aguinaga Martínez (éste último presidente del consejo de administración) pasaron a detentar, entre los dos, el mismo número de acciones que Míchel. García Romera (secretario del consejo) y Concejo se quedaron cada une con 1.621 acciones. Las inversiones en los terrenos, viviendas y locales se estiman en más de 300 millones de pesetas y el valor de la maquinaria fue calculado en unos 50 millones. García Romera cesó como consejero en 1978 y, casi cinco a después, renunció al cargo de secretario, que desde 1989 pasó a ocupar la nueva consejera Loreto Perrau de Pinnick.

            La empresas inmobiliarias de Méndez Pozo fueron creciendo. En 1981 treinta siete socios fundadores crearon Espolón, S. A. Los 160 millones de su capital social no quedaron desembolsados completamente hasta 1985. En la lista de fundadores figuraban Méndez Pozo, con 36 millones de pesetas en acciones; su arquitecto, Juan Manuel Manzanares, 14; Melquiades Álvarez Arias (presidente del consejo de administración), 15 millones. Cantidades inferiores suscribieron Antonio Enrique Aguinaga, Pedro Martín Iglesias, Pedro García Romera y Germán Pérez Ojeda. José Carracedo del Rey terminó de vender a Méndez Pozo su participación de tres millones en mayo de 1982.

            En 1985 se completó el grupo con la creación de la Inmobiliaria Clunia S. A1 Con un capital social de 20 millones, sus fundadores fueron Antonio Miguel Méndez Pozo, que aportó 17 millones y dejó los tres restantes a partes iguales a su hermano José Manuel, a Vidal Valentín Alvarez y a Mariano García Rodríguez. Unos meses antes, con los principales socios de Río Vena, puso en marcha otra empresa para llevar a cabo promociones en Miranda de Ebro: Inmobiliaria Allende Ebro SA. El capital de partida fue de seis millones. Méndez Pozo aportó 2.640.000 pesetas. Antonio y Enrique Aguinaga, igual cantidad entre los dos. Tras convertirse e sociedad limitada, en 1993 Méndez Pozo transmitió sus acciones a sus tres hijos se quedó como administrador único de la empresa. Los hijos del empresario Miguel, Blanca y Gregorio, detentan a su vez el cien por cien de otra inmobiliaria MGB Burgos, S. L., creada en marzo de 1990 con un capital de 3 millones, años después ampliados a 27. Antonio Miguel Méndez Pozo figura como el administrador único de la sociedad.

            Sólo en la capital, Méndez Pozo, a través de sus distintas inmobiliarias, construyó en el periodo 1975-1988 cerca de dos mil pisos, en su mayoría de protección oficial, además de dos colegios y una residencia de ancianos. Méndez Pozo no abandonó durante mucho tiempo su profesión de aparejador, que ejercía en promociones suyas y de otras empresas. En algunos casos para la reforma de un local destinado a tienda de bricolaje en la avenida Eladio Perlado, o para abrir una cafetería en el Paseo Regino Sainz de la Maza.

Por su faceta de aparejador le jugó una mala pasada. Sobre las 00.20 horas del 22 de Julio de 1984, Luis Aparicio García, de 49 años, pasaba por la burgalesa calle de Petronila Casado con tan mala fortuna que resultó muerto por traumatismo craneal al ser alcanzado en la cabeza por un trozo de cornisa que se desprendió de un edificio construido tres años antes por Inmobiliaria Río Vena. Los aparejadores de la obra fueron Antonio Miguel Méndez Pozo y Juan Luis González de Ubieta Sainz de los Terreros. Familiares de la víctima denunciaron a ambos aparejadores por un supuesto delito de imprudencia temeraria. Méndez Pozo y González de Ubieta tuvieron que sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincia1 de Burgos durante dos días, ante los magistrados Daniel Sanz, César Balmori y  Luis Orejón. La letrada Soledad Renedo Sedano ejerció la acusación particular en representación de Amalia Aparicio, hermana del difunto. El 6 de junio de 1988 la Audiencia Provincial de Burgos dictó sentencia absolutoria para los dos acusados pero el Tribunal Supremo, en sentencia de 15 de marzo de 1991, terminó condenando1es a un mes de arresto menor y a indemnizar por partes iguales y solidariamente a Amalia Aparicio con ocho millones de pesetas. Inmobiliaria Río Vena  fue declarada responsable civil subsidiaria.

El negocio inmobiliario le reportó a Míchel importantes beneficios económicos. En 198 9 Méndez Pozo fue preguntado —en una entrevista que publicó Diario  de Burgos— si era multimillonario, a lo que respondió lo siguiente:

“Tengo dinero suficiente para pensar en crear más puestos de trabajo. Tengo el el dinero, necesario para garantizar el bienestar de más familias. Lo tengo para trabajar por la sociedad. Lo tengo sólo para eso, que es para lo único que sirve decentemente el dinero”

Tres años después salió al paso de las cifras que se habían publicado sobre su patrimonio personal, calculado en unos 20.000 millones de pesetas. Méndez Pozo reconoció  que él y su mujer tenían declarados 550 millones de pesetas, “que es muchísimo dinero, pero desde luego ganado honradamente”

ABOGADOS DEL ESTADO

José  María Concejo Álvarez, socio fundador de Inmobiliaria Río Vena, zamorano de Villalpando, ingresó en el cuerpo de Abogados del Estado en 1963 y, durante varios, años estuvo al frente de la abogacía del Estado en Burgos. Casado con urna burgalesa, María Díez Moliner, fue el artífice del primer encuentro Antonio Mendez Pozo-José María Aznar López, en agosto de 1987. Por aquel tiempo, Concejo sólo estaba en Burgos de paso. Su despacho lo tenía ya en Madrid, en el edificio del Banco Bilbao, a cuyo consejo de administración pertenece en calidad de secretario general. Su puesto en Burgos lo pasó a ocupar otro accionista fundacional de Inmobiliaria Río Vena, Pedro García Romera, soriano, que ingresa en el cuerpo de Abogados del Estado en 1969. En 1973 fue nombrado jefe de la abogacía del Estado en Burgos, en sustitución de José María Concejo. Su participación económica en Río Vena convirtió en 1985 al señor García Romera en objetivo a perseguir por el PCE de Burgos. Los comunistas consideraban que no era la persona más adecuada para representar los intereses de la Administración en la Comisión Provincial de Urbanismo. En marzo de 1992 pidió la excedencia en el cuerpo de la abogacía del Estado. Un año antes, el gobernador civil Francisco Cruz de Castro le había destituido de su cargo de jefe de la abogacía del Estado en Burgos por incompatibilidad con actividades privadas.

METERLE EN CINTURA

            La coalición UCD-CD-CJD funcionó sin grandes problemas en el primer Ayuntamiento burgalés de la democracia. Incluso en los primeros años, la oposición—que constituían socialistas y los dos concejales del PCE— pintaba algo. Peña dio marcha atrás en el proyecto de hacer pasar la carretera de circunvalación por el Paseo de la Quinta. En 1976 comenzó la oposición ciudadana a la construcción de la Ronda II. Las protestas consiguieron parar las obras que ya se habían iniciado en el parque de Fuentes Blancas.

            Durante la campaña electoral, la circunvalación era uno de los asuntos mas debatidos. Una tarde se acercó a la sede de la UCD el diputado centrista José Luis del Valle. Reol Tejada preparó el asunto de tal forma que pareciera una presencia casual. Los candidatos municipales, Peña incluido, escucharon las explicaciones sobre alternativas a la circunvalación — ayudándose de una pizarra— que ofrecía del Valle. A todos les parecieron razonables. A Peña, también. José María Codón Herrera recuerda que al comienzo de esa primera legislatura había mucho consenso. Pasado el tiempo, el alcalde consideraba una pérdida de tiempo el tener que hablar y negociar todo. También recuerda el ex concejal que en un principio el alcalde y el constructor mantenían unas tensas relaciones: “Peña consideraba que Méndez Pozo se pasaba todo por el arco del triunfo y que había que meterle en cintura”

            Los recuerdos del ex edil socialista Aurelio Rubio van todavía más allá, puesto que, según él, Peña dio instrucciones a determinados funcionarios para que estuvieran en alerta ante las acciones del constructor, e incluso “llegaron a engancharse” Mediada la legislatura, Peña cambió de actitud con respecto al polémico constructor. Parece que en ello tuvo mucho que ver el edil Manuel Muñoz.

            El alcalde burgalés se olvidó pronto de su militancia en la UCD. Al poco de salir elegido, dejó de acudir a las reuniones de la directiva provincial, posiblemente porque a Reol se le paraba el reloj, según recuerdan algunos, y las sesiones se hacían interminables.

LAS SIERVAS

            Méndez Pozo no dejaba de tener problemas con sus promociones. En 1978 terminó de construir, entre la Avenida del Cid y Sanz Pastor, el conocido como edificio de Las Siervas. La delegación de Burgos del COAM, el colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, denunció en enero de 1979 la construcción de más de dos mil  metros cúbicos de exceso, con los que se habían habilitado para vivienda otros 700 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Peña abrió un expediente por infracción urbanística que dio por concluido en enero de 1981, imponiendo a Río Vena una multa de 6.142.125 pesetas. Siguió adelante la tramitación de la denuncia de los arquitectos y, en su última instancia, el Tribunal Supremo ordenó, en 1988, la demolición del exceso de volumen construido Recursos de revisión y otras acciones legales retrasaron por los siglos de los siglos la ejecución de la sentencia. En Octubre de 1992 el pleno del Ayuntamiento de Burgos legalizó el edificio de Las Siervas, “primera de una cadena de resoluciones injustas de las que se beneficia Mendez Pozo”, según relata la sentencia del caso de la construcción,

            Muy cerca del edificio de Las Siervas, en la calle de Sanz Pastor, otro inmueble de Río Vena, construido en el solar que ocupaba un garaje, provocó nuevas disputas políticas.

Son las 11,30 de la mañana del lunes, 3 de junio, de 1985. Un funcionario de la delegación de Cultura de la Junta de Castilla y León en Burgos se presenta en las obras de la Inmobiliaria Río Vena en Sanz Pastor, donde en esos momentos trabajaban unos 20 obreros. El funcionario acude con el apoyo de una dotación de la Policía Nacional que había sido solicitada al gobernador civil, David León Blanco, por e1 delegado de Cultura Francisco Román Martín. La policía no llega a intervenir. El funcionario consigue que todos dejen el trabajo esgrimiendo una orden de suspensión inmediata de las obras, firmada por el Director General del Patrimonio, Enrique Baquedano, basándose en que se estaba construyendo más volumen del autorizado en la parte superior, a partir de la cornisa.

            La Junta de Castilla y León había ordenado el 13 de marzo la paralización de las obras por incumplir los acuerdos de la Comisión de Patrimonio Histórico. Mendez Pozo interpretó la orden a su manera y solo dejó de construir en la parte suprior del inmueble. El delegado de Cultura en Burgos, el ugetista Francisco Román denunció por desacato al empresario.

            Méndez Pozo, tras la paralización completa de las obras, decidió protestar de una forma  un tanto insólita en un empresario, y se encerró en los locales de la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción de Burgos, en la calle de Vitoria. El presidente, Jesús de las Heras, y otros directivos intentaron convencerle para que dejara de montar numeritos y se fuera a hablar con los que podían solucionarle el problema. Al consejero delegado de Río Vena le pareció pobre el apoyo que estaba recibiendo desde la Federación. Míchel no entendía lo que le estaba pasando y apabulló a periodistas y políticos con planos y soluciones técnicas ya estudiadas por la comisión de Patrimonio. De las Heras se fue a hablar con el delegación de Cultura y luego se ofreció de intermediario Viajó con Méndez Pozo a Valladolid dos días después. En Burgos los trabajadores de la constructora se negaron a  parar el tajo y amenazaron con encerrarse en la Casa de Cultura, en la Plaza de San Juan, aunque finalmente dejaron en suspenso sus protestas para no estropear lo que se estaba cocinando en Valladolid.

            Después de más de ocho horas de reuniones con técnicos de la consejería —el propio director general, Enrique Baquedano, y Raúl García del Pozo, de la confederación Castellano-leonesa de la construcción asistieron a parte de las reuniones— Míchel accedió a derribar cuatro pilares que sobresalían en la cubierta.

            El 10 de junio de 1985 se reanudaron las obras. El PCE de Burgos, que se había destacado en la denuncia del asunto Sanz Pastor, calificó el acuerdo de “parto de los montes” y acusó al director general de Patrimonio de haber dejado con el culo al aire al delegado de Cultura en Burgos, Francisco Román. Desde la Consejería se salió al paso con un comunicado de prensa en el que explicaba que por parte de la

Junta “no ha existido un tratamiento irregular, ni agravios ni favores hacia la inmobiliaria Río Vena”. La Federación de Empresarios de la Construcción se felicitó por la rapidez de la administración regional en resolver el asunto. La FEC recalcó en una nota que el edificio en construcción se ajustaba en sus volúmenes y número de alturas al proyecto aprobado, y que en ningún caso se desprendía que se hubiera ejecutado ninguna planta no autorizada ni infringido los volúmenes. En el último punto podía leerse:

            “La Federación interpreta que por parte de la empresa nunca existió voluntad de ánimo de ningún tipo de desobediencia, tal y como ha quedado patente en el transcurso de los hechos”.

            Dos años y casi ocho meses después, Jesús de las Heras y Juan Renedo incluyeron este asunto en la denuncia del caso de la construcción. Argumentaron que el edificio de Sanz Pastor se tramitó con visado negativo del Colegio de arquitectos, e incumplió el plan de urbanismo al no respetar la reserva de viales, alturas y número de plantas. “En resumen, han construido lo que les ha dado la gana en donde han querido”. Así se expresaba la Federación de Constructores sobre el tema Sanz Pastor en la denuncia enviada al fiscal.

ALCALDE, FUNESTO

            Los primeros años del gobierno municipal de José María Peña registraron varios momentos de alta tensión política. El Colegio Universitario manifestó durante un tiempo un estado de cabreo permanente hacia José María Peña. Con cuatro bufidos y su indiscreta corpulencia —sus 110 kilos de peso y una altura de 1,84 impresionaban a cualquiera— el alcalde consiguió que depusiera su actitud un grupo de estudiantes protestones que intentaba encerrarse con sus sacos de dormir en las dependencias  municipales. El Ayuntamiento y la Diputación se habían negado a firmar los presupuestos del Patronato del Colegio Universitario, por entender que la Universidad de Valladolid había incumplido sus compromisos sobre el proceso de integración de este centro universitario. Los profesores del CUI se quedaron sin cobrar e iniciaron una huelga que fue apoyada por los propios estudiantes. Estos protagonizaron numerosas protestas dirigidas principalmente a Peña.

            “Alcalde, funesto, aprueba el presupuesto” Con este grito de guerra tres centenares de estudiantes intentaron el 3 de marzo de 1983 boicotear un pleno municipal en  que, precisamente, se debatía el problema universitario

            En la primera legislatura Peña pisó fuerte en el tema del Teatro Principal. El lª de Abril  de 1982 el pleno municipal acordó convertir el abandonado inmueble isabelino  en oficinas municipales. El pintor Luis Sáez y el arquitecto Miguel Ángel Martínez intentaron evitar la tropelía y pidieron que Bellas Artes declarase el edificio  monumento histórico-artístico. En plena campaña electoral, Peña se había mostrado cauto cuando era preguntado por sus planes con respecto al Teatro Principal.

—Es parte de nuestro patrimonio artístico que hemos de respetar por encima de todo y  respetar no es mantenerle en la forma indigna en que se encuentra.

No tardó mucho en desvelar sus verdaderas intenciones. Días después de adoptar el acuerdo de trasladar la Casa Consistorial al Teatro Principal y en plena polémica ciudadana, Peña reunió a los periodistas, arropado por los ediles Del Diego Simón, César Rico, Manuel Muñoz y Víctor Martínez.

            —En esta casa no hay más fuerza que la de la razón y no hay más razón que la de  mayoría que impone la democracia. ¿Hay algún destino más noble para la ciudad y el propio teatro que destinarlo a Casa consistorial? Es una decisión valiente que sabemos que es controvertida, pero atendiendo a las necesidades de Burgos y viendo los problemas desde dentro, con realismo.

En 1983, Burgos se preparó para celebrar el Mil Cien Aniversario de la fundación  de la ciudad por el conde Diego Porcelos. Ese año, Burgos, sede de la VI Region Militar, acogió los actos del día de las Fuerzas Arruadas. La presencia de los Reyes realzó las celebraciones. También acudieron a Burgos el presidente del Gobierno, Felipe González —al que Peña intentó evitar- y los de cinco comunidades autónomas La ciudad estrenó nuevo Conservatorio Municipal sobre el demolido convento de las madres Bernardas e inauguró en la Plaza de España el monumento  a las Fuerzas Arruadas. Todos estos actos se celebraron pocos días después de las  elecciones locales del 8 de mayo. José María Peña acababa de repetir como Alcalde: en esta ocasión, al frente de la candidatura de la Coalición Popular que formaban Alianza Popular, Partido Demócrata Popular y la Unión Liberal. Peña fue colocado como número uno de la lista junto a las siglas del PDP en calidad de independiente. AP-PDP-UL consiguió 19 concejales, frente a ocho del PSOE. El PCE se quedó en las puertas, al tener que repartir el voto de izquierdas con la asociación electoral Todos Unidos, del barrio de Gamonal.

En la  elaboración de la lista ganadora jugó fuerte el presidente de Alianza Popular de Burgos, el cirujano y senador Vicente Mateos Otero. Peña consiguió imponer en puestos destacados a Miguel Vallecillo, a José María Codón, a Enrique del Diego…También estaba prevista la inclusión de otro hombre de confianza de Peña, Víctor Martínez Llorente. En el último momento Mateos tachó el nombre de Martínez Llorente y le cambió por el de José Antonio Bañuelos, “que era el recomendado de la CEOE”. Cuando Peña se enteró de lo ocurrido, mantuvo una cruda conversación a través del teléfono con el senador Mateos. José María Peña llegó incluso a amenazar al presidente de AP con dejarle colgado. Mateos no se inmutó. Se sentía bien respaldado en Madrid por el presidente del comité electoral de su partido, Abel Matutes. En la financiación de la campaña colaboraron empresarios burgaleses a través de la FAE. Entre los que echaron una mano en las tareas recaudatorias estaba el constructor Jesús de las Heras.

            La segunda legislatura municipal estuvo plagada de acontecimientos importantes para la ciudad de Burgos, muchos de ellos directamente vinculados a la gestión municipal. Se puso en marcha la estación depuradora de aguas residuales; fue inaugurada la carretera de circunvalación. Se aprobó, por fin, el nuevo plan de urbanismo. Prosiguieron las conversaciones con Renfe para eliminar los pasos a nivel en el casco urbano. Los conflictos entre los partidos de la coalición gobernante en el Ayuntamiento afloraban un día sí y otro no. Peña vetó a Enrique Plaza, que era el candidato de AP, para presidir la Caja de Ahorros Municipal. El consejo de administración de la entidad terminó siendo presidido por el teniente de alcalde José María Arribas Moral, muy a pesar de José María Peña.

            Los enfrentamientos del alcalde con su teniente de alcalde fueron habituales. Arribas Moral subvencionó a la Hermandad de Peñas y Casas Regionales, con dinero de su bolsillo, para publicar una revista. En agradecimiento, su fotografía ocupó lugar destacado en la publicación. Ello irritó tanto al alcalde que a punto estuvo de producirse un cisma entre la primera autoridad municipal y las peñas, principal cantera del peñismo. Fuera ya del Ayuntamiento, el entonces procurador José María Arribas celebró la llegada del año 88 enviando, vía fax, desde un hotel marbellí un artículo titulado “Sencillamente lamentable, señor alcalde”, en réplica a unas declaraciones de Peña. El alcalde burgalés había aprovechado el tradicional balance de final de año para meterse con el ex teniente de alcalde por un asunto tan personal como su reciente separación matrimonial. Arribas le recriminó el que no supiera respetar algo tan sagrado como la vida privada.

            El independiente Peña se negó a firmar la ficha de afiliación del PDP, el partido que le arropó en la segunda legislatura. El senador Agustín de la Sierra —el ex alcalde de Villadiego, promotor de la uniprovincialidad intentó sin éxito el fichaje del alcalde burgalés. La posible afiliación de Peña en el PDP provocó una tormenta política en esta formación que lideraba Oscar Alzaga. Entre los que lucharon para evitar el desembarco, de Peña y los suyos estaba el procurador Juan Carlos Elorza, que en junio del 84 rompió su carné. Después lo hizo el concejal Jaime Esparza. En el V Congreso Provincial de AP Burgos, celebrado el 10 de febrero de 1985, el secretario José María Arribas se vio obligado a retirar el tirón de oreja que había dedicado en su ponencia a los “políticos independientes”. Manuel Fraga sentó a su lado a José María Peña durante una comida con afiliados celebrada en Casino, y no dedicó más que palabras de elogio hacia el alcalde burgalés, aunque don Manuel se negó a opinar sobre la falta de carné de la autoridad burgalesa.

La coalición de Peña y sus independientes con AP-PDP-UL sobrevivió a pesar de  muchas cornadas que se dieron los socios. El alcalde recibió otra cornada bien distinta durante una capea celebrada en la Semana Santa de 1985 en tierras sa1mantinas. Su afición taurina le propinó un buen susto. Una vaquilla que intentaba torear causó heridas leves al edil burgalés. Aunque Peña nunca ocultó su percance con la vaquilla, el teniente de alcalde Enrique del Diego pensó que no era bueno  o que trascendieran las frivolidades taurinas de la primera autoridad municipal y ofreció otra versión de lo ocurrido. Contó que el alcalde se había lesionado cuando jugaba a los bolos en su pueblo natal.

Al margen de cuernos y bolos, hubo también sus más y sus menos con respecto al Teatro Principal. Algunos ediles del grupo mayoritario discreparon de los planteamientos del alcalde, quien no se amilanó ante el ministro de Cultura Javier Solana cuando, durante una visita a Burgos, intentó convencer al edil sobre el destino del inmueble isabelino. José María Peña firmó en 1984 un preacuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y la Junta para devolver al viejo edificio su tradicional uso, pero luego volvió a su antiguo planteamiento de convertirlo en sede municipal. Con  la administración regional socialista fueron muchos los conflictos. El mayor porcentaje los acaparó el Estival 84, un conjunto de actividades culturales programadas para los meses de verano por la Junta de Castilla y León. Juan Manuel Serrat y Radio Futura no pudieron actuar en Burgos porque el Ayuntamiento se negó a ceder el polideportivo municipal.

La mayor polémica se montó con la representación, el 4 de agosto de 1984, de la obra  Teledeum por el grupo teatral catalán Els Joglars El patio del instituto Cardenal López de Mendoza fue el escenario donde finalmente pudo ser representada la obra. Las sillas que ocuparon unas dos mil personas tuvieron que ser cedidas por Ayuntamiento de Valladolid. El alcalde en funciones, Manuel Muñoz, se puso  claramente del lado del arzobispo, quien había recomendado días antes a los fieles que no asistieran al espectáculo por considerarlo un escarnio a la religión católica. Al final el abogado Juan Riu denuncio al director teatral Albert Boadella y a nueve actores de su grupo. De su defensa se hizo cargo la letrada burgalesa Soledad Renedo Sedano. La Audiencia de Burgos dictó sentencia absolutoria.

ANTIAUTONOMIA

Lo que más exasperaba a Peña era el tema autonómico. Desde un principio, en1987, el Consejo General de Castilla y León, el ente preautonómico, fijó su sede en Burgos en razón de que sus dos primeros presidentes, Juan Manuel Reol Tejada y Manuel García Verdugo, residían en la capital burgalesa. Primero ocupó dependencias del Palacio de la Diputación y después se ubicó en el Palacio de la Isla. Este edificio fue comprado en 1939 por el Ayuntamiento y la Diputación en la cantidad de 821.000 pesetas. Durante muchos años se dedicó a residencia de verano de Francisco Franco.

Tras las elecciones autonómicas del 8 de mayo de 1983 el PSOE consiguió 42 procuradores, frente a los 39 de la coalición AP-PDP-UL, los dos del CDS y uno del PDL. El socialista Demetrio Madrid López fue investido presidente de la Junta de Castilla y León durante un acto que se celebró el 23 de mayo en Tordesillas. Seis días después, Demetrio Madrid celebró su primer acto oficial en el Palacio de la Isla, donde dio la bienvenida a Sus Majestades en su primer viaje oficial a Castilla y León. El 3 de junio, en Burgos, tomaron posesión del cargo los miembros del primer gobierno de Castilla y León. A Demetrio Madrid no le parecía práctico eso de dirigir desde Burgos la región más extensa de Europa y decidió el traslado provisional de la sede de las instituciones a Valladolid. La fuga del presidente de  la Junta provocó la airada reacción de Peña, que se dirigió al todavía presidente de  la Diputación, Francisco Montoya (Tomás Cortés estaba a punto de tomar posesión del cargo), y ambos dieron las correspondientes órdenes para sacar del Palacio de la Isla los bienes propiedad de las entidades que presidían, reclamando, al mismo tiempo, el edificio cedido en su momento al ente preautonómico. El 18 de agosto de 1983 el Ayuntamiento, con el voto en contra de los socialistas, se pronuncio oficialmente contra el traslado, que califica de ofensivo para el pueblo de Burgos.

            El 3 de abril de 1985, José María Peña publicó en ABC un artículo en el que proponía al presidente del Gobierno, Felipe González, la celebración de un referéndum para que los españoles manifestaran su opinión sobre las autonomías. La suya estaba muy clara: “Creo que el sistema autonómico, tal y como está concebido, es un enorme despropósito político, voluminoso cáncer que va a roer en pocos años hasta las mismísimas entrañas de la economía española, sin aportar a la sociedad ventaja alguna en orden a la satisfacción de sus necesidades”.

            En el verano anterior, con motivo de la celebración del Día del Burgalés Ausente, José María Peña en su discurso afirmó que los burgaleses “amamos en español, sentimos en castellano y actuamos en burgalés.” Después se refirió a que “algunas voces, roncas de odio, proclaman independencias y rompimientos como si la unidad de España fuese un asunto negociable o posible”. Y terminó con una advertencia: “… quizás olvidan que Castilla y Burgos, que hicieron la unidad de España, no van a consentir su rompimiento. Los burgaleses respetamos autonomías administrativas, colores políticos y discrepancias en la forma, pero hemos sacrificado, entregado y ofrecido demasiado a la causa de nuestra Patria para que consintamos veleidades independentistas”.

            Su fobia a todo lo que oliera a la nueva organización territorial de España, incrementada por la decisión de los socialistas de fijar los despachos oficiales en Valladolid, le llevaron a José María Peña —secundado por Tomás Cortés— a protagonizar numerosos desplantes a las autoridades de la comunidad autónoma. En una ocasión Peña y Cortés declinaron la invitación del presidente de la Junta, Demetrio Madrid, para asistir a una recepción con motivo de un viaje oficial a Burgos. El alcalde y el presidente de la Diputación también se negaron a recibir al presidente de las Cortes regionales, Dionisio Llamazares. En 1985, con motivo de la inauguración de una exposición de maquinaria agrícola, el capitán general de Burgos se vio obligado a recorrer en dos ocasiones los stands. Primero, con el alcalde Peña y su séquito. Después, con Demetrio Madrid. Los organizadores tuvieron que preparar una doble inauguración —la oficial con el alcalde— ante la insistencia de Peña de no querer ver ni en pintura al presidente de la Junta.

La Junta Pro Burgos estaba, a finales del 84, en plena campaña para promover la salida  de la provincia burgalesa del ente autonómico. José María Peña, Tomás Cortés y los 33 de Villadiego se mostraban firmes en su decisión de “reconstruir Castilla. La Junta Pro Burgos buscaba firmas de apoyo en cada rincón. Consiguió entre otros, el apoyo del alcalde de un pueblo de Jaén, Cabra del Santísimo Cristo El socialista Juan Carmona, que había encabezado una delegación andaluza que estuvo en tierras castellanas para honrar al Santísimo Cristo de Burgos, fue requerido durante una comida para firmar un escrito en apoyo de lo burgalés. Sin saber muy bien lo que se cocía, estampó su firma para quedar bien con sus amigos burgaleses. De vuelta en Cabra, el PCE —no lo hizo su propio partido, el PSOE—puso el grito en el cielo y el alcalde andaluz rectificó.

NUEVO PLAN DE URBANISMO

Desde  que accedió por vez primera al Ayuntamiento, José María Peña siempre tuvo clara la necesidad de contar con un nuevo plan de urbanismo. En noviembre de 1979 adjudicó al equipo Delta Sur la redacción de la nueva normativa urbanística de la ciudad. Transcurrieron más de tres años hasta que el Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU, quedó aprobado en el Ayuntamiento con carácter inicial. Partidos políticos, organizaciones empresariales y numerosos colectivos y particulares presentaron alegaciones. Casi todo Burgos alegó menos el constructor Mendez Pozo, quien, “aprovechando la confusión que produjo en Burgos la aprobación inicial del nuevo plan, comenzó un proceso de negociaciones con distintos propietarios de terrenos en suelo urbano, al tiempo que presentaba, siempre en nombre  de éstos, una serie de propuestas al Ayuntamiento, una vez concluido el periodo de información pública, tendentes en todos los casos a obtener una notable mejora en los aprovechamiento…», según reza en los hechos probados de la sentencia del caso de la construcción. El PGOU quedó finalmente aprobado el 27 de septiembre de 1985 con destacadas modificaciones sobre lo que figuraba en los documentos expuestos al público en 1983. Méndez Pozo, y así lo reconocen hasta sus enemigos, no fue el único constructor burgalés que salió beneficiado entre las fases aprobatorias del nuevo plan.

Los concejales de la oposición votaron a favor del PGOU y eso que tan sólo fue aceptada una de las 12 enmiendas que presentaron, sobre los metros de vuelo permitidos en base a la longitud de las calles. José María Tejero afirmó durante el pleno municipal del 28 de diciembre de 1984 que el plan de urbanismo que acababan de  aprobar todos los ediles era bueno, realista, viable y ajustado a unas previsiones de crecimiento de la ciudad. Sin embargo, en las filas del PSOE se produjo una baja destacada, la de Aurelio Rubio Marcos.

Rubio, candidato del PSOE en dos ocasiones a ocupar el sillón de la alcaldía de decidió no acudir al pleno municipal en el que se aprobó el PGOU. Prefirió ausentarse y no verse obligado a cumplir las instrucciones recibidas: el plan tiene que salir aprobado por unanimidad. Antes del pleno, los ediles socialistas debatieron las alegaciones. En su mayoría desconocedores del tema urbanístico, esperaban, antes de votar, a ver lo que hacía Octavio Granado, que llegó a reprocharles:

            —Joder, votad antes vosotros, que estoy cansado de que secundéis lo que hago yo.

            Con el asunto Maristas, Aurelio Rubio ya tuvo que tragar retirando el recurso contra la concesión de la licencia. Ahora no estaba dispuesto a seguir el juego a José María Tejero, el concejal de los socialistas en el Consejo de Urbanismo, w profesor de Geografía que procedía de más a la izquierda del PSOE, partido en que entró de la mano de Federico Sanz y Juan José Laborda. Colaborador de 1 técnicos del equipo Delta-Sur. Mediador en todos los expedientes conflictivos Méndez Pozo. En el asunto Maristas, en el expediente de Continental Auto, ~convenció a sus compañeros de que los vecinos iban a salir beneficiados con traslado de los depósitos de combustible y de la estación. Al final, gracias, entre otros, al edil Tejero, fue Inmobiliaria Río Vena la que se benefició de mayores aprovechamientos urbanísticos. Medió también en otros conflictos urbanísticos, e el G-2 bis, en la calle de San Francisco, y en obras polémicas de otros constructores, como el edificio de Los Pisones, construido por el empresario José María Uribe, y por los arquitectos Carlos y Miguel Ángel Martínez, cuñados de Juan José Laborda. Tejero, un “agente doble”, según le califica un ex compañero de partido) de asiento, provocó una grave crisis en su propio partido.  En diciembre de 1984 el comité local del PSOE de Burgos capital vio ampliamente rechazada su gestión por la política seguida por el grupo de concejales e materia de urbanismo. Entre las voces críticas destacaron las del procurador Daniel de la Iglesia y la del diputado Luis Escribano. En la reunión se propuso la destitución del concejal Tejero. El secretario de la agrupación local, el diputado Federico Sanz, ante el rechazo a su gestión, presentó su inmediata dimisión. Pocos días – pues las aguas volvieron a su cauce y Federico Sanz regresó a la secretaría comité local. En su programa se marcó como principal objetivo defender la actuación del grupo de concejales socialistas, “respaldando las decisiones democráticas que se tomen en su seno y la línea de oposición constructiva que vienen manteniendo en el Ayuntamiento”.

            Tejero compatibilizaba por entonces el cargo de concejal con su nuevo en el servicio de Cartografía de la Junta en Valladolid. El traslado había sido negociado con el consejero Antonio de Meer desde San Cosme, 4 —la sede c PSOE—, principalmente por Octavio Granado, que ardía en deseos de privarse la presencia de su compañero. La compatibilidad se le terminó una vez quedó aprobado el PGOU de Burgos. Tejero siguió en Valladolid hasta que se vio obligado salir por la puerta de atrás, siendo Jesús Posada presidente, a raíz de un expediente que le fue incoado por supuestas irregularidades en adjudicaciones de trabajos. Hasta la denuncia de la FEC de 1988, nunca se había hablado tanto en de los constructores como en el verano del 85, cuando varios empresarios del sector fueron amenazados por un grupo denominado CECA. José Miguel de las Heras, hermano del presidente de los constructores, llegó a ser secuestrado por unos desconocidos que, después de drogarle, le dejaron abandonado atado a un árbol en Condumios de Arriba, Guadalajara. Las amenazas de extorsión alcanzaron a unos a unos cuantos constructores burgaleses. Del suceso pronto se dejó de hablar. El gobernador Civil David León Blanco, negó que existiera una banda organizada. Siempre se mostro receloso.

EL INSTITUTO  DE ESTUDIOS CASTELLANOS

El 27de junio de 1984, en el Ayuntamiento de Burgos se procedió a la firma de la carta notarial por la que se constituía el Instituto de Estudios Castellanos. Sus Promotores  anunciaron que el IEC iba a llevar el nombre de Claudio Sánchez Albornoz y  que, entre sus fines, estaban los de potenciar, divulgar y favorecer la investigación dentro de los campos de la Historia, la Economía y la Sociología. La firma se realizó llevó a cabo en el despacho del alcalde, José María Peña, uno de los promotores fundadores del IEC. El consejo rector de la entidad pasó a estar presidido por el abogado madrileño Rafael Pérez Escolar, promotor de la reconstrucción millonaria del monasterio cisterciense de Santa María la Real de Bujedo —cenobio ubicado en una finca de su propiedad— y creador de la Plataforma Independiente, una conjunción de asociaciones de amas de casa, jubilados, sindicatos  que funcionaba a1 margen de los partidos políticos.

Tres años después, Pérez Escolar cedió a José María Peña las siglas SI de Solución Independiente, partido político que tenía convenientemente registrado el abogado madrileño y consejero de Banesto con Mario Conde. Era la carta que Peña guardaba bajo la manga cuando los aliancistas burgaleses se rebelaron en la confección de las listas a las municipales del 87. Años después, Pérez Escolar se desvinculó de su criatura, del “partido antipartido”, como él mismo lo definió. En una ocasión explicó que Solución Independiente era el instrumento para que unos señores pudieran presentarse en su pleno derecho a unas elecciones, pero sin consignas,

Instrucciones ni disciplina de partido. En una entrevista con la periodista Mery Varona publicada en el Diario de Burgos en 1989, Rafael Pérez Escolar declaró que no tenía ningún fundamento el que en Burgos se le conociera con el apelativo Señor del gran poder”. Un protagonista importante de la vida política burgalesa últimos lustros ha llegado a afirmar que “Peña era el tonto útil, Méndez un instrumento necesario que se sabe aprovechar bien, y el director de la película Pérez Escolar u otro por encima”.

En el  equipo directivo y promotor del Instituto de Estudios Castellanos, además de Escolar y Peña San Martín, estaban el presidente de Alianza Popular de Castilla y León, José María Álvarez de Eulate, los profesores Gonzalo Martínez, Rogelio  Pérez Bustamante y Alberto Ibáñez Pérez, el teniente de alcalde Manuel notario José María Martín Álvarez, el presidente de la Cámara Oficial de Comercio Antonio Medrano de Pedro… Aunque sus promotores anunciaron que la futura sede del IEC iba a ser el Palacio de Castilfalé, en la calle de Fernán González, sus oficinas nunca salieron de un piso municipal situado en el número 2 de Plaza del Rey San Fernando. Tampoco pudo llevar el nombre de Claudio Sánchez Albornoz. Pasado un tiempo, otros muchos personajes de la política y de la cultura fueron vinculando al IEC. Ese fue el caso del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Gustavo Villapalos.

            El Instituto, nada más nacer, bajo la dirección del profesor Rogelio Pérez Bustamante, comenzó a preparar un Congreso internacional sobre las Cortes de Castilla y León. Su celebración estaba prevista del 10 al 14 de marzo de 1986. Los primeros programas ya habían salido de la imprenta. Dio la casualidad de que el parlamento castellano-leonés trabajaba en la misma iniciativa. Pérez Escolar y teniente de alcalde José María Arribas, que había pasado a colaborar estrechamente con el IEC, se reunieron en septiembre de 1985 en el castillo vallisoletano de Fuensaldaña con el presidente de las Cortes de Castilla y León, Dionisio Llamazares. En febrero del año siguiente hubo, por fin, acuerdo: un solo Congreso en tres fases, primera, en Burgos, bajo la organización de las Cortes de Castilla y León —que ponía el dinero— y la colaboración del IEC. Peña, Llamazares y Pérez Escolar hicieron la foto en Burgos. Ninguno quiso recordar problemas anteriores. También  hubo después. El 30 de septiembre de 1986 Don Juan Carlos y Doña Sofía, el salón Teatro Vigón de Burgos presidieron el acto de apertura del Congreso científico sobre la historia de las Cortes de Castilla y León. Pérez Escolar pudo pronunciar su discurso ante los Reyes, a pesar de que el parlamento regional intentó en principio impedir el discurso del abogado. A pesar de la actitud conciliadora presidente de las Cortes de Castilla y León, Pérez Escolar superó el tiempo pactado para su intervención.

            En las posteriores sesiones científicas, los investigadores no se ponían de acuerdo sobre la fecha y lugar de reunión de las primeras Cortes. Unos defendían que fue en Burgos en 1.169. Otros, que en León en 1188. El alcalde burgalés quiso acabar con la discusión y, haciendo gala de un gran talante democrático, propuso el asunto se sometiera a votación entre los congresistas, zanjando de una vez por todas el tema de las fechas.

            En su corta existencia, el IEC propició algunas publicaciones de carácter histórico y organizó un Congreso sobre el Cister y un ciclo cultural en los comienzos: 1987 para conmemorar los 12 años de actividad de la inmobiliaria Río Vena.

            El 8 de enero de 1987, Antonio Miguel Méndez Pozo, Rafael Pérez Escolar teniente de alcalde Manuel Muñoz Guillén presentaron el programa de actos: conferencias del presidente de CEOE, José María Cuevas, del periodista Emilio Romero y del almirante Salgado Alba. Un ciclo de cine infantil y una magnífica exposición de pintura española que fue inaugurada el 28 de febrero de 1987 en el Monasterio de San Juan. Los burgaleses pudieron admirar una gran selección de escenas de interior de pintores de distintas épocas y estilos como Solana, Zabaleta, Joaquín Sorolla, Vázquez Díaz, María Blanchard, Eduardo Chicharro, Darío de Regoyos, Alfonso Grosso, Ricardo de Madrazo y Marceliano Santa María. Los cuadros procedían de museos, fundaciones y colecciones particulares. Varios de los lienzos expuestos eran propiedad del gerente de la inmobiliaria organizadora del evento. El empresario Méndez Pozo justificó el dispendio por tratarse de un acto de gratitud a la sociedad burgalesa y una aportación a la cultura. Previamente, Pérez Escolar se había quejado del escaso reconocimiento oficial hacia iniciativas de esas características y de la creencia generalizada de que este tipo de mecenazgos no eran más que una forma de evasión fiscal.

            Según Pérez Escolar, la actividad del Instituto se vio entorpecida por interferencias políticas. En vista de sus resultados, la intriga política estuvo por encima de la actividad cultural. En el Instituto, los políticos superaban a los profesores. Pérez

Escolar no faltaba a las reuniones que cada quince o treinta días celebraban los directivos del IEC. En muchos casos las reuniones se prolongaban durante seis horas.

En otros muchos, la sede del Instituto se trasladaba a los salones de los hoteles Condestable o Fernán González.

 El instituto de Estudios Castellanos, “un asunto fantasmagórico”, según Juan José Laborda, no tardó mucho tiempo en pasar a mejor vida, aunque su muerte nunca quedó certificada.

_______________
documentación de medios sa

Anuncios

1 comentario so far
Deja un comentario

Your style is really unique in comparison to other people
I have read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark this blog.

Comentario por dishwasher repair in murrells inlet




Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s



A %d blogueros les gusta esto: