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CAPITULO 1

ESCENA PRIMERA

 

Mendez Pozo a prisiónViernes, 23 de septiembre de 1994. 13.00 horas. A pesar de ser el último día del verano oficial, la lluvia y el frío convierten la jornada en plenamente otoñal. Dos funcionarios de policía acuden al undécimo piso del número 3 de la Avenida del General Yagüe en Burgos. Allí tiene su estudio profesional el aparejador, consejero delegado de varias empresas inmobiliarias y editor de Diario de Burgos, Antonio Miguel Méndez Pozo. Los policías le dan a leer un documento oficial, el auto firmado poco antes por el presidente de la Audiencia Provincial de Burgos, Juan Sancho Fraile, en el que ordena su ingreso en prisión. La detención se desarrolla en un clima de tensión contenida. El empresario no pone ningún impedimento a los policías y accede a ser trasladado al penal del barrio de Villalonquéjar. Méndez Pozo, Míchel para sus amigos y enemigos, conocido también por El Jefe entre los técnicos municipales, llevaba siete meses esperando el amparo del Tribunal Constitucional y el perdón de Felipe González, el presidente del Gobierno español. El alto tribunal había rechazado el día anterior el recurso presentado por los abogados del constructor para evitar la condena de siete años de cárcel que pesaba sobre él. Méndez Pozo resultó culpable de los delitos de falsedad en documentos públicos y privados. La Audiencia Provincial de Burgos y el Tribunal Supremo solo condenaron a penas de privación de libertad a este empresario. Los políticos implicados en el mismo sumario conocido por el caso de la construcción fueron inhabilitados para los cargos que venían desempeñando. El mismo día de su encarcelamiento, el consejo de Ministros deniega la solicitud de indulto de Méndez Pozo, petición que sus propios obreros con el aval de más de 17.000 firmas.

 

ESCENA SEGUNDA

            Marzo de 1 979  Durante la campaña electoral de los primeros comicios locales

desde la muerte de Franco, el cabeza de lista de la candidatura de la UCD para el ayuntamiento de Burgos, José María Peña San Martín, anuncia entre las prioridades  su programa, atajar “el problema de la vivienda digna, asequible a los bolsillo de los menos poderosos”. El tráfico, la inhabitabilidad de los barrios y el saneamiento del Arlanzón, son otras cuestiones que también pretende solventar. El candidato, durante una entrevista que publica Diario de Burgos, es preguntado por las alternativas de la UCD a problemas como el urbanismo y la vivienda:

            “Es preciso crear suelo urbano a precios razonables para poderlo ofrecer a cooperativas o entidades con fines no lucrativos, con determinadas condiciones, que obliguen a conseguir el fin social último que debe cumplir el suelo: ser la base de asentamiento de una vivienda digna”.

            En las primeras elecciones locales de la nueva etapa democrática, la UCD triunfó en muchas ciudades españolas, Burgos entre ellas. José María Peña San Martín, economista de 41 años, encabezó la candidatura ganadora que consiguió 23.214 votos. A Peña le acompañaron en la aventura Francisco Montoya Ramos, Pablo Gredilla, Jose María Codón Herrera, Víctor Martínez Llorente, Enrique del Diego Simón, Carmen Santos de Quevedo, José Luis Calzada Picón, Eusebio Barañano, Antonio García Martín y Miguel Vallecillo Rodríguez.

            Los socialistas fueron la segunda fuerza más votada y consiguieron ocho concejalías: Aurelio Rubio Marcos, Luis Escribano Reinosa, Antonio García Rodríguez, Rosa Manzano Gete, Pedro Díez Ruiz, Constantino Rubio Bodoque, Luis Pascual Juarros y Alberto Hoyos-Limón. Otras tres candidaturas consiguieron también quedar representadas en el ayuntamiento constitucional. La Coalición Democrática, que promovía la primitiva Alianza Popular, consiguió tres concejales: Enrique Plaza Fernández-Villa, Lucía Eroles Campomar y Manuel Muñoz Guillén. El PCE quedó con dos concejales: Fernando García Romero y Leandro Alzaga Marijuán. Finalmente, la llamada Candidatura Independiente Democrática (CID) se llevó las otras dos concejalías, que fueron para César Rico Pardo y José María Quintano Vadillo.

 

ESCENA TERCERA

 

            14 de julio de 1984. Hotel Aduana de Burgos. El diputado de Alianza Popular por Avila José María Aznar López expone ante numerosos cargos públicos de AP la postura del partido en materia autonómica. Aznar, en calidad de máximo responsable de los aliancistas en esa parcela, es enviado por Madrid para poner orden en Burgos ante los primeros movimientos que se estaban registrando a favor de la uniprovincialidad.

            Un año antes, el presidente de la Junta de Castilla y León, el socialista Demetrio Madrid López, había acordado el traslado provisional de las sedes regionales de Burgos a Valladolid, algo que en la ciudad del Cid fue considerado como un agravio. El burgalés Juan Manuel Reol Tejada, director general de Ordenación Farmacéutica y diputado de UCD en dos ocasiones, fue el primer presidente de la preautonomía de Castilla y León. El llamado Consejo General de Castilla y León, tras su creación en 1978, tenía en Burgos sus oficinas. Con un burgalés de adopción, José Manuel García-Verdugo, sustituto de Reol en el Consejo General, en febrero del 83. queda por fin aprobado el estatuto de autonomía de esta extensa región.

Unos meses antes de la reunión del Hotel Aduana, el 25 de febrero de 1984, Dionisio Llamazares, presidente de las Cortes de Castilla y León, ante la ausencia del presidente de la Diputación de Burgos, el aliancista Tomás Cortés, ordenó a ujier del palacio de Fuensaldaña que izara la bandera de Burgos durante la celebración del día del estatuto. El ex presidente de la Diputación burgalesa y procurador regional del PDL Francisco Montoya había puesto como condición para asistir al Día del Estatuto que la bandera de Burgos ondeara a toda costa, izada o no por Cortés.

 

            En junio se había celebrado en el Hotel Fernán González de Burgos el 1 Congreso por la identidad de León y la identidad de Castilla, del que surgió la “declaraciónn de Burgos”, en cuyo primer punto se rechazaba de forma categórica la comunidad autónoma de Castilla y León. La declaración fue suscrita por grupos leonesas como el Prepal, la Junta Pro Burgos Cabeza y Defensa de Castilla y el colectivo Segovia Unida. A una parte del Congreso asistieron los parlamentarios de AP

por Burgos, e hicieron llegar su adhesión a los congresistas el alcalde de Burgos y presidente de la Diputación.

            Del posterior encuentro con Aznar, Alianza Popular de Burgos hizo expresa defensa del modelo de Estado de las Autonomías, incluyendo la de Castilla y León, aunque introdujo una conclusión final en la que se lamentaba la desafortunada e ineficaz actuación para con Burgos del gobierno castellano-leonés, “defraudando a los burgaleses frente al hecho autonómico, generando sentimientos de disgregación que Alianza Popular contempla con especial preocupación e interés”.

            Tres años y una semana después, Aznar es investido presidente de la Junta de

Castilla y León. El voto del único procurador de Solución Independiente, Tomás Cortés le abrió las puertas para formar gobierno ante el empate entre AP y PSOE. La rebelión de los aliancistas burgaleses, que se opusieron a que un no militante como José María Peña cocinara a su gusto la lista municipal de AP, provocó una situación un tanto peculiar. Peña se buscó un nuevo partido político, Solución Independiente (SI). Aznar apoyó de forma decidida en Burgos a SI, unas siglas distintas que él representaba en Castilla y León. La dirección nacional de Alianza Popular, por indicación de Aznar, ordenó retirar su propia lista al Ayuntamiento de Burgos. Poco después, José María Aznar, ya como presidente de la Junta de Castilla y León, sufrió las amenazas segregacionistas de José María Peña a raíz de la aprobación  definitiva de las sedes regionales.

Desde la constitución del primer Ayuntamiento democrático y de la autonomía Castilla y León hasta los tiempos más recientes han ocurrido muchas cosas. El destino ha sido implacable con algunos. La muerte se llevó a César Rico y a Enrique  del Diego Simón. También a Rosa Manzano. De concejala en Burgos a gobernadora de Palencia. Esta socialista, hija del pueblo ribereño de Villanueva de terminó aupada al frente de la Dirección General de Tráfico. Su vida le fue en un desgraciado accidente de helicóptero en el verano de 1988, cuando se desplazaba a Palencia.

 

Otros ediles no volvieron a repetir. Se quedaron en sus antiguas ocupaciones: Enrique Plaza, Leandro Alzaga, Gredilla, Barañano… Otros, como Calzada, que al final sólo fue concejal por unos días, desarrolló una carrera política intermitente, como el Guadiana. El número uno del PSOE, Aurelio Rubio, asqueado de sus compañeros de banco, once años después abandonó el partido y el Ayuntamiento. Luis Escribano ocupó un sillón del Congreso durante dos legislaturas. Francisco Montoya pasó de la Diputación a las Cortes regionales hasta quedar apartado de la política tras sus aventuras con el PDL, el PRD, el CDS y APB.

            Sólo Miguel Vallecillo consiguió mantener su sillón en el Ayuntamiento desde la primera legislatura municipal. Peña no pudo. Su carrera política se vio truncada por los tribunales. Fue inhabilitado por prevaricación junto a José María Codón Herrera, Manuel Muñoz Guillén y Víctor Martínez Llorente. Y ello por dictar acuerdos que beneficiaron al empresario Antonio Méndez Pozo, que con su condena de cárcel por falsedad resultó el peor parado en el caso de la construcción; el empresario que goza del triste privilegio de haber sido el primer español no-funcionario también condenado por un delito de prevaricación —dictar a sabiendas resoluciones injustas—. El segundo fue Juan Guerra.

            Propietario del mayor holding de empresas del sector de la construcción de Burgos, dueño del principal periódico local, con múltiples negocios y proyectos, coleccionista de cuadros y benefactor de la Catedral y del Real Burgos, Méndez Pozo también pasó a ser considerado, tras el juicio, el asesor urbanístico de Aznar. Empresario y político coincidieron en varias reuniones en las que se buscaban salidas a las malas relaciones entre las familias del centro derecha de Burgos. ¿Qué pintaba un constructor que, sin militar en ningún partido, estaba en todos los fregados políticos? ¿Hasta dónde llegó su amistad con el líder del PP? ¿A qué obedecía su obsesión para que llegara la paz entre la clase política gobernante? ¿Por qué Hernández Mancha y Aznar apoyaron en Burgos a un partido distinto al suyo? ¿A qué jugó el PSOE en este asunto? Estas y otras muchas interrogantes no quedaron desveladas después de un proceso judicial que comenzó en 1988.

            El conocido como caso de la construcción, cuyo desenlace no terminó de gustar ni a acusadores ni a acusados, fue para algunos el primer escándalo de corrupción en España al que puso freno la justicia. Para otros no fue más que una movida política alentada por envidias personales y profesionales con la que de un brochazo se intentó acabar con Peña, Méndez Pozo y Aznar.

 
 
 

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