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CAPITULO 7

CAPITULO VII

EL PROCESO SIGUE ADELANTE

“Escándalo inmobiliario en Burgos, con la operación Aznar al fondo.” “El alcalde de Burgos y su equipo, denunciados por corrupción”. “Los constructores quieren des­montar la mafia del hormigón”. “Un alcalde ante el juez”. “Ganar 2.200 millones al amparo del alcalde”. “Acusan al alcalde de Burgos de formar una red ilegal de control urbanístico”. Los periódicos nacionales y revistas de información general se hicieron amplio eco de la denuncia presentada el 5 de febrero de 1988 contra el alcalde de Bur­gos, José María Peña, varios de sus colaboradores y el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo.

El informe de la Federación de Empresarios de la Construcción pasó al juzgado de Instrucción Nº 2 de Burgos, cuyo titular, Luis Adolfo Mallo Mallo, decidió a los pocos días abrir diligencias previas. El 12 de febrero, en medio de una gran expectación, ante cámaras de televisión y micrófonos de los periodistas, José María Peña abandona el despacho del juez Mallo donde había sido citado para que prestara declaración por pri­mera vez. Peña no tiene inconveniente en exponer ante los periodistas su criterio en lomo a la denuncia

-Si en estos momentos fuera el denunciante estaría muy, muy preocupado. Pero, siendo el denunciado, me encuentro muy a gusto. Hombre, no voy a decir que no me repugnan un poco las acciones y actuaciones de aquellas personas, pero preocupado, en absoluto. Ya se acabó, porque no dio resultado, el que yo estaba separado, el que estaba liado con no sé quién, que mi mujer también. Ya se acabó la campaña del chalet de los 80 millones. Porque, claro, evidentemente nadie lo ha podido demostrar, y naturalmen­te hay que buscar otros procedimientos para desprestigiar al alcalde. Por una razón muy sencilla: porque el alcalde gana todas las elecciones y los demás, con toda la paraferna­lia que tienen detrás, no ganan nunca, no pintan nada.

Aunque a Renedo no le hacía “ninguna gracia”, con la directa intervención de des­tacados socialistas fueron buscados otros colectivos para que se personaran en la acusa­ción: “de esa forma se conseguía dar más legitimidad social a la denuncia, además de una mayor presencia de abogados acusadores”. La Asociación Cultural El Globo, cuya actividad era nula por aquellos tiempos, y la asociación de vecinos Todos Unidos de Gamonal-Capiscol fueron buscadas de forma expresa: “Había que tener una válvula de escape ante las críticas y presiones que se nos venían encima”. Todos Unidos, liderado por Julián Camarero, un perseverante adalid de la izquierda extraparlamentaria en Bur­gos, seguro que se apuntaba al carro. El Globo, asociación que destacó a comienzos de los 80 en sus campañas pro rehabilitación del Teatro Principal y en la recuperación de’ los carnavales en Burgos, organización presidida por Pilar Renedo Padilla, familiar del constructor denunciante, también era un buen respaldo para garantizar la continuidad del proceso. Al final, la acción popular fue ejercida por El Globo, representado por el letrado de Madrid Rafael Burgos —cuyos gastos fueron cubiertos por la FEC-, las asociaciones de vecinos Todos Unidos, Fuente Nueva y San Pedro de la Fuente y los sindicatos CNT/CGT y Comisiones Obreras. Su representante legal fue el abogado Emilio Martínez Miguel. Después, CCOO desautorizó públicamente a este letrado al considerar que había ido muy lejos en unas manifestaciones sobre la plantilla de la inmobiliaria Río Vena. Los trabajadores de las empresas de Méndez Pozo no pudieron personarse en el otro lado, en el de la defensa de su patrón. Juan Renedo Sedano, a títu­lo particular, también terminó siendo parte de la acusación.

Por el juzgado de Instrucción Nº 2 de Burgos fueron desfilando los denunciados y numerosos testigos: ex concejales, técnicos municipales, periodistas… Fernando Mena fue el fiscal que representaba al Ministerio Público en las diligencias previas. Transcu­rridos varios días, Mena dejó de participar en los interrogatorios. Su ausencia provocó inquietud entre los acusadores. Luis Adolfo Mallo, ante la complejidad del asunto que tenía entre manos, fue nombrado juez especial del caso. En noviembre, el fiscal-jefe, José Luis García Ancos, designa a José Antonio Sánchez Garrido fiscal especial para que se dedicara de forma exclusiva a este asunto. Según García Ancas, la elección reca­yó en este joven fiscal, recién llegado a la Audiencia de Burgos, por considerarle el más idóneo y estar desvinculado de la sociedad burgalesa. Según los acusadores, al fiscal-jefe le salió el tiro por la culata -“cayó en su propia trampa”-, porque a pesar de las tra­bas y falta de medios, Sánchez Garrido se tomó muy en serio su misión y realizó un destacado trabajo.

MICROFONOS EN LA POLICIA

Algunos de los denunciados por la FEC estaban convencidos de que sus teléfonos particulares y los de sus despachos habían sido pinchados. Según Codón Herrera, desde el teléfono de su domicilio se oían cosas extrañas, como el arrastre de cintas. El 22 de marzo la encargada de la limpieza de la cafetería del cuartel de la Policía Local descu­brió bajo la cornisa de una ventana un pequeño aparato dotado con antena, que emitía en frecuencia VHF. El dispositivo le fue entregado a un mando, que a su vez lo hace llegar al concejal delegado de la Policía, Mariano Hervás. Tras una inspección para tra­tar de averiguar hasta dónde llegaban sus emisiones, el 9 de abril el grupo de concejales de Solución Independiente presentó denuncia en el juzgado de guardia. Según SI, no era la primera vez que se introducían en las dependencias municipales aparatos simila­res, y relacionó el hallazgo del emisor con la presentación de la denuncia del caso de la construcción. Diversos expertos, entre ellos técnicos de Telefónica, exploraron sin éxito los locales. El misterio de las escuchas nunca quedó resuelto, como tampoco la interrogante de a quién o quiénes les podía interesar conocer las conversaciones de los agentes locales mientras se tomaban un café o una cerveza en la cafetería de su cuartel.

El ambiente no sólo se vio enturbiado con el misterioso micrófono o los supuestos pinchazos telefónicos. Desde la presentación de la denuncia de la Federación de empresarios de la Construcción, la guerra del ladrillo adquirió un carácter mucho más virulento. La batallas, eso sí, no parecían afectar al resto de los burgaleses, es decir: a los que no eran constructores, concejales, determinados funcionarios municipales, polí­ticos en general, procuradores, abogados, jueces, fiscales o periodistas. El contraataque desde el lado de los denunciados no se hizo esperar. El equipo de gobierno del Ayunta­miento amenazó con la presentación de querellas contra todo aquel que propagara las, a su juicio, falsas imputaciones de los constructores. No todas las amenazas se cumplie­ron, pero sí algunas.

DINERO NEGRO

En su calidad de abogado, José María Codón Herrera denunció a Juan Renedo por el cobro de sobreprecio en viviendas de protección oficial, por la venta de seis chalés de la promoción construida por su empresa Jerconsa en la urbanización Los Tomillares.

Los clientes de Codón eran Eugenio García y José Antonio Cuesta. El fiscal tomó rápi­damente cartas en el asunto y el mismo día de presentada la denuncia la policía Judicial se presentó en la urbanización para interrogar a los moradores de los chalés de Renedo por el dinero negro pagado en la compra de sus viviendas. La investigación fue más allá y alcanzó a las cuentas corrientes que clientes de Juan Renedo tenían en Banesto.

El asunto del dinero negro cobrado por promotoras en la venta de pisos de protección oficial se complicó más pasado un tiempo Y estuvo a punto de convertirse en otro caso de la construcción en pequeño.

Además de Jerconsa, se vieron implicadas otras empresas como Coursa, Gonorsa Y

Río Vena. La investigación fue abierta a instancias de la Fiscalía Y en algunos casos por denuncias de vecinos afectados, denuncias que en ningún caso prosperaron. El cons­tructor José María Uribe, de COURSA, se defendió presentando al fiscal una relación de 526 compradores de viviendas de protección oficial para que fueran investigados por haber realizado prácticas especulativas en la compra o venta de pisos de protección ofi­cial. En esa relación aparecían el presidente de la Diputación Provincial, José Luis Montes y el delegado de la Junta en Burgos, José Carracedo. El escrito de Uribe terminó en la papelera de la Fiscalía.

El asunto del dinero negro acabó llevando al banquillo a Antonio Miguel Méndez Pozo. El consejero delegado de Río Vena fue juzgado en febrero de 1991 por los delitos de estafa, coacciones, falsedad Y maquinaciones para alterar el precio de las cosas. Había sido denunciado por Alberto Tovar Albillos, un vecino de Burgos que en 1987 compró un piso a Inmobiliaria Río Vena. Denunció que que le cobraron un millón de pesetas por la plaza de garaje, escriturándola después en 300.000, Y que estaba obligado a adquirirla necesariamente junto al piso. Méndez Pozo fue absuelto por los magistrados de la Audiencia de Burgos Juan Sancho, César Balmori Y Ramón Ibáñez de Alde­coa, los mismos que después le condenaron a prisión por el caso de la construcción. Durante el juicio, el fiscal pidió para el empresario cinco años de cárcel. La acusación particular, que representaba la letrada Soledad Renedo, pidió penas de cárcel que sumaban los 20 años.

La bomba de la denuncia de los constructores contra el alcalde y Méndez Pozo por  supuestas irregularidades en la concesión de licencias tuvo una amplia onda expansiva,

Que alcanzó  a casi todos los juzgados de la ciudad. Varias querellas se presentaron por declaraciones efectuadas por las partes en los medios de comunicación, donde a su vez  se desarrollaban otras muchas batallas. Así, por ejemplo, el letrado municipal Santiago Dalmau denunció a los abogados de la acusación particular Martínez Fresneda y Sole­dad Renedo. El constructor Pedro Saiz Yangüela se querelló contra Juan Renedo. El equipo de gobierno del Ayuntamiento hizo lo propio contra los dirigentes de la Federa­ción de Empresarios de la Construcción…

La decisión que adoptaron los denunciados de acogerse al derecho constitucional de

No responder a las preguntas de los letrados de la acusación fue comparada por estos

Últimos a las artimañas que utilizan “algunos presos de ETA, GRAPO y el FRAP, y los mas desesperados de los chorizos, manguis y camellos ante pruebas irrefutables de su culpabilidad”. Estas afirmaciones dieron lugar a una nueva querella por injurias presen­tadas por los denunciados -menos Méndez Pozo–. La denuncia también alcanzó a la periodista Angeles Dobarco.

José Carracedo, en enero del 89, presentó ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 una demanda de protección de honor y reclamación de daños y perjuicios por importe de 20 millones. El delegado de la Junta acababa de resultar exonerado, junto al letrado muni­cipal Carlos de Rozas, de las diligencias previas del juez Mallo. Con esos 20 millones el delegado de la Junta en Burgos trataba de paliar el “grave atentado contra mi presti­gio profesional y mi intimidad personal y familiar, provocado además de forma dolosa  y con evidente mala fe” que a juicio de Carracedo le había supuesto la denuncia de los constructores. Un año después, la Audiencia Provincial decidió abrir juicio oral contra Carracedo, por lo que el presidente de la Junta, Jesús Posada, le obligó a dejar el cargo de delegado en Burgos. Tras el juicio, José Carracedo quedó definitivamente absuelto.

EL CASO  CAMPOFRIO

Sin lugar a dudas, la denuncia que mayor trascendencia tuvo, vinculada al caso de la constucción, fue la relacionada con la supuesta venta fraudulenta de una parcela municipal a la empresa cárnica Campofrío para la ampliación de su nueva fábrica en el polígono burgalés de Gamonal. Aunque con resultados diferentes, el juicio oral por el caso  Campofrío fue el preámbulo del de la construcción.

Todo partió de un escrito anónimo, en el que colaboraron un funcionario municipal, el letrado Emilio Martínez y la asociación Todos Unidos y que terminó en el despacho del letrado de la Federación de Constructores, con el siguiente texto:

Sr. Don

Gonzalo  Mtnez. Fresneda

.C/Villalar, 1

28001 Madrid.

En el mes de abril de 1987 se vendió una parcela municipal de 36.000 metros cua­drados a Campofrío La venta se realizó directamente y sin seguirse los trámites de subasta. En el expediente figuraba un informe de valoración del ingeniero de Caminos. Este informe fue sustraído por el Sr. Corral porque al Sr. Peña le parecía excesivo su precio y se solicitó otro al Sr. González de Ubieta, aparejador, con la indicación de que fuera  de menos de 1.000 ptas/m2, lo que así se hizo.

Al intentar inscribir la venta, el registrador de la propiedad Sr. Méndez-Castrillón Fontanilla se negó a ello aduciendo la falta de la subasta previa. Sin embargo, al tomar vacaciones este registrador, el que le sustituía, Sr. Gragera, dijo que sólo la inscribiría si se adjuntaba un certificado que indicara que el terreno vendido era sobrante de viales. Para subsanar esta nueva dificultad se certificó lo pedido por el Sr. Corral.

El expediente se archiva en la sección de patrimonio. Pueden acreditar lo indicado los Sres. Azofra (jefe de aquella sección, actualmente jubilado), Garrido-Lestache, Ingeniero de Caminos municipal, González de Ubieta, Lomas, Alegre y Prior, apareja­dores municipales; los concejales de la sección de Hacienda Srs. Muñoz y Rubio.

No es de extrañar que se dijera que Campofrío colaboró a la campaña electoral de Solución Independiente, en pago de los delitos de prevaricación, falsedad en documen­to público e infidelidad en la custodia de documentos cometidos y aquí descritos”.

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Los magistrados Juan Sancho Fraile, César Balmori y Ramón Ibáñez de Aldecoa consideraron que el alcalde de Burgos no cometió ningún delito de prevaricación, infi­delidad en la custodia de documentos o falsedad, por arbitrar, con la colaboración del secretario, un expediente para enajenar de forma directa el terreno que necesitaba Cam­pofrío para la ampliación de su fábrica. En el banquillo de los acusados se sentaron, además de José María Peña, el secretario municipal, Esteban Corral García, y el apare­jador Juan Luis González de Ubieta y Sainz de los Terreros. El fiscal sólo dirigió acusa­ción contra el secretario municipal. En la acusación particular participaron las asocia­ciones de vecinos personadas a su vez en el caso de la construcción y el sindicato CNT-CGT. La absolución fue ratificada por el Tribunal Supremo. El caso Campofrío llevó a Peña al banquillo de los acusados del 25 de febrero al l de marzo de 1991. Peña dirigió una carta a todos los burgaleses con el título “A vuestro alcalde le vuelven a sentar en el banquillo por defender otra vez los intereses de Burgos”.

Peña defendió en esa carta las gestiones realizadas para evitar que Campofrío se hubiera instalado en otra ciudad y añadió: “el futuro de Burgos bien merece algún sufri­miento, paliado siempre por vuestro cariño sincero y vuestro apoyo, abrumadoramente mayoritario”. Los concejales del equipo de Peña también hicieron expreso su apoyo al alcalde y afirmaron que “si propiciar el empleo y el desarrollo industrial de la ciudad mediante la cesión de terrenos puede ser constitutivo de delito, esta corporación está dispuesta a sentarse en el banquillo de los acusados cuantas veces sea necesario”.

peña5El caso Campofrío tuvo consecuencias negativas para un aparejador municipal, Hermenegildo Lomas, que fue despedido en diciembre de 1989 por falta de lealtad. El periódico Diario 16 Burgos había publicado unos comentarios del empleado municipal en los que se reconocía autor de un informe de tasación de los terrenos vendidos a Campofrío a un precio muy superior al cobrado a la empresa cámica. Su informe no fue incluido en el expediente municipal. Los tribunales obligaron al Ayuntamiento a read­mitir a Hermenegildo Lomas, el aparejador municipal que había denunciado por coac­ciones a Antonio Miguel Méndez Pozo durante un altercado ocurrido en el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento.

¿ QUE PASA CON EL FISCAL?

¿José Luis? Soy Javier Moscoso. Sé que tienes entre manos un asunto muy com­plicado. Ya sabes que tengo plena confianza en ti. Haz lo que legalmente corresponda.

José Luis García Ancos, fiscal-jefe de la Audiencia de Burgos y del Tribunal Supe­rior de Justicia de Castilla y León, se quedó pensativo después de recibir la llamada telefónica del Fiscal General del Estado, Javier Moscoso. García Ancos recuerda que durante todo el proceso de la construcción estuvo en pleno ojo del huracán. La actua­ción de  la Fiscalía fue cuestionada por las dos partes desde el primer momento. Por la ausencia del fiscal Mena en los primeros días de diligencias previas, por la falta de medios de que dispuso el fiscal especial del caso, José Antonio Sánchez. Ya durante el juicio,  por la retirada de la petición de penas de cárcel para los políticos. Algunos de los implicados no paraban de decir que la Fiscalía actuaba siempre en su contra.

Aun  así, entre los denunciantes existía la convicción de que la Fiscalía pediría el archivo de las diligencias. También lo creía José María Codón Herrera, que se fue de vacaciones en julio del 89 con la seguridad de que a su vuelta el asunto estaría ya sobreseído por no contener materia penal. Se lo había soplado una persona vinculada a la judicatura que le ofrecía una alta fiabilidad. Moscoso y su sucesor en el cargo, Leo­poldo Torres, recibieron llamadas y visitas de unos y de otros. El presidente del Sena­do Juan José Laborda, y el ex concejal socialista Ángel Olivares, gobernador civil de Ávila y después delegado del Gobierno en Extremadura, hablaron en varias ocasiones con Fiscal General. En una de estas entrevistas también estuvo presente el secretario de organización del PSOE, Txiqui Benegas.

La primera vez fue para expresarle la preocupación por la falta de investigación del presunto cohecho, por la pasividad del fiscal en las diligencias previas. Lo que más molestó  a los socialistas fue la actuación discriminatoria del fiscal-jefe de Burgos. A los denunciados en el caso de la construcción no se les había mirado ni una sola cuenta corriente. Cuando Codón denunció a Renedo por el sobreprecio en los pisos de Los Tomillares, la Fiscalía ordenó una rápida actuación que abarcó la investigación de las cuentas corrientes de clientes de Renedo. Laborda y Olivares estaban dispuestos a montar un gran escándalo si se confirmaban sus sospechas sobre presiones desde sectores de la derecha al fiscal-jefe de Burgos. Le dijeron al Fiscal General del Estado que no esta­ban dispuestos a consentir que el fiscal de Burgos estuviese chantajeado. Algunos des­tacados dirigentes del PSOE burgalés han confirmado que se pidió al Fiscal General que diese  instrucciones al fiscal de Burgos para que la denuncia cayese en manos del juez Mallo y que se impulsase decididamente desde el Ministerio Público, Para los socialistas el juez Mallo ofrecía suficientes garantías por su desvinculación a Burgos y su fama de progresista. La preocupación del PSOE por evitar que el asunto cayera en saco roto llevó a mantener conversaciones con algún magistrado.

Juan Renedo también llamó al Fiscal General. Según Renedo, “todos recurríamos a III~ mismos. Una vez llamé a Rodríguez Colorado” –entonces director general de la Policía- “para pedirle auxilio, y resulta que poco antes Codón ya había hablado con 1’1”, En otra ocasión Renedo se fue directamente a hablar con el juez Mallo “para que me dijera cuanto antes si iba a archivar la denuncia y así no perdía yo el tiempo”. Según Renedo, Mallo no le adelantó nada. También envió escritos a Adolfo Suárez y Julio Anguita. En junio de 1988, De las Heras y Renedo anunciaron un encuentro en Madrid (un el presidente nacional de Alianza Popular, Antonio Hemández Mancha. Querían explicarle los motivos de la denuncia contra varios cargos públicos de Burgos vincula­dos con su partido. La reunión fue cancelada a última hora por supuestos problemas de agenda del dirigente político. Según los empresarios burgaleses, Mancha tuvo que ple­garse a los deseos de Manuel Fraga y no les recibió. El propio Hernández Mancha niega que recibiera cualquier indicación. Sencillamente, según cuenta, ya tenía su pro­pio cauce de información sobre lo que pasaba en Burgos a través de Mariano Villanue­va y César Huidobro. “Venían muchas gentes de Burgos con intención de facilitarme Informaciones paralelas. En una ocasión alguien me sugirió que recibiera a Méndez Pozo, porque -me dijeron- era un empresario que sabía mucho y me podía ilustrar”, recuerda Hernández Mancha, que nunca llegó a hablar con el empresario burgalés.

De las Heras -que también presidía la organización regional de constructores- y Renedo sí lo hicieron con el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Jesús Posada, en mayo del 88. Aznar no pudo recibirles.

Con fecha de 22 de abril de 1989, el presidente de la Federación de Empresarios de Construcción de Burgos, Jesús de las Heras, remitió sendos escritos al ministro de Jus­ticia y al Fiscal General del Estado quejándose de la actuación del Ministerio Público en las diligencias abiertas en Burgos. Su protesta se interpretó que iba dirigida al fiscal especial del caso, José Antonio Sánchez, cuando lo que pretendía De las Heras era poner en evidencia la falta de apoyo que, a su entender, recibía este fiscal por parte de sus superiores en Burgos.

En los escritos, Jesús de las Heras manifestaba que las investigaciones carecían del deseable impulso por parte del Ministerio Fiscal. También denunciaba que el fiscal no había tomado ningún tipo de iniciativa “para investigar posibles transferencias entre los patrimonios de los denunciados o sus espectaculares incrementos, como el de la grosera y descarada manipulación que el Ayuntamiento ha venido haciendo de la documenta­ción solicitada por el juzgado…, o como las amenazas graves y constatadas sufridas por funcionarios que habían declarado en contra de los denunciados”.

En el escrito de seis páginas, Jesús de las Heras entraba en el asunto del sobreprecio de pisos de protección oficial. El directivo de la FEC se quejaba de que la Fiscalía de Burgos había dado una gran acogida a la denuncia presentada contra Renedo, mientras que denuncias similares contra Méndez Pozo no fueron tramitadas o se hicieron de forma exageradamente lenta.

Tampoco se había profundizado “en los vericuetos de las cuentas corrientes, las campañas electorales y las compras de terrenos por cifras nunca publicadas”. De las Heras manifestaba al Fiscal General y al ministro que las juntas de fiscales que se cele­braban todas las semanas en Burgos para seguir el caso de la construcción “sólo han servido para que todos los fiscales de Burgos sigan de cerca el asunto, es decir, las iniciativas de mis abogados”.

Pasados los años, un destacado dirigente socialista que siguió muy de cerca todo el proceso ha afirmado: “La investigación durante las diligencias previas fue un acto heroico y a la vez una puta mierda. El juez Mallo se sobrepuso a la presión social y demostró mucha valentía, pero el cohecho afloraba por todos los sitios y no fue investi­gado”.

REACCION DE LOS DENUNCIADOS

El 12 de abril de 1988, la inmobiliaria Río Vena entregó al Ayuntamiento de Burgos el colegio de ocho unidades de EGB construido en la calle de Barrio Gimeno. El edificio, en el que la constructora había gastado unos 50 millones de pesetas, era fruto del acuerdo alcanzado años antes entre la empresa, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento, para que pudiera seguir adelante la licencia de obras en el antiguo cole­gio Liceo Castilla de los Maristas.

A la entrega del edificio -nunca usado como colegio y actual sede de la Escuela Universitaria de Graduados Sociales- asistieron, entre otros, Antonio Miguel Méndez Pozo, José María Peña y el secretario municipal, Esteban Corral. Este último hasta entonces no había abierto la boca de manera pública desde que también resultara salpi­cado por la denuncia de los constructores. Animado por Peña, Esteban Corral salió en su propia defensa negando cualquier posible falsedad en documento público. Méndez

Pozo acudió a entregar el colegio cargado de planos, para rechazar las nuevas imputaciones que acababan de hacer los constructores sobre la existencia de una parcela trashumante.

El alcalde aprovechó las circunstancias para asegurar que el asunto se estaba desin­flando y para decir una vez más que detrás de los denunciantes estaba el grupo de la oposición en el Ayuntamiento. El alcalde y su grupo de Solución Independiente no dejaron una sola oportunidad para insistir en la teoría de la conspiración. Unas veces, para tratar de desenmascarar a la junta del Colegio de Arquitectos por su colaboración con los denunciantes, “no sabemos si por motivos políticos o por enemistad manifiesta de los actuales rectores”.

José María Codón ratificó este criterio: “se nos acusa de favoritismo hacia ciertas inmobiliarias. Pues resulta que los solares con más aprovechamiento de Burgos fueron construidos por los señores Martínez, cuñados del señor Laborda, secretario general de los socialistas”. Los ediles de Peña habían llegado a comparar lo que le estaba ocurrien­do a su jefe de filas con el Cid, Pujol y hasta con Jesucristo, y aventuraban que termina­ría resplandeciendo la verdad.

El alcalde encargó a 14 técnicos, 13 arquitectos y un ingeniero, un estudio compara­tivo sobre la variación del aprovechamiento urbanístico en diversos solares de Burgos en los que construyeron las empresas de Méndez y de otros. Con dicho estudio, aporta­do como prueba de defensa al juez, Peña pretendía dejar claro que nunca intentó beneficiar a la inmobiliaria Río Vena. El Ayuntamiento -afirmó-, por razones sociales, cambió la filosofía del plan e incrementó notable y generalizadamente las densidades en In redacción definitiva, ante la evidencia de que las iniciales supondrían un notable Incremento del precio de las viviendas y de las infraestructuras que la sociedad burgale­sa no podía permitirse. Según ese estudio comparativo, los mayores aprovechamientos, con notable diferencia sobre el resto, los había conseguido el edificio de VPO construi­do por Coursa entre las calles de Madrid y de los Pisones.

Los concejales de Solución Independiente intentaron castigar a los socialistas con una querella criminal contra el ex presidente de la Junta José Constantino Nalda y el ex consejero de Economía Javier Paniagua. Según el alcalde y sus concejales, el 17 de junio de 1987, cuatro días antes de que Aznar tomara posesión de su cargo de presidente de la Junta de Castilla y León, Nalda vendió en Burgos a una cooperativa vinculada al PSOE Y la UGT, la Luis Labín, una parcela de 5.525 metros cuadrados, sin concurso público y en condiciones económicas muy beneficiosas para la cooperativa. La querella por supuesta prevaricación todavía sigue tramitándose, después de que pasara de un tribunal a otro, de Burgos a Valladolid ya Madrid, y, de nuevo, de Burgos a Valladolid. Los denunciados no perdieron oportunidad en replicar a unos y a otros. Hasta en ocasiones no buscadas.

En junio de 1989 José María Peña es entrevistado para toda España en el programa de Radio Nacional Aquí te espero. El periodista Ricardo Fernández Deu entra en la denuncia de los constructores al hilo de lo publicado en numerosos medios escritos de toda España. Peña contesta.

-En la prensa libre usted habrá visto pocas noticias aparecer, porque, evidente­mente, la prensa libre sabe que esto es absolutamente falso.

-Tengo informaciones, señor alcalde, publicadas en la mayor parte de los medios informativos del país.

-Los que están manipulados por el PSOE, claro que sí. El País, Diario 16… -¿El norte de Castilla?

-Por supuesto. Fíjese que a la corresponsal de El Norte de Castilla no le falta más

que ir con el carné en los dientes.

-¿La revista Tiempo también?

-Esos son todos mis amigos. Dese cuenta de que el PSOE llega muy lejos, es natu­ral.

En la misma entrevista el alcalde burgalés mostró otras facetas más humanas. Sobre su fobia a la militancia política Peña manifestó que nunca pondría a los burgaleses los cuernos con ningún partido político. En otro momento Ricardo Fernández Deu entró al trapo:

-¿y por qué le llaman a usted El Algarrobo, señor alcalde? -Pues mire, como yo llamo hijos de perra a otros. Fíjese por qué. -Hombre, pero eso de Algarrobo tampoco es malo, ¿no?

-Yo no digo ni que sea bueno ni malo.

-Hombre, lo otro sí es feo.

Porque su padre es desconocido…, eso depende.

El alcalde burgalés, en febrero de 1990, salió ante la opinión pública para exponer su versión de la conspiración política: la denuncia ha sido preparada por los señores Renedo y De las Heras utilizando las oficinas del Colegio de Arquitectos y el asesora­miento y patrocinio de Ángel Olivares. Peña San Martín se refirió a Renedo como Antiguo cazador de safaris, dedicado hoy no menos arriesgadas operaciones urbanís­ticas en Santander, al tempero de sus vinculaciones familiares”. A De las Heras le tildó de eterno submarino del Partido Socialista”.

El empresario Méndez Pozo se defendía públicamente de las denuncias mediante la contratación de páginas completas de publicidad en Diario de Burgos, en las que respondía a los denunciantes, reproducía gráficos de recalificaciones, aprovechamientos, etc.… Las tarifas publicitarias posiblemente le llevaron a la conclusión de que era mejor comprar un periódico que gastarse el dinero en anuncios.

Antes de esto, en septiembre de 1988, Méndez Pozo convocó una conferencia de prensa. El constructor negó haber financiado a Solución Independiente. Confesó sentirse utilizado como arma arrojadiza, “al servicio de objetivos que poco o nada tienen que ver con mi trayectoria profesional y mi condición de empresario, y sí son cuestiones de la política de finalidad inconfesable…” El constructor reconoció haber cometido un error: “hacer oídos sordos a las calumnias y no haber dado la cara desde el principio”. La denuncia no le afectó para nada en su actividad profesional. Todo lo contrario. Como  ejemplo puede servir la compra que realizó, a través de sus inmobiliarias Río Vena Y Clunia, del solar de más de 5.000 metros cuadrados que ocupaba la fábrica Clesa, junto al parque Félix Rodríguez de la Fuente, en Gamonal.

El Colegio de Arquitectos, en una primera tasación, calculó en 1.600 millones de pesetas  de beneficio extra obtenido por Méndez Pozo. Para el empresario era todo lo contrario. Según datos barajados por entonces, él había dejado de ganar unos 2.000 millones por culpa del tratamiento que el Ayuntamiento dispensaba a sus solares. Michel aportó al juez otro estudio con el que pretendía concluir que antes de la llegada de Peña  a la alcaldía él era el constructor que más obras realizaba en Burgos, -sobre el 15 por ciento del total-, y desde que Peña fue alcalde la cifra se redujo al 9 por ciento.

Los directivos del Colegio de Arquitectos, la administración socialista y, por supuesto, los constructores denunciantes fueron puestos en el punto de mira de los implicados. La principal arma utilizada en los ataques fueron las páginas del Diario de Burgos’. En diciembre de 1991 saltó la noticia del chanchullo protagonizado por el ex subsecretario del Ministerio de Trabajo, Segismundo Crespo, a la hora de adjudicar la parcela de la desaparecida Clínica del 18 de julio de Burgos. La beneficiaria fue una sociedad en la que participaba un familiar del político. La operación se cerró en 22 millones sin subasta pública.

La junta directiva del órgano de gobierno de los arquitectos recibió duras críticas desde el  grupo de gobierno municipal, cuya actuación en materia de visados y recursos era calificada de tendenciosa y sectaria. El periódico de Méndez Pozo apuntó directa­mente a Gonzalo Fernández Sebastián como el “gran muñidor” de la política de esa directiva, apoyado por Jesús Arribas, Francisco Javier Bartolomé y el letrado del cole­gio, Mariano Martínez de Simón.

De las Heras y Renedo fueron también constante objeto de atención desde sectores afines a los denunciados. El polémico presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, cuñado de Renedo, se lo puso fácil a los enemigos del empresario burgalés. Méndez Pozo intentó sin éxito que Renedo se sentara en el banquillo de los acusados junto a Hormaechea. El presidente de Cantabria había sido acusado de prevaricación por excluir un solar propie­dad de Renedo de la declaración de interés histórico de la Vaguada de Las Llamas, en las proximidades de El Sardinero, en Santander. Renedo, propietario de la sociedad APAR­SAN, promovió la construcción de un aparthotel en esa zona. Los trabajadores de Míchel impugnaron después la licencia concedida por el Ayuntamiento de Santander.

Cuando la Comisión Provincial de Urbanismo, en julio del 90, desbloqueó el expe­diente de Las Casillas, DB no dudó en calificar de “mosqueteros de Juan Renedo” al funcionario de la Junta Pablo Arribas y al arquitecto Oscar Espinosa.

Jesús de las Heras no se libró de los ataques. Primero, a través de anónimos distri­buidos por toda la ciudad, en los que se le acusaba de de haber dejado en la calle a los trabajadores de su empresa Abrahám de las Heras, y a los de la empresa murciana Pro­denasa, con la que realizó diversas operaciones. En noviembre de 1990, el periódico La Rioja publicó a toda página que De las Heras, máximo representante de AHC Industrias de la Construcción, S. A., se había beneficiado de la adjudicación realizada por un socialista, el director de turismo de La Rioja, para diversas obras en el albergue de Ezcaray y en el Club Náutico de El Rasillo. En la información se acusaba a De las Heras de una práctica muy habitual en el sector, la subcontratación de las obras a terce­ros. El presidente de la FEC también fue acusado desde las páginas de DB de haberse beneficiado de una repentina operación urbanística tras la recalificación de unos terre­nos entre la carretera de Poza y el Camino de los Andaluces. La mayoría de estas denuncias se quedaron en los papeles de los periódicos. En los juzgados proseguía la tramitación de las diligencias previas 377/89.

Las acusaciones ampliaron la denuncia en julio de 1989 contra María Magdalena Moli­ner del Cerro, Antonio Moliner del Cerro, Rosario del Cerro Rodríguez, María de los Ángeles de Palacio, José Agustín Moliner, José María Martín Alvarez, José María Méndez-Cas­trillón y Santiago Dalmau Moliner, familiares ex propietarios de un terreno comprado en el área G-2 bis por inmobiliarias de Méndez Pozo, un notario, un registrador de la propiedad y el letrado municipal. En esta ocasión se imputaba al constructor haber edificado sobre una parcela muy superior a su superficie registrada, apropiándose terrenos de la Junta de Castilla y León, falseando datos, planos, escrituras y asientos registrales. La propia administración regional abrió un expediente sancionador a dos empresas de Méndez Pozo.

GUERRA DE TOGAS

En algunas batallas de la guerra del ladrillo los combatientes fueron los abogados de una y otra parte. A finales de mayo de 1988, el letrado de la Federación de Construc­ción, Gonzalo Martínez Fresneda, acudió al Consejo General de la Abogacía para denunciar ante su presidente, Antonio Pedrol, el hostigamiento que, según él, estaba sufriendo en Burgos. El Colegio de Abogados de Burgos, cuyo decano era José María Codón Fernández, padre del teniente de alcalde denunciado José María Codón Rerrera, abrió un expediente disciplinario contra Martínez Fresneda y Soledad Renedo por unas declaraciones que éstos hicieron a la prensa, en la que utilizaron la expresión de “esqui­zofrenia procesal” al referirse al intento del Ayuntamiento burgalés de personarse en las diligencias. El letrado municipal, Santiago Dalmau, llevó el asunto a su colegio profe­sional. Los expedientados recusaron al instructor designado por el Colegio, Juan Manuel Velázquez Ruiz. Una treintena de colegiados pidió a la junta de gobierno del colegio de Burgos el archivo del expediente, al igual que los propios afectados, con el argumento de que “en los tiempos actuales hacer declaraciones a la prensa no constitu­ye motivo de sanción disciplinaria alguna, salvo que se esté anímica e ideológicamente muy próximo a los Reyes Godos o al conde Nuño Rasura”. En otra ocasión, Martínez Fresneda volvió a ser expedientado por declaraciones realizadas a la prensa que no gus­taron al abogado Felipe Real Chicote, letrado de la defensa.

El conocido penalista José María Stampa Braun, defensor de Méndez Pozo, fue amonestado por el juez Mallo por un escrito que le remitió el abogado quejándose de lo dilatada que estaba resultando la fase de investigación. Según Stampa, el juez estaba permitiendo la táctica del goteo, alargando innecesariamente la investigación y también le reprendía por no corregir “la mala fe procesal” de los letrados acusadores. Por su parte, Martínez Fresneda y Soledad Renedo pidieron a la junta de gobierno del colegio la apertura de un expediente disciplinario contra el letrado Francisco Javier Quintanilla. Su colega, según denunciaron, descalificó de forma genérica e injustificada las pregun­tas que pretendían formular al edil Víctor Martínez Llorente.

Peña, Codón, Muñoz y Corral intentaron que el letrado Emilio Martínez Miguel no pudiera compatibilizar el ejercicio de su profesión de abogado con las clases que impar­tía en la Facultad de Derecho de Burgos. No consiguieron su propósito de ver sanciona­do a este abogado, para el que pidieron le fuera aplicada la incompatibilidad de estos dos trabajos. Con Soledad Renedo sí lograron que no le fuera renovado su contrato de

profesora en la universidad a distancia. La UNED de Burgos estaba regida por un patronato cuyo presidencia ocupaba el alcalde José María Peña.

ALFONSO GUERRA ENTRA EN BATALLA

guerraUno de febrero de 1990. Congreso de los Diputados. Madrid. El vicepresidente del Gobierno, el socialista Alfonso Guerra, comparece por fin para dar su versión del escán­dalo provocado por su hermano Juan: el lucro conseguido por éste amparándose en un despacho oficial de la delegación del gobierno en Andalucía. Alfonso Guerra sale a la tri­buna de oradores para tratar de dejar limpio su nombre. Desconoce las actuaciones lleva­das a cabo por su asistente y hermano y sobre todo deja claro que él está limpio ante cual­quier sospecha. En su defensa, Alfonso Guerra recurre al ataque. Recuerda lo ocurrido con el ex presidente de la Junta de Castilla y León Demetrio Madrid. Después recurre a unos folios enviados por sus compañeros socialistas de Burgos. Se trata de las transcrip­ciones de las declaraciones de algunos testigos en las diligencias judiciales abiertas en Burgos por el caso de la construcción. Entre éstas figura la del presidente de la Diputa­ción José Luis Montes en las que reconocía la labor de mediación de Méndez Pozo en los problemas políticos de Burgos y las buenas relaciones de Méndez Pozo con José María

Aznar. A Guerra se lo pusieron fácil. y del caso Guerra pasó al caso Burgos.

-Se puede leer en la declaración judicial que reuniones de los muy principales encausados en este proceso se realizaban en el despacho oficial del señor Aznar. ¿Debe interpretarse que allí se organizaban las acciones delictivas de las que se acusa al alcal­de de Burgos, a un famoso constructor y al delegado de la junta de Castilla y León?

Necesariamente, no.

La alusión de Alfonso Guerra provocó airadas reacciones en el entorno de los denunciados. El alcalde Peña no se mordió la lengua en sus primeros comentarios.

-No merece la pena opinar sobre ese personajillo. Lo mejor que podía ocurrir en la vida política es que desapareciera para bien de España. Lo mejor es olvidarle porque no merece ni el desprecio siquiera.

Días después, el alcalde burgalés, en una contestación más reflexionada, indicó que la comparecencia de Alfonso Guerra había dejado claramente al descubierto que la denuncia de la construcción se promovió por el PSOE, por expreso encargo de sus máximas jerarquías, y que el señor Guerra tenía en su poder toda la información sobre el mismo. Y Peña se preguntó: ¿no se maquinaría y prepararía, incluso, en el despacho del señor Guerra? La mano negra de Alfonso Guerra en la denuncia de Burgos la vio también el alcalde por los supuestos vínculos del abogado de la FEC, Martínez Fresne­da, con el despacho del ex director de RTVE José María Calviño. Gonzalo Martínez

Fresneda representó al grupo de trabajadores del ente público que denunció a la tam­bién ex directora de RTVE Pilar Miró. Peña llegó a afirmar: “Toda España sabe que la caída y persecución de Pilar Miró tiene mucho que ver con la vicepresidencia del gobierno, por lo que es sumamente elocuente la vinculación a este asunto de don Gon­zalo Martínez Fresneda”.

CONSTRUCTORES A LADRILLAZOS

Con la presentación de la denuncia, las empresas de Jesús de las Reras y de Juan Renedo tuvieron cada vez más negro lo de poner ladrillos en Burgos. Sus negocios se estaban hundiendo. Plantearon la situación ante los mandamases socialistas. Algunos dirigentes provinciales del PSOE recuerdan que, aunque compartían la preocupación de los dos constructores, estos dos directivos de la FEC nunca recibieron un trato especial­mente preferente en la adjudicación de obras públicas. Renedo asegura que se le intentó eliminar de algunos concursos. Sí consiguió hacer en Burgos unas obras del Inserso y una escuela en Villalbilla, además de la escuela de idiomas de Valladolid. Desde el PSOE se buscó el asesoramiento de De las Reras para encontrar una nueva sede del partido, en sustitución del viejo piso de la calle de San Cosme. Al presidente de la FEC le gusta presumir de sus malas relaciones con los socialistas.

Entre los propios constructores, la denuncia de la FEC provocó divisiones y enfren­tamientos. Algunos jugaron a dos bandas. Las pequeñas empresas del sector, las que dependen de las sub contratas que les dejan las fuertes, tienen que estar a bien con todos. Arranz Acinas, Serrano González, Excavaciones y Construcciones Saiz, Inmobi­liaria Doble G, Gonorsa, Algesa, Coursa, Damesa… se pusieron desde el principio del lado de Méndez Pozo. Acusaron a Renedo y De las Heras de obrar por su cuenta, y defendieron la actuación legal del Ayuntamiento a la hora de exigir el cumplimiento de la normativa urbanística. A estos se sumaron varias empresas de ascensores, cristales, muebles de cocina…, vinculadas al sector de la construcción, que, según los denuncian­tes, eran las que trabajaban con las inmobiliarias de Méndez Pozo.

Los enfrentamientos entre constructores no quedaron en eso. La reelección de Jesús de las Heras al frente de la Federación de Empresarios de Construcción, y la de Juan Renedo en la de Promotores-Constructores, avivó la confrontación. La elección de este último fue recurrida por la candidatura alternativa que encabezaban Gonzalo López Recio de Gonorsa y Nicolás Serrano. La juez anuló el proceso por diversas irregularida­des (nó estaba actualizado el listado de socios y la presentación de la candidatura de Renedo se hizo fuera de plazo). Pedro Saiz Yangüela, que aspiraba a presidir la FEC frente a De las Heras, y Antonio Miguel Méndez Pozo pidieron la dimisión del presi­dente de la Federación por hacer trampas en la asamblea. Tiempo después, Renedo intentó que se investigara si la planta de Hormigones Saiz, en el barrio de Castañares ­cuyo titular era Pedro Saiz- contaba con las correspondientes licencias municipales. Años más tarde, De las Heras y Renedo repitieron al frente de las respectivas organiza­ciones y Méndez Pozo, a finales del 92, impulsó una asociación paralela.

La división de los constructores se remonta a años antes de la denuncia de la FEC.

La Asociación de Industriales de la Construcción, de la que formaba parte Méndez

1

Pozo en 1985, promovió un encuentro con empresarios de la región (de la Confedera­ción de la Construcción de Castilla y León) al que asistió el alcalde Peña. La Asociación estaba integrada en la FAE, filial burgalesa de CEOE. La FEC, a su vez, estaba vinculada a la CEOE, pero no a FAE. Méndez Pozo fue directivo de las organizaciones nacional y regional de promotores-constructores.

ADIOS, SERVICIO, ADIOS

En febrero de 1989, Solución Independiente decidió dar por extinguido el Servicio Municipalizado de Desarrollo Urbano, creado 14 años antes, y en su lugar puso en mar­cha una nueva Unidad de Urbanismo. La extinción se produjo poco después de un serio incidente ocurrido entre el constructor Méndez Pozo y los técnicos de Urbanismo Juan Garrido y Hermenegildo Lomas. El socialista Aurelio Rubio manifestó durante un pleno municipal que la supresión de este servicio municipalizado significaba una derro­ta para la ciudad y un triunfo para Méndez Pozo. El empresario intentó que Rubio se tragara sus palabras. Denunció al edil y le reclamó 20 millones de pesetas por entender que esas manifestaciones suponían una intromisión ilegítima en su honor. No fue esa la interpretación que hicieron los jueces. Por su parte, el Ayuntamiento burgalés fue con­denado a indemnizar con 30 millones de pesetas a cinco técnicos del extinguido servi­cio que fueron destinados a otros cometidos. La Federación de Empresarios de Cons­trucción pidió que el Servicio de Desarrollo Urbano, lejos de desaparecer, fuese poten­ciado con la presencia de los profesionales del sector. Según los constructores, la inope­rancia demostrada por dicho Servicio era responsabilidad exclusiva del alcalde.

Desde febrero de 1988, entre la indiferencia de la mayoría, Burgos empezó a sufrir los efectos de esta guerra. La ciudad quedó dividida en peñistas y antipeñistas. La cris­pación alcanzó de lleno la vida municipal, donde no hubo hueco para la convivencia democrática entre partidos. El portavoz del CDS, Luis de Diego, no perdió oportunidad en los plenos municipales para enervar cada vez más al alcalde con preguntas relacio­nadas con el escándalo de la construcción. Los socialistas propinaron golpes en otras direcciones. Por ejemplo, pretendieron rebajar el sueldo del alcalde a cinco millones y medio de pesetas brutas, cuando por aquel entonces -1989- las asignaciones de Peña se acercaban a los nueve millones anuales. El socialista Angel Olivares, durante una de esas sesiones plenarias cargadas de tensión y violencia contenida, llamó poco menos que cadáver político al alcalde burgalés. 01ivares se tiró el farol de anunciar a voz en grito ante el propio Peña el inminente final de su mandato. El alcalde recibió la primera muestra de apoyo popular en julio del 89, cuando un grupo de jóvenes le recibió con pancartas -“Alcalde, tranquilo; estamos contigo”- en la inauguración de la fuente de los delfines de la Plaza de España

El caso de la construcción implicó de una manera u otra a un elevado número de colectivos profesionales, organizaciones Y estamentos. Los acusadores públicos intentaron trasladarlo también a la Iglesia Católica. Para ello se remitieron a un documento de la Conferencia Episcopal sobre la moralidad en la sociedad española. En un escrito diri­gido al arzobispo de Burgos, Teodoro Cardenal, las asociaciones personadas en la acu­sación pusieron de manifiesto que varios de los implicados en la denuncia estaban ads­critos a agrupaciones católicas como la Adoración Nocturna Y el Opus Dei. Aportaron el ejemplo de Méndez Pozo, “persona que no se recata en exteriorizar su profesión católica. Lo mismo participa en actos especiales de liturgia para piadosos, que se reco­ge en oración antes de una comida”. Se quejaban, además, de la escasa colaboración prestada en las diligencias judiciales por los representantes del propio Arzobispado Y de las órdenes religiosas con propiedades en terrenos afectados por la denuncia.

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